Western Union debe pagar unos US$600 millones por fallas en los controles antilavado, antifraude y supervisión de agentes
Por Brian Monroe
23 de enero de 2017
La compañía remesadora de dinero más grande del mundo pagará casi US$600 millones a las autoridades estadounidenses, la mayor sanción relacionada con el cumplimiento en contra de un negocio de servicios monetarios (MSB por sus siglas en inglés), por permitir una serie de fraudes y delitos financieros, por fallas en la supervisión de agentes y por no presentar miles de informes de actividad sospechosa.
En la orden, Western Union, con sede en Englewood, Colorado, deberá perder (forfeit) US$ 586 millones y llega a un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA por sus siglas en inglés) con el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y las oficinas del Fiscal Federal en Pennsylvania, California y Florida por cargos de fraude electrónico y por tener un débil programa para combatir el lavado de dinero.
En su núcleo, la orden se centra en uno de los vínculos más criticados y débiles del sector MSB, sus redes lejanas de agentes, a menudo, diminutos. Éstos, a veces, comprenden un negocio de una o dos personas que hacen negocio en nombre de un remitter o remesador más grande, y en muchos casos puede trabajar para varios remitters al mismo momento, dificultando la tarea de prestar atención a las obligaciones de uno en particular.
La orden se centra en acciones entre 2004 y 2012, en las que Western Union violó las leyes de ALD y los estatutos anti-fraude de Estados Unidos al «procesar cientos de miles de transacciones para agentes de Western Union y otros involucrados en un esquema internacional de fraude al consumidor» que involucraba agentes y subagentes problemáticos en jurisdicciones como México, otros países de Latinoamérica, el Reino Unido y China.
«Western Union, el mayor negocio de servicios monetarios del mundo, ha admitido una cultura corporativa defectuosa que no proporcionó un enfoque de control y equilibrio para combatir prácticas criminales», dijo el fiscal federal Wifredo Ferrer, del Distrito Sur de Florida, en un comunicado.
«El acuerdo histórico de hoy, que involucra la mayor confiscación financiera (forfeiture) para un negocio de servicios monetarios, deja claro que todas las corporaciones y sus agentes serán responsables por conductas que eluden los programas de cumplimiento diseñados para prevenir conductas delictivas», dijo.
La pena es también otro recordatorio –para cualquier entidad considerada una institución financiera, no sólo los MSB— que las obligaciones para detener la delincuencia financiera no terminan en la creación, la dotación de personal y la presentación de reportes de actividad sospechosos (ROS) bajo normas explícitas ALD.
El claro mensaje de esta última acción contra Western Union, y acciones previas contra su competidor MoneyGram y otros bancos, es que el programa de ALD debe ir más allá en el ámbito del fraude. Esto incluye comprender cuándo las transacciones dan indicios de, por ejemplo, de “Nigerian prince” (estafa o timo nigeriano o timo 419, es un fraude que se lleva a cabo principalmente por correo electrónico no solicitado) y de estafas de romance, y cuando parece que se está aprovechando de los clientes, una conexión que se podría hacer a nivel de cajero con la formación y capacitación adecuada y las señales de alerta.
La medida cita una “falta de cultura de cumplimiento” como uno de los factores
Las diversas acciones –incluida la sanción de US$184 millones emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos, son consideradas satisfechas pagando el decomiso de la FTC— detallan también los retos de elaborar un programa de cumplimiento multijurisdiccional que cuente con una cobertura ,implementación y supervisión adecuadas sin importar la distancia desde la sede central.
En este sentido, FinCEN señala que Western Union fracasó en la creación de una «cultura de cumplimiento» – un término de moda en los círculos de cumplimiento ALD, ya que ha aparecido en una serie de acciones de aplicación en los últimos años y todavía debe definirse correctamente, algo que podría cambiar en las secuelas de una pena de esta magnitud.
El DPA toma nota de lagunas clave en la supervisión y gestión de agentes y subagentes, incluyendo casos en los que la analítica de Western Union puso de relieve a los actores problemáticos con meses o años de problemas, pero no se hizo nada al respecto.
La orden también señala que los agentes no visitaron a subagentes en regiones de alto riesgo para determinar, en persona, si estaban cumpliendo con los protocoles o si eran potenciales títeres de los criminales.
Las fallas en llevar a cabo una diligencia debida adecuada de los agentes nacionales y extranjeros incluían «no llevar a cabo revisiones adecuadas (por ejemplo, revisiones de antecedentes y revisiones in situ) de nuevos agentes de alto riesgo y no llevar a cabo la debida diligencia de agentes en América Latina que presentaban un mayor riesgo de lavado de dinero», según las órdenes.
En 2012, Western Union apunta las armas
No es ninguna sorpresa que la DPA ponga una fecha fija en 2012 para la mayor parte de los problemas de cumplimiento y de supervisión de agentes, ya que es en esa época cuando Western Union contrató a varios funcionarios de cumplimiento conocidos que reajustaron significativamente el programa nacional e internacionalmente, dijo Jeff Sklar, Director Gerente de SHC Consulting Group en Bellmore, NY.
«El programa ALD ha hecho grandes avances» desde 2012 y 2013, dijo, y añadió que aunque una parte del gobierno está castigando a Western Union, otras agencias, como el Departamento de Seguridad Nacional, elogian a la compañía por su trabajo para luchar la trata de personas. «Ha habido una revolución y una evolución.»
La compañía también ha resaltado sus nuevas tecnologías, analíticas de datos y poderes de vinculación en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Si bien en un momento determinado los agentes eran «claramente malos jugadores, la compañía ha remediado mucho de esto», dijo Sklar, agregando que muchos grandes bancos han tenido problemas para detectar estafas contra los ancianos y otras personas de sectores más vulnerables donde los estafadores están trabajando con estafas en pequeñas cantidades en varios estados y países. «Tienes que mantener esto en contexto.»
La supervisión del agente ha estado en el corazón de algunas de las mayores sanciones relacionadas con el cumplimiento de los delitos financieros contra los pesos pesados de la industria de remesas MoneyGram y Western Union.
En febrero de 2016, MoneyGram pagó US$ 13 millones para resolver una investigación por parte de Estados Unidos, derivada de quejas de los clientes de que estafadores los engañaban para que hicieran un giro de fondos a través del servicio de transferencia de dinero.
Esa acción deriva de previos problemas relacionados con el fraude y el ALD. En 2012, MoneyGram fue golpeado con una multa de US$100 millones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por fallas generalizadas en sus programas de ALD y fraude.
La cuestión clave se refería a los agentes que engañaban activamente a los individuos en diversos fraudes y el hecho de que la empresa no terminaba su relación comercial, a pesar de que sabía de los problemas, porque éstos también eran altamente rentables.
Finalizó con una sanción individual de US$1 millón contra Thomas Haider, quien supervisó el programa de prevención de fraude y ALD de MoneyGram durante un período de seis años en el cual el servicio de transferencia de dinero procesó miles de transacciones para agentes involucrados en esquemas de fraude.
Wetern Union también tuvo su cuota de sanciones vinculadas con falencias en los programas ALD y supervisión de agentes antes de esta medida de la semana pasada.
La compañía pagó US$94 millones en 2010 para desestimar cargos de los investigadores en Arizona y otros estados que tanto la compañía como sus agentes no estaban haciendo lo suficiente para detener a los traficantes de personas y las bandas de drogas en la frontera sudoeste de EE.UU.
La forma en la que está escrita esta última sanción también parece dejar abierta la puerta a cargos individuales contra funcionarios de Western Union que no son agentes si los investigadores encuentran pruebas suficientes, dijo un individuo familiarizado con el asunto que pidió no ser identificado.
Los oficiales de cumplimiento en los transmisores de dinero pueden ser «blanco para una medida severa», dijo la persona, haciendo referencia al caso Haider. «Así que todavía podríamos estar esperando otro caso».
Agentes recalcitrantes reciben un tratamiento muy laxo
Para los agentes que Western Union estimaba que eran posiblemente cómplices de actividades ilícitas, tenía una serie de opciones de castigos, incluyendo «suspensión temporal, entrenamiento, inspecciones de cumplimiento y terminación», según las órdenes, pero las utilizó de manera inconsistente» a veces, “permitió que operaciones y sectores con intereses comerciales comentaran sobre las acciones correctivas apropiadas».
La orden nombre específicamente a Western Union Financial Services Inc., (WUFSI), una filial propiedad total de The Western Union Company.
WUFSI ofrece servicios de remesas a través de los servicios de las marcas Western Union, Vigo y Orlandi Valuta, que comprenden una red de cerca de 500.000 agentes en aproximadamente 200 países y territorios de todo el mundo.
Los investigadores han estado controlando y fiscalizando esta red en forma más activas en los últimos 15 años.
Desde 2001, los fiscales federales, junto con el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, han acusado y condenado a 26 Agentes de Western Union en Estados Unidos y Canadá «que conspiraron con delincuentes internacionales para defraudar a decenas de miles de residentes a través de diversas formas de marketing masivo», según el acuerdo.
Parte de la cuestión para Western Union tiene que ver con una política interna que persistió hasta el 2012—aproximadamente el momento en que la compañía de remesas contrató a varios pesos pesados de cumplimiento ALD para emprender un esfuerzo masivo de remediación— que impedía o dificultaba, en la mayoría de los casos, que la compañía presentara ROS de sus propios agentes, incluso cuando estos agentes tardaban más de tres meses para presentar ellos mismos los Reportes de Operaciones Sospechosas.
«A pesar de que WUFSI presentó miles de ROS para los clientes de sus agentes, rara vez presentó ROS para sus agentes», según FinCEN. «La práctica de la WUFSI era no apuntar a los agentes como “blancos” de los ROS a menos que se encontrara que el agente era cómplice».
Pero la empresa por lo general solo encontró que un agente era cómplice si la persona era «arrestada, identificada públicamente como comprometida en transacciones ilícitas, o si la propia investigación de WUFSI determinaba que el agente era cómplice», según la sanción, información que podría haber ayudado a los investigadores estadounidenses en casos nuevos y en curso.
Agentes rechazados, no abatidos por mucho tiempo
Pero incluso los agentes cómplices y rechazados en algunos casos no permanecían en penitencia durante demasiado tiempo, debido a las malas prácticas de diligencia debida.
Las fallas de WUFSI en llevar a cabo una diligencia debida inicial cabal de agentes resultó en entablar una relación comercial con «nuevos agentes» propiedad de individuos que habían sido previamente terminados por WUFSI por preocupaciones de lavado de dinero, según la DPA.
En un ejemplo, en octubre de 2011, con la ayuda de los agentes de ley, Western Union identificó que cuatro oficinas de agentes –de propiedad común— en Perú representaban casi la mitad de las transacciones relacionadas con reportes de fraude al consumidor en Perú.
Después de que estos agentes siguieron procesando transacciones durante otros seis meses, Western Union» suspendió a éstos en abril de 2012″, según las órdenes.
Aun así, «a pesar de estas suspensiones y la determinación de WUFSI de que los centros de propiedad común eran de alto riesgo para el fraude, WUFSI no pudo identificar estas preocupaciones cuando permitió que el propietario común de estos agentes abriera otra ubicación en diciembre de 2012», según documentos.
Además de las severas sanciones pecuniarias, Western Union «también ha acordado una serie de medidas correctivas, incluyendo un mayor escrutinio y reportes periódicos sobre el reporte ROS de agentes y revelación de acciones correctivas tomadas contra agentes», según FinCEN.
Western Union también ha acordado el nombramiento de un auditor de cumplimiento independiente para asegurar que se lleve a cabo la debida diligencia adecuada sobre todos los agentes de Western Union existentes y futuros y que «se tomen las medidas necesarias para monitorear e investigar la actividad del agente».
El acuerdo de Western Union también cuenta con una orientación específica sobre lo que los reguladores federales y estatales quieren ver cuando se trata de supervisión de agentes nacionales y extranjeros. FinCEN dijo que los MSB deberían, entre otras cosas, establecer:
–Procedimientos para llevar a cabo una diligencia debida razonable y basada en el riesgo de agentes y contrapartes extranjeros potenciales y existentes para ayudar a asegurar que tales agentes y contrapartes extranjeros no sean cómplices de actividades ilegales que involucren los productos y servicios del MSB. Las operaciones de esos agentes y contrapartes extranjeros; incluyendo procedimientos razonables para evaluar, de manera permanente, las operaciones de esos agentes y contrapartes extranjeros;
–· Procedimientos para el monitoreo basado en el riesgo y la revisión de las transacciones desde, hacia o a través de Estados Unidos que se lleven a cabo a través de agentes y contrapartes extranjeros suficientes para permitir que las MSB identifiquen y, donde corresponda, reporten actividades sospechosas como casos de giros cablegráficos; y
–· Procedimientos para responder a agentes o contrapartes extranjeros que presenten riesgos inaceptables de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, incluyendo procedimientos que establezcan la implementación de acciones correctivas por parte del agente o contraparte extranjero o para la terminación de la relación con cualquier agente o contraparte extranjero que el MSB determine plantea un riesgo inadmisible de lavado de dinero.
Si esas medidas correctivas se toman en el sector de atención al público, podría prevenir acciones más severas que resulten en fuertes sanciones, remediaciones que pueden duplicar o triplicar los costos de cumplimiento y costos incalculables de reputación, lecciones clave que la industria financiera en un sentido más amplio podría aprovechar.
Las acciones detalladas en las órdenes de ejecución contra Western Union «son serias y deben ser tomadas como precaución por todas las instituciones financieras, no sólo por los transmisores de dinero», dijo Jorge Guerrero, director general de Optima Compass Group. Agrega que la necesidad de un «una mayor comunión entre ALD y controles anti-fraude» fue detallada anteriormente en la acción MoneyGram de 2012.
«Deberíamos considerar, sin embargo, que las prácticas alegadas en el DPA se llevaron a cabo entre 2004 y 2012 y reflejan las prácticas que afortunadamente han evolucionado en la mayoría de la industria de transferencia de dinero», dijo. «Debido a los mejores programas ALD, sistemas de información, controles ALD mejorados, y una mayor conciencia y sensibilidad a los riesgos, esas prácticas no son frecuentes en la industria».
No obstante, todas las instituciones financieras «deberían aprovechar esta oportunidad y realizar una autoevaluación y mitigar cualquier debilidad en la activación de sus agentes, seguimiento de agentes o programa de terminación de agentes, así como sus procedimientos de presentación de ROS y controles antifraude», dijo Guerrero.