Un análisis del sector legal revela que la quinta parte de las firmas de abogados en el Reino Unido no cumple con las obligaciones antilavado

• La quinta parte de las firmas analizadas no cuentan con una evaluación del riesgo
• Se verificará el cumplimiento de 7.000 firmas
• La nueva perspectiva de riesgo anual destaca 172 investigaciones de lavado de dinero este año

El principal organismo regulador británico del sector de profesionales legales ha descubierto fallas graves vinculadas a las prácticas de cumplimiento de delitos financieros para los abogados, señalando que una quinta parte de las empresas examinadas fallaron en un área central del programa: evaluaciones de riesgos.

U.K. Solicitors Regulation Authority (SRA), la Autoridad de Regulación de Abogados del Reino Unido, consultó a 400 empresas en marzo para evaluar el cumplimiento de las regulaciones actualizadas de lavado de dinero de 2017, obteniendo respuestas de cada operación.

Pero ahí es donde el cumplimiento más o menos terminó.

En las respuestas, SRA observó fallas serias en los programas contra el lavado de dinero (ALD) de estas empresas en varias áreas, que incluyen:

De los 400, el 21% se consideró incumpliendo las obligaciones ALD.

Al mismo tiempo, el 43% no abordó todas las áreas de riesgo ALD requeridas.

Del mismo modo, el 40% no sabía que necesitaba hacer una evaluación de riesgo ALD a nivel corporativo, en lugar de enviar evaluaciones de riesgo individuales vinculadas a un cliente o asunto.

Parte del problema es que estas firmas de abogados intentaban usar plantillas de cumplimiento ALD repetitivas para programas de cumplimiento y evaluaciones de riesgos que deberían haberse adaptado a su propio perfil de riesgo único, según la SRA.

En su revisión, el personal de SRA destacó que la mayoría de las empresas, el 64%, usaba plantillas.

Como resultado, las evaluaciones de riesgo de estas empresas fueron «generalmente de menor calidad», afirmó la SRA. «Las plantillas pueden ser útiles, pero muchas empresas parecieron adoptar un enfoque de»copiar y pegar «, sin pensar en los riesgos y problemas específicos que enfrenta su empresa».

También pareció que muchas firmas de abogados simplemente crearon la evaluación de riesgos ALD recientemente porque sabían que un regulador iba a llamar a la puerta.

Los funcionarios de SRA también se mostraron preocupados de que muchas de las evaluaciones de riesgos, 135 de ellas equivalentes al 38%, fueron fechadas recientemente.

«Aunque esto podría reflejar una mejora con respecto a una evaluación anterior, sugiere que algunas empresas pueden haber creado solo una en respuesta a nuestra solicitud y, por lo tanto, algunas empresas pueden no tener una evaluación de riesgo existente», según la SRA.

En un intento por obligar a las empresas a cumplir, SRA ha publicado un aviso de advertencia actualizado, al tiempo que proporciona soporte adicional, que incluye orientación, listas de verificación y una plantilla sugerida, que «refleja el aprendizaje de los envíos de plantillas de las empresas al ejercicio de revisión».

«Nos estamos comprometiendo con las empresas para asegurarnos de que cumplan con prontitud», dijo el grupo. «Si no lo hacen, se enfrentarán a medidas de ley».

Temiendo fallas de cumplimiento más amplias en todo el sector legal, SRA está solicitando información ALD de más de 7.000 firmas, enfocándose nuevamente en su evaluación de riesgos de delitos financieros, con planes adicionales para llevar a cabo un extenso programa de «visitas específicas a firmas y llamando a más evaluaciones de riesgo de las empresas».

Desde hace mucho tiempo se escucha que los abogados, agentes de formación de empresas, profesionales de bienes raíces y otros gatekeepers en el Reino Unido, y en el mundo entero, han estado dando poca importancia a los programas ALD.

Esto no es una sorpresa para nadie. ¿Por qué? Cuando considera que en ciertas partes del mundo, incluidos Estados Unidos y Canadá, los abogados han cabildeado con éxito contra las obligaciones formales ALD impuestas a su profesión.

¿El argumento? Que tener que enviar un reporte de operación sospechosa (ROS) de un cliente al gobierno sería una violación del privilegio del cliente abogado.

Por ejemplo, si se encuentra en medio de un caso de lavado de dinero defendiendo a un cliente contra estos cargos y luchando contra los fiscales del gobierno, podría dañar su defensa si presenta un ROS al gobierno de que su cliente podría ser lavado de dinero.

Pero mientras que los abogados y otros gatekeepers se han ven comprometidos con las obligaciones ALD –pataleando y gritando, como lo señala el informe de la SRA—, es una buena noticia que el regulador haya identificado vulnerabilidades y tendencias clave y tenga un plan para reforzar aplicación, supervisión y, potencialmente, sanciones.