Panamá presenta la evaluación de riesgo de lavado de dinero donde examina las vulnerabilidades que presentan distintas actividades económicas

Panamá dio a conocer su “Evaluación de Riesgo para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo”—donde identifica actividades económicas y las clasifica como de bajo, medio o alto riesgo para el lavado de dinero—, durante un foro realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Este documento nos permite tomar medidas para eliminar o mitigar estos riesgos y es fundamental para desarrollar nuestra estrategia para prevenir el blanqueo de capitales”, informó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Este documento, que sirve para medir las vulnerabilidades en los distintos sectores e identifica actividades económicas, ahora puede ser utilizado para tomar las medidas necesarias para blindar su economía.

Durante su presentación, De la Guardia destacó las reformas legales que se consiguieron en los dos últimos años. “El establecer este nuevo marco legal para nuestro país ha sido un trabajo titánico, logrado en un tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado. En febrero de 2016, Panamá salió de la lista gris del GAFI, hoy estamos dando un paso más en la dirección correcta y vamos a seguir avanzando día tras día”, destacó el ministro.

Destaca el comunicado del MEF que, desde noviembre 2015, la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros ha realizado 66 supervisiones a los sectores de más alto riesgo, como Zona Libre de Colón, empresas de remesas y actividades como las que realizan los agentes residentes, entre otros, y que de estas supervisiones, se han iniciado 11 procesos sancionatorios.

“Cada organismo de supervisión ha iniciado con decisión la supervisión basada en riesgo, de sus sectores. Más de 13,000 personas de los diversos sectores han sido entrenadas hasta el momento. Hay cerca de 12,000 nuevas empresas del sector no financiero inscritas en la Intendencia para ser reguladas y supervisadas. Y todos los organismos de supervisión están publicando las multas una vez culminan los procesos sancionatorios”, precisó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

Avances en el marco legal

• La Ley 10 y Ley 34, que criminaliza el financiamiento del terrorismo y penaliza de acuerdo con los estándares internacionales.
• La Ley 18 eliminó las Acciones al Portador. Desde el 2015, certificados de acciones no pueden ser emitidos al portador. Las acciones de todas las sociedades que tienen relaciones con la banca deben estar registradas e identificar al beneficiario final.
• La Ley 23, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permite congelar automáticamente activos vinculados a financiar terrorismo y armas de destrucción masiva.
• La Ley 11 asegura los procedimientos para la cooperación internacional en ausencia de tratados con otras jurisdicciones.
• En septiembre de 2016, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley No.363, un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA).
• La Ley 51 establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información para fines fiscales con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país.
• La ley 52 obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.
• Y la semana pasada se presentó en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal (MAC, por sus siglas en inglés).