Las investigaciones globales de Espirito Santo muestran convergencia en la lucha contra los delitos financieros

Por Daniela Guzmán
12 de diciembre de 2014

Banco Espirito Santo era un banco que enfatizaba su «alcance internacional » por su voluntad de aceptar clientes de todos los rincones del mundo. Puede que ahora tenga que responder a las autoridades internacionales por actividades de lavado de dinero que supuestamente ocurrieron en un amplio abanico de lugares, según las investigaciones divulgadas recientemente.

Hasta el momento, cinco jurisdicciones han abierto investigaciones sobre el Banco Espirito Santo, lo que demuestra una mayor colaboración, mayor intercambio de información y expectativas más altas para las medidas de aplicación de ley en todo el mundo.

El gigante de la banca, que es parte de un holding aún mayor, puede ser una de las primeras instituciones financieras, pero seguramente no la última, en ser cuestionada en forma simultánea por múltiples jurisdicciones por una serie de infracciones.

Considerada como la joya de la corona del sector financiero de Portugal, la institución, que fue construida sobre los cimientos del nombre de la familia Espirito Santo hace más de 100 años, se derrumbó en agosto de este año. Una auditoría solicitada por el gobierno reveló elementos de fraude e irregularidades financieras.

El conglomerado, tal vez en una búsqueda desesperada por capitales, puede haber cometido fraude y tergiversado datos contables, dejando a algunos acreedores y accionistas como víctimas de su quiebra.

El colapso condujo a un rescate por parte del Banco Central de Portugal bajo un plan de US$ 6.600 millones (€ 4.900 millones) para apoyar a un nuevo banco “bueno”, Novo Banco, con el capital para que sea atractivo para los inversionistas, y agrupar a todas las unidades del banco que se vieron involucradas en las investigaciones de lavado de dinero recientemente reveladas en un banco “malo” que mantuvo el nombre de la familia Espirito Santo, tal vez como un símbolo de la caída en desgracia de la dinastía.

Además del amplio alcance de la investigación y medida de cumplimiento, el caso Espirito Santo también puede poner de relieve cómo el fraude y falsedad financiera pueden estar vinculados a las vulnerabilidades de lavado de dinero en un sistema financiero. En muchos casos en Estados Unidos, y cada vez más a nivel internacional, los reguladores están concluyendo que las debilidades de control en un área de un banco pueden extenderse a otras unidades o ser parte de un patrón endémico.

Las autoridades buscan por pistas de delito entre las ruinas

Los fiscales en Portugal, Estados Unidos y Suiza han abierto investigaciones sobre el Banco Espirito Santo acerca de las supuestas actividades de lavado de dinero que ocurren en distintos lugares.

Las investigaciones llevan a preguntas sobre transacciones sospechosas, desde aquellas de un magnate de la construcción venezolano que fue un gran cliente para la unidad del banco en Miami, a las transacciones que podrían haber movido dinero de Libia ilegalmente para miembros del círculo íntimo del ex líder Muamar Gadafi.

Dos ex ejecutivos del banco en Portugal del departamento de finanzas son sospechosos en la investigación hasta el momento.

Las investigaciones en todo el mundo se encuentran todavía en desarrollo.

Estêvão Augusto Bernardino, un abogado portugués con experiencia en derecho bancario y comercial, desde su oficina en Lisboa, dijo que como cliente, es difícil saber qué va a pasar con una de las instituciones más grandes de Portugal.

Bernardino, fundador y socio de la firma de abogado Bernardino, Resende e Associados, dijo que antes de que la compañía se declarara en quiebra, había señales de alerta y contradicciones.

«Un líder del banco central visitó el parlamento dos veces en julio [antes de la caída] y mencionó que el banco era sólido y tenía almohadas de capital para adaptarse a cualquier tipo de problema», dijo Bernardino, incluyendo cualquier impacto de su empresa matriz que estaba experimentando un escándalo de fraude.

Mientras tanto, Espirito Santo vendía su pesada deuda a los clientes e incrementaba la exposición a su compañía matriz.

Sin embargo, la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, conocida como la CMVM, tenía otra opinión. La entidad informó diversas supuestas irregularidades y preocupaciones con respecto a Espirito Santo a los fiscales portugueses a lo largo de varios años, e iniciaron 20 investigaciones, según comentarios públicos del Presidente de CMVM Carlos Tavares.

Otra señal de alerta antes del desplome fue la salida apresurada del patriarca de Espirito Santo, Ricardo Salgado, ex presidente ejecutivo del banco y presidente del directorio de Espirito Santo Financial Group.

Dejó su posición en el banco en junio apenas dos meses antes del rescate. En julio, el banco reportó una pérdida del primer semestre de US$3.600 millones, que expuso falencias en la estrategia de capital de la compañía. Fue una auditoría externa encargado por el Banco de Portugal, la que expuso el fraude.

Pero una pregunta crítica que parece no tener respuestas es por qué los auditores que trabajaban para Espirito Santo y para el Banco Central de Portugal no detectaron los problemas antes, dijo Bernardino.

«¿Dónde están las personas que hicieron las auditorías de estas cuentas? A lo portugueses les gustaría ver que ellos hablen claramente sobre esto «, dijo Bernardino.

La oficina de Lisboa de KPMG fue la encargada de analizar las masivas cuentas de la institución desde 2002. A pesar de que la CMVM recomendó que el banco cambiara de compañía auditora en 2011, el banco continuó su relación con el auditor. El presidente del directorio de KPMG Portugal, Sikander Sattar será escuchado en la comisión de investigación sobre el Espirito Santo Bank en una audiencia a puerta cerrada con el Parlamento portugués.

KPMG es una de las pocas empresas de contabilidad grandes que salió relativamente ilesa por recientes errores de auditoría que afectaron la imagen de empresas como Deloitte y PriceWaterhouse Coopers. Los reguladores han penalizado a ambas firmas por tratar de diluir o proteger instituciones que debían auditar para descubrir actividades incorrectas o ilegales.

A pesar de las señales de advertencia, el último fiasco conmocionó al sector bancario portugués y a los delicados mercados financieros de Europa. El principal índice bursátil de Portugal cayó un 22% desde la caída del banco.

Un Esquema Ponzi globalizado y corporativo, con tentáculos en todo el mundo.

Antes de la desintegración del conglomerado, el banco causo impacto por ser el único o el primer prestamista en partes del mundo donde otros bancos occidentales no se atrevían a operar.

De acuerdo con personas familiarizadas con las prácticas comerciales de Salgado, el CEO hizo conexiones personales en países como Angola y Brasil, antiguas colonias portuguesas, así como lugares políticamente sensibles como Venezuela y Libia para crear un espacio abierto para su negocio.

En 2005, se encontró que el banco había tenido cuentas activas para la familia del dictador chileno Augusto Pinochet en un momento en el que todos los otros bancos habían congelado los activos.

Obtener beneficios a través de cuentas de alto riesgo parecía ser una buena estrategia. Las unidades de Miami, Libia y Angola del banco, que son objeto de investigación por supuestas actividades de lavado de dinero, han sido trasladadas al «banco malo».

La Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York, que está investigando la actividad en la unidad en Miami del banco, se negó a dar más detalles sobre la investigación y no pudo confirmar la identidad del cliente venezolano quien se supone que cometió la infracción.

La portavoz de la filial en Miami también se negó a hacer comentarios, señaló además que el banco ha operado en forma independiente de su banco matriz durante años, actuando como una entidad financiera individual autorizada por el estado.

A pesar de que el resultado de las cinco investigaciones de lavado de dinero en diferentes continentes puede parecer impredecible, el origen podría estar a la vista de todos, de acuerdo con expertos en el sector bancario y la delincuencia financiera.

Giovanni Di Sanzo, banquero privado con 30 años de experiencia en el cumplimiento de delitos financieros ve vínculos entre el fraude del banco y conocidos esquemas de lavado de dinero.

Di Sanzo llama al entramado como un «esquema Ponzi globalizado» donde el banco está dispuesto a hacer lo que sea necesario para sostenerse de la bancarrota, incluyendo el hecho de incurrir en deuda, mientras se falsifican información de cuentas, se mueven dinero ilegalmente hacia y fuera de los países, y se estructura para terminar cometiendo fraude fiscal.

«Yo lo llamo un ‘esquema Ponzi internacional perfeccionado para las corporaciones’, porque Ponzi tomaría dinero sin preocuparse por el costo a pagar por la deuda con la intención de «salvar» la situación», señala Di Sanzo.

«La situación se repetiría con una nueva responsabilidad de pagar el último prestamista, que definitivamente es lo que ha llevado a la quiebra a la familia Espirito Santo», dijo.

El aumento de las investigaciones globales muestra que las estrategias integrales de cumplimiento son cruciales para las instituciones financieras

Mientras que la actividad de lavado de dinero puede no haber sido llevada a cabo por la familia Espirito Santo o la junta ejecutiva, Di Sanzo cree el lavado de dinero puede ser consecuencia del fraude y deuda del banco, y viceversa. Las vulnerabilidades que crean el fraude y deuda hacen que el lavado de dinero sea más prominente.

Parte de esta situación es el mayor escrutinio de los reguladores sobre los programas antilavado de las instituciones, que dejan al descubierto las debilidades de la institución, de acuerdo con Luis Rivera, socio de MRW Consulting Group en Fort Lauderdale, Florida.

Rivera cuenta con tres décadas de experiencia en investigación y análisis, sobre todo en las investigaciones criminales. Dijo que la supervisión por parte de los reguladores también puede dejar al descubierto transacciones que pueden haber requerido la presentación de informes de actividades sospechosas.

«Una estrategia de cumplimiento sólida y eficaz debe garantizar que la institución financiera pueda cumplir con requisitos tales como conozca a su cliente, la agregación de múltiples transacciones, giros internacionales, y más», dijo Rivera.

Sin embargo, tal estrategia de cumplimiento es más fácil decirla que hacerla para muchas operaciones en diferentes países, como es el caso de Espirito Santo.

La variedad de requisitos y la diversidad de regulaciones hacen que una estrategia integral de cumplimiento sea muy difícil, especialmente cuando se trata de compartir la información y aplicar normas uniformes.

«Los órganos de investigación en diferentes jurisdicciones aplicarán su legislación a las normas legales que se aplican a esa jurisdicción, haciendo que las investigaciones internacionales sean un gran desafío», dijo Rivera.

Está claro que estamos ante una nueva era de rendición de cuentas de las instituciones, incluso aquellas que se consideran demasiado grandes para quebrar.

Matthew Galluzzo, un ex fiscal federal del distrito de Nueva York y ahora abogado defensor penal y de derechos civiles con experiencia en casos de fraude financiero, dijo que las agencias de todo el mundo a menudo se superponen en un caso, sobre todo si hay una posibilidad de poder confiscar activos.

Galluzzo dijo que las investigaciones en los grandes bancos por lo general comienzan con un denunciante dentro del banco que alerta a una agencia de algo sospechoso, o si otra autoridad reguladora ya está investigando, que es lo más probable en esta serie de investigaciones en todo el mundo.

Bernardino, dijo que es importante para las autoridades europeas coordinar con otras agencias de investigación y de regulación. A medida que las autoridades portuguesas investigan, Bernardino dice que el público está muy interesado en saber que el nuevo sistema va a funcionar y que su dinero estará seguro.

«Para nosotros, es importante que todo se aclare, porque estamos pagando la factura. El dinero saldrá de nuestros bolsillos».

«Pero creo, necesito creer que el nuevo banco puede tener éxito», dijo Bernardino.

«Estamos haciendo nuestro trabajo en Portugal, limpiando la casa.»

La OCDE revela un impactante escenario de la corrupción internacional en los últimos 15 años

Un reciente informe presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) detalla que la corrupción transnacional corroe sin distinción a todos los países y la mitad de los casos son cometidos por funcionarios de países desarrollados.

Este informe pionero —OECD Foreign Bribery Report— busca medir y describir la corrupción internacional con base en un análisis de los datos emergentes de 427 procedimientos por cohecho transnacional (263 individuos y 164 entidades) que han sido concluidos desde 1999, fecha en la que entró en vigor la Convención Anticorrupción de la OCDE, y de alguna manera mide por primera vez el delito de corrupción a escala internacional.

La dimensión del fenómeno es tan grande que representa un volumen de miles de millones anuales, según las estimaciones de la institución que dirige como Secretario General el mexicano José Ángel Gurría. De los casos investigados 80 individuos fueron a la cárcel luego de una condena por soborno a funcionario público y se aplicaron 261 multas y sanciones a individuos y compañías.

Del informe se desprende que los sobornos son pagados a funcionarios en todos los sectores y la mayoría de los sobornos internacionales son pagados por las grandes corporaciones, por lo general con el conocimiento de la alta dirección. En el 41% de los casos empleados de nivel gerencial pagaron o autorizaron el pago indebido, mientras que el presidente ejecutivo o CEO de la compañía participó en el 12% de los casos.

El hecho de que los altos ejecutivos y otros líderes en las corporaciones participan, o al menos tienen conocimiento, de la práctica de soborno de funcionarios extranjeros en la mayoría de los casos, se contradice con la percepción de que el soborno es solo el acto de malos empleados.

Una percepción común del soborno en los negocios internacionales es que los ejecutivos y compañías de las economías más desarrolladas y con más recursos sobornan a funcionarios en los países menos desarrollados para obtener lucrativos contratos. El análisis de este informe sugiere que esta percepción necesita ser revisada. De los 427 casos la mayoría de los pagos indebidos en el extranjero no fueron realizados a funcionarios públicos en países en vías de desarrollo, un 50% de los casos fueron sobornos a funcionarios en países desarrollados.

La mayoría de los sobornos, un 57 %, buscaban la adjudicación de los contratos públicos, seguido por los pagos indebidos para obtener autorización para los procedimientos aduaneros, que representaron el 12%, mientras que un 6% de los sobornos fueron pagados para obtener un trato fiscal preferencial.

El informe señala que los intermediarios, como agentes o vehículos corporativos, son utilizados en la mayoría de las transacciones corruptas. Algún intermediario participó en 3 de cada 4 casos de soborno extranjero. En el 41% de los casos estos intermediarios eran agentes, tales como agentes locales de ventas o de marketing, o distribuidores por ejemplo. Otro 35% de los intermediarios eran vehículos corporativos, tales como compañías subsidiarias, empresas ubicadas en centros financieros offshore o paraísos fiscales, o compañías donde el beneficiario final era el funcionario público que recibió los sobornos.

En los casos analizados, los sobornos llegaron en promedio a casi el 11% del valor total de la transacción, y al 34,5% de las ganancias, lo que equivale a casi US$14 millones por soborno. Según la OCDE, dada la complejidad y la naturaleza opaca de las transacciones que involucran la variable de la corrupción sin lugar a dudas esta es solo la punta del iceberg.

Casi dos tercios de los casos se produjeron en cuatro sectores: compañías extractivas (minería extractiva y petróleo), con un 19%; en el área de la construcción, 15%; en transporte y almacenamiento otro 15%; y en las compañías de la información y la comunicación, con un 10%.

Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o pagados con más frecuencia a los empleados de las empresas estatales (27%), seguidos por los funcionarios de aduanas (11%), funcionarios de salud (7%) y funcionarios del sector de defensa (6%). Los jefes de Estado y ministros fueron sobornados en un 5% de los casos, pero recibieron el 11% del total de los sobornos.

“La corrupción socava el crecimiento y el desarrollo. Los corruptos deben ser llevados ante la justicia“, señaló Gurría en un discurso para la presentación del informe. “La prevención de la delincuencia comercial debe estar en el centro de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, la contratación pública debe convertirse en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas”.

El informe también revela que el tiempo necesario para concluir los casos ido aumentando, de aproximadamente unos dos años de promedio para los casos de 1999 a poco más de siete años para los casos en la actualidad. Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores (cohechadores) o la complejidad de las agencias de ley para investigar los casos en distintos países, entre otros factores.

Según el informe, los gobiernos de todo el mundo deben fortalecer las sanciones, hacer públicos los procedimientos legales y acuerdos extrajudiciales y reforzar la protección de los denunciantes o whistleblowers como parte de un mayor esfuerzo para abordar la enorme problemática del soborno y la corrupción, señala la OCDE. El abrumador uso de intermediarios también demuestra la necesidad de una debida diligencia y supervisión más eficaz de los programas de cumplimiento corporativos, y que los ejecutivos de las compañías prediquen con el ejemplo en la lucha contra el soborno extranjero.

Tendencia en Delitos Financieros: En Honduras se debate una ambiciosa ley ALD, los delitos informáticos se vuelven un problema en Colombia, ex ejecutiva de UBS ayuda a Argentina, y más

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además documentos fiscales secretos que arrojan nueva luz sobre cómo ha ayudado Luxemburgo a las multinacionales a rebajar sus facturas fiscales; una inminente orden de aprehensión por lavado, entro otros delitos, para la esposa del ex alcalde de Iguala relacionada con el caso de los estudiantes desaparecidos en México; Sepblac, de España, presenta un detallado informe sobre reportes de operaciones sospechosas en 2013, y más…

Evasión Fiscal

Documentos fiscales secretos publicados esta semana arrojaron nueva luz sobre cómo ha ayudado Luxemburgo a las multinacionales a rebajar sus facturas fiscales y, tras esta segunda filtración, podría aumentar la presión sobre la jurisdicción europea para que modifique sus prácticas fiscales. El último grupo de documentos, difundidos por el Consorcio de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, muestra cómo 35 grandes empresas, incluidas Walt Disney utilizaron complejas estructuras financieras para canalizar beneficios a través de filiales en Luxemburgo, lo que les habría ayudado a evitar pagar impuestos en otras jurisdicciones. Una portavoz de Disney calificó estas revelaciones de “deliberadamente engañosas”. Estas revelaciones se producen en un momento en que los gobiernos europeos han decidido poner fin a las maniobras financieras que permiten a las multinacionales desviar los beneficios a paraísos fiscales en lugar de tributar por ellos en las jurisdicciones en las que se obtuvieron que cuentan con impuestos más elevados. No obstante, los intentos previos de acabar con la elusión y el fraude fiscal han progresado de manera lenta, debido en parte a que los gobiernos de la Unión Europea deben ratificar los cambios de la legislación fiscal del bloque. El primer conjunto de documentos filtrados sobre los acuerdos de Luxemburgo con grandes corporaciones reveló detalles de los acuerdos negociados por PricewaterhouseCoopers para más de 340 de las mayores empresas mundiales, como FedEx y PepsiCo. (Con información de The Wall Street Journal)

La ex directora de Comunicación y Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS), Stéphanie Gibaud, afirmó que quiere «ayudar al gobierno argentino a entender cómo los bancos privados ocultan la verdad», y precisó que «entre 80% y 90%» de las cuentas argentinas en el exterior «no están declaradas». «En todos los países del mundo es lo mismo, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, Argentina, 80% o 90% de las cuentas no están declaradas. Para Estados Unidos es un 95%, lo mismo que Francia», precisó Gibaud a una radio argentina. Consultada sobre la similitud con la información entregada por el arrepentido del HSBC, Hervé Falciani, al director de la agencia de ingresos públicos de Argentina, Ricardo Echegaray, la ex ejecutiva de UBS afirmó que «es la misma cosa». Estamos de acuerdo en ayudar a los gobiernos, soy una testigo para Francia y voy a ayudar al gobierno argentino a entender cómo los bancos privados trabajan, buscan los clientes y ocultan la verdad», subrayó Gibaud. Echegaray viajará el mes próximo a París para entrevistarse con Gibaud, quien tiene archivos con fichas de entre 3.000 y 4.000 cuentas de argentinos, presuntamente no registradas, todas radicadas en la UBS. (Con información de Ámbito Financiero)

Lavado de Dinero

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de Mexico solicitará en los próximos días una orden de aprehensión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y secuestro. Entre las imputaciones que se realizarán, señalaron las fuentes consultadas, está el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que varios de los policías de Iguala que ahora se encuentran sujetos a proceso penal por su relación con la desaparición de 43 estudiantes señalaron que ella era quien tenía relación directa con los líderes regionales de Guerreros Unidos, y que era el contacto para el pago que desde la presidencia municipal de Iguala se destinaba (de 2 a 3 millones de pesos mensualmente entre US$140.000 y US$200.000 aproximadamente) para el pago de salarios de integrantes de esa organización criminal que realizaban funciones de policías en ese ayuntamiento, pero que en realidad colaboraban con el grupo criminal. Las mismas imputaciones de su vinculación con integrantes de Guerreros Unidos servirán para acusarla ante un juez federal de la comisión del delito de delincuencia organizada. (Con información de La Jornada)

El Congreso de Honduras sigue debatiendo una ambiciosa nueva ley de lavado de dinero que obligaría a todos los viajeros a que declaren dinero en efectivo y electrónico por una cantidad igual o inferior a US$10.000 y cuando se excede esta cantidad, la persona deberá presentar la documentación soporte que determine la legal procedencia de ese dinero. El tema provocó un debate en el Congreso Nacional en el marco de la promulgación de esta Ley, de la que han sido aprobados 38 de los 93 artículos que la componen. El presidente de la Comisión Dictaminadora, Tomás Zambrano, explicó que es una obligación para todos los viajeros declarar la procedencia del dinero que transporta, ya sea en efectivo o electrónicamente. En el debate, el diputado Rasel Tomé, miembro de la Comisión de Dictamen, profundizó que la persona está obligada a declarar cualquier cantidad menor a los diez mil dólares, a la vez que aclaró que cuando se habla de dinero electrónico se refiere a las tarjetas prepago y no a las tarjetas de crédito. (Con información de El Heraldo de Honduras)

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) de España tramitó 4.025 reportes de operaciones sospechosas en 2013, el 31,6% más que un año antes. El 80% de las mismas dieron lugar a indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación de terrorismo. El 29% de los reportes recibidos por Sepblac fueron delitos de carácter fiscal, según la Memoria de 2013 de este organismo publicada esta semana. El estudio destaca el incremento de los asuntos remitidos por los bancos al Sepblac, que aumentaron el 24,6% y sumaron 2.234 reportes. En el caso de las entidades no financieras, la actividad en la detección de conductas irregulares aumentó el 37,7%, hasta los 670 reportes, y el mayor número de alertas en este sentido procedieron de notarías, registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, contables, asesores fiscales o empresas de transporte de fondos. El Sepblac ha hecho un análisis de 10.000 comunicaciones recibidas entre 2009 y 2013 y de ellas el 32,8% correspondieron a actividades relacionadas con la delincuencia organizada, y un 29,3% a delitos de carácter fiscal. Asimismo, el 17,7% correspondieron a delitos económicos, un 9,9% a actividades ligadas al narcotráfico, un 5,6% vinculadas a autoridades o funcionarios públicos y un 4,7% relacionadas con la financiación del terrorismo. Las operativas más habituales en las operaciones sospechosas fueron el 37% del total por ingresos en efectivo y por órdenes de pago del exterior. Los sectores de actividad en los que se desarrollan las operativas de riesgo fueron el comercio (17,5%), el inmobiliario (13,3%), el comercio internacional (13,1%), las profesiones liberales (5,7%), hostelería (5%) o entidades de pago (2,9%). (Con información de Expansión)

Ciberdelito

Los delitos informáticos se están convirtiendo en un problema serio de orden público para Colombia. En el último mes se inició la investigación por el desfalco cibernético más costoso en la historia del país: de una forma que las autoridades todavía están indagando, un grupo de delincuentes sustrajo de las cuentas de una compañía cerca de $7.500 millones (aproximadamente US$3 millones). Las autoridades se abstienen de revelar el nombre de la compañía por razones “reputacionales”. En lo que va del 2014 se han producido 205 capturas debido a hurto por medios informáticos y fraude bancario y están vigentes 2.956 investigaciones, de acuerdo con las cifras de los cuerpos policiales. El  jefe del Centro Cibernético de la Policía Dijín aseguró que el delito a través de internet y medios electrónicos ya cuenta con una estructura organizada que incluye no solo expertos en asuntos cibernéticos, sino abogados, contadores y hasta financistas. Los delincuentes le apuntan a procesos clave como los giros de nómina, pagos a proveedores y vencimientos bancarios o de inversiones. Paulatinamente, el delito cibernético se ha convertido en una de las principales amenazas para las empresas. Según fuentes de la Fiscalía, los casos están asociados a clonación de tarjetas, software malicioso o infiltración directa de las organizaciones en las empresas afectadas. Una fuente del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía explicó que, por ejemplo, se han presentado casos en los que los delincuentes han accedido inclusive a medios que se suponen muy seguros, como los famosos “token”, que cambian las claves de acceso a internet cada 30 segundos. (Con información de CIO América Latina)

Corrupción

Petrobras ha estado bajo escrutinio por parte de las autoridades brasileñas y estadounidenses por presuntos actos de corrupción y de lavado de dinero. Una investigación interna de la compañía petrolera estatal de Brasil ha generado recomendaciones para que se sancione a un grupo de empleados de una refinería de Texas asociado con la empresa. Un miembro de la junta dijo que los costos de la refinería de petróleo superaban las estimaciones originales. La compañía dijo que establecería una nueva división que se centraría en el gobierno corporativo y cumplimiento. Dos ex miembros de la junta directiva de Petrobras han sido detenidos como consecuencia de la investigación de corrupción soborno (Con información de Bloomberg).

Cumplimiento y Regulación

El Consejo Federal de Certificación de Instituciones Financieras (FFIEC) de EEUU– The Federal Financial Institutions Examination Council—publicó una nueva versión del manual de examinación– Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering (BSA/AML) Examination Manual. Las modificaciones aclaran las expectativas de supervisión e incorporan los cambios normativos desde la última actualización del manual en 2010. Las revisiones incorporan sugerencias y comentarios de profesionales en la industria bancaria y del personal que realiza los exámenes, incluyendo el aporte de las divisiones clave del Departamento del Tesoro de EEUU  encargadas de la supervisión del sector financiero de Estados Unidos, incluyendo FinCEN, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros organismos. El manual da más ejemplos de lo que se considera violaciones de cumplimiento recurrentes e incorpora una guía actualizada sobre cuestiones tales como el intercambio de reportes de actividad sospechosa entre filiales y matrices. (El manual está disponible el sitio de la FFIEC).

Profesionales en Delitos Financieros de 18 países participaron de la Conferencia Latinoamericana de ACFCS en Miami

Más de un centenar y medio de participantes de Latinoamérica y EEUU se dieron cita con 30 oradores expertos para analizar, explorar y conversar sobre temas clave para los profesionales en el campo de los crímenes económicos, entre los que se incluyeron la seguridad de datos y el ciberdelito, esfuerzos anticorrupción, el estatus y la implementación de FATCA, la nueva realidad del fraude en la era informática, entre muchos otros temas repartidos en 19 sesiones que compusieron el completo programa.

FATCA, la omnipresente y extraterritorial ley que busca cerrarle las puertas internacionales a los evasores estadounidenses y que está causando conmoción entre los bancos e instituciones financieras en todo el mundo, al igual que los esfuerzos anticorrupción en distintas jurisdicciones—como por ejemplo la ley estadounidense FCPA que pone en jaque a grandes compañías como Wal-Mart, Siemens y otros gigantes globales—fueron dos temas muy importantes que se analizaron durante la II Conferencia Anual Latinoamericana que se llevó a cabo del 23 al 25 de noviembre en el Hotel Westin Diplomat en Miami.

Unos 30 expertos proveyeron información clave y un entrenamiento sin precedente a más de 150 participantes que arribaron a Miami provenientes de 18 países en todo el continente. El programa de la conferencia también cubrió otros temas muy importantes en el campo de los delitos financieros, como por ejemplo, el “Nuevo Orden Mundial” para el lavado de dinero, las herramientas utilizadas para esconder el beneficiario final, los riesgos presentados por fideicomisos, proveedores de servicios y vehículos corporativos offshore, las vulnerabilidades de las tarjetas para el fraude y la comisión de delitos, la auditoría forense y las herramientas analíticas para las operaciones de cumplimiento, entre otros.

Sandro García Rojas, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), presentó en forma muy elocuente y precisa la realidad en México y los esfuerzos, cambios y desafíos que enfrentan tanto los sujetos obligados como las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Eduardo Solórzano, Director de Investigaciones ALD de Norteamérica para la Unidad Global de Investigaciones de Citigroup, explicó cómo se conducen las investigaciones desde su departamento en el gigante financiero, y cómo manejan a los clientes de «alto riesgo» que tienen cuentas en múltiples jurisdicciones o en el mismo país, pero en múltiples sectores de actividad; o que involucran patrones transaccionales y de cuenta de cliente muy complejos.

Olga Cantillo, Vicepresidenta de Operaciones para MMG Bank Corporation en Panamá expuso en el panel de fraude en la era digital sobre las nuevas tendencias de fraude en el sector de valores, ejemplos de fraude y cómo las organizaciones y profesionales en este campo pueden y deben prepararse para no quedar atrapados con la guardia baja.

Natalia Baracaldo, Coordinadora del Centro de Investigación Javeriano de Auditoría Forense de la Universidad Javeriana, expuso en el panel sobre RSE, responsabilidad social empresarial, acerca de la importancia de la ética corporativa no solo como una tendencia para un mayor equilibrio social, sino también como una herramienta para combatir el delito financiero y proteger mejor a las organizaciones.

“Los comentarios de los participantes muestran que esta conferencia ha sido única y muy enriquecedora”, dijo Gonzalo Vila, Director para América Latina de ACFCS. “El enorme y variado conocimiento, habilidades y entrenamiento que se presentaron durante la conferencia no tiene precedentes. Oficiales de cumplimiento, auditores, abogados, investigadores, reguladores y consultores, entre otros profesionales, se beneficiaron enormemente de esta conferencia”, añadió.

A continuación una pequeña muestra de más de un centenar de comentarios y observaciones muy positivas por parte de los participantes sobre la conferencia en general:

Amílcar Abrego, Director de Empresas Financieras para el Ministerio de Comercio de Panamá la calificó de excelente: “Temas de importancia y que nos sirven de guía para seguir en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Eric Velázquez Correa, Auditor del Ministerio de Comercio de Panamá: “Excelente, ya que los temas tratados fueron muy acertados a la realidad mundial”.

Henry Vega Rodríguez, Jefe de Auditoría Regional para BAC Credomatic, de Costa Rica: “Excelente, los temas son aplicables, las presentaciones muestran perspectivas que permiten cuestionarse o ver desde diferentes enfoques cada uno”.

Karla Patricia García Arancibia, Coordinadora PLA/FT para Conami, de Nicaragua: “¡Excelente! Es un evento que sin duda recomendaría y asistiría nuevamente, por los temas y los panelistas que participaron”.

Anyelis Marrero, Oficial de Cumplimiento para Bolsa de Valores Panamá: “Me pareció muy completa. La conferencia brindó herramientas, referencias, recomendaciones y actualización de temas por parte de expertos y participantes de otros países”.

María José Henríquez Picasso, Senior Research Analyst para World-Check/Thomson Reuters, de Chile: “Muy interesante para poder aprender y generar redes de contacto”.

Elsie Solís, Supervisora Administrativa de Tesorería para Ricardo Pérez S.A., de Panamá: “Muy interesante y de mucha información importante para nuestras tareas de trabajo”.

Rubén Darío Maldonado, Auditor Interno de FAMA OPDF, de Honduras: “Muy buena e interactiva, sobre todo importante para mejorar nuestros conocimientos”.

Jim Madriz López, Presidente Ejecutivo de Conami, de Nicaragua: “Muy productiva y positiva, los temas abordados fueron de utilidad”.

Jahir Alberto Cervantes Rodríguez, Vicepresidente de Auditoría Interna para Capital Bank S.A., de Panamá: “Extraordinaria, para compartir experiencias, conocimientos de temas de extremo interés actual”.

Marcos Carlino Pérez Banquez, Jefe Departamento de Auditoría Forense para Banco Davivienda, de Colombia: “Excelente. Porque afianza más mis conocimientos y experiencia en estos importantes temas”.

Manuel Ponce Polanco, Asesor para CAC Santo Cristo de Bagazan, de Perú: “Muy interesante, por amplitud y variedad de temas relacionados”.

Víctor Pérez, Gerente de Control Interno para Banco del Progreso, de República Dominicana: “Excelente, ilustrativa y guía de orientación sobre qué sucede y debemos hacer”.

Laureano Flórez, Propietario de Business Target, de Panamá. “Muy acertada en los temas, la organización del evento estuvo al nivel profesional”.

Gabriela Perozo, de Mercado de Dinero, de España/EEUU: “Excelente, precisa, práctica y muy reflexiva”.

Gisela Elizabeth Cornejo de Arango, Gerente de Operaciones para Intersecurities International, de Panamá: “Definitivamente cubrió mis expectativas. Recibí la información que necesitaba”.

Daniel D. Escoto, Gerente de Riesgos y Cumplimiento para Financiera FINCA, de Honduras calificó a la conferencia de excelente: “Productiva, con temas muy interesantes que vienen a fortalecer las actividades y controles por implementar para minimizar riesgos”.

Para más detalles sobre la III Conferencia Anual Latinoamericana que se realizará del 10 al 12 de junio de 2015 en el Hotel Hard Rock en Panamá por favor visite http://www.conferenciadelitosfinancieros.com/

 

 

El esfuerzo mundial por mayor información sobre el beneficiario final enfrenta resistencia política y limitados recursos

[private]Por Brian Monroe
3 de diciembre de 2014

Este artículo es el primero de una serie de cuatro para analizar los retos, riesgos y temas relacionados con la propiedad efectiva o la figura del beneficiario final. Examinamos el esfuerzo mundial para traer transparencia a las entidades jurídicas anónimas y las jurisdicciones de alto secretismo. Futuros artículos se centrarán en la evolución de la normativa en EEUU y la UE, y las iniciativas del sector privado relacionadas con la identificación de los beneficiarios finales.

Hay una razón por la que muchos países, desde las grandes economías con sólidas defensas contra el lavado de dinero hasta pequeñas naciones en vías de desarrollo que todavía enfrentan enormes desafíos para combatir los delitos financieros, siguen luchando para crear una solución factible para la captura de los datos correctos sobre los beneficiarios finales.

Esto se debe a que resolver el enorme desafío de recopilar, verificar y compartir información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas ha demostrado ser una cuestión compleja, polarizante y divisiva que afecta tanto a los sectores público y privado.

En medio de una campaña mundial para aumentar la transparencia corporativa, algunos países están llevando a cabo cambios regulatorios sin precedentes en todo lo relacionado con el beneficiario final o real, incluyendo un registro mercantil de acceso público en la Unión Europea y nuevas normas que requieren que las instituciones financieras identifiquen los beneficiarios finales en EEUU.

Para llegar a este punto se ha necesitado una mezcla de presión por parte de los grupos de vigilancia internacionales, esfuerzos para armonizar las normas a nivel global, nacional y estatal, y la promulgación de leyes y regulaciones para establecer qué entidad debe recolectar determinada información en la cadena de formación de la compañía. A medida que los distintos países y organismos internacionales reflexionan sobre los próximos pasos a tomar con relación a la propiedad efectiva y la transparencia, se están fijando los frentes de batalla.

Por un lado están las jurisdicciones que han construido sus cimientos en el secreto corporativo y no parecen dispuestos a cambiar fácilmente. Por otro lado están los investigadores, reguladores, y un número creciente de funcionarios gubernamentales, que sostienen que la falta de transparencia puede dar lugar a que una amplia gama de delincuente—que van desde financistas del terrorismo a los evasores de impuestos—mueva cientos de miles de millones de dólares con muy poca resistencia.

Las razones detrás del dilema de la propiedad final tienen muchas ramificaciones, señala Ross Delston, un consultor en antilavado de dinero con sede en Washington quien ha participado de evaluaciones de países.

En EEUU, estados como Delaware en realidad compite con otros estados e incluso con los centros financieros offshore para ver qué región puede ofrecer la mayor opacidad. Las áreas que se adhieren a los estándares internacionales se colocan en una «desventaja competitiva», dijo Delston.

Los lugares con los menores requisitos de divulgación «dependen de los ingresos procedentes de los registros de empresas», dijo. «No tienen ningún interés en promocionar la transparencia. No darán el brazo a torcer sin una mayor presión [del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]. Y debido a que los países incondicionales del GAFI tampoco cuentan con buenos sistemas [sobre beneficiario final], es un poco difícil para EEUU presionar a los países más pequeños para que tengan un mejor resultado».

FATCA, OCDE en busca de mayores estándares

Uno de los mayores obstáculos para la obtención de información sobre la titularidad real es que «muchas jurisdicciones, incluyendo EEUU, simplemente no tienen la información alojada en un registro centralizado accesible para los bancos o el público» o las agencias de ley, señaló Delston.

«Si las instituciones no buscan al beneficiario final, acaban aceptando la información que les es provista, permitiendo que los criminales tengan acceso al sistema financiero a través de un camino que de otro modo estaría cerrado para ellos», dijo Delston.

El GAFI volvió a examinar la cuestión de la propiedad real en un documento publicado recientemente—que surge inmediatamente después de los anuncios de los nuevos acuerdos internacionales para compartir datos por los miembros de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), que también destacó que la captura de información sobre el beneficiario final será vital para la localización de los evasores de impuestos.

El GAFI, junto con los organismos regionales, se encuentra evaluando las medidas contra los delitos financieros que están tomando los países, con un nuevo enfoque en la eficacia en la aplicación de las leyes y las regulaciones, en lugar de simplemente la promulgación de leyes.

En su guía, el GAFI establece tres estrategias para extraer la información de los propietarios detrás de las personas jurídicas: crear una base de datos de los registros mercantiles, exigir a las empresas mantener su propia información, o utilizar la información que está disponible.

El secreto corporativo es un imán para el crimen organizado

Las razones por las que el GAFI y otros organismos internacionales están presionando para una mayor transparencia corporativa son ampliamente conocidas. Las compañías fantasmas y otras entidades legales anónimas están presentes en una enorme variedad de esquemas de delitos financieros, y cuando están controladas por criminales inteligentes, la cantidad de dinero que pueden mover es asombroso.

El uso de empresas ficticias y dueños falsos, o agentes proxy, fue vital para una de las mayores operaciones de lavado de dinero en la historia en Europa del Este, de acuerdo con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Entre 2010 y principios de 2014, grupos del crimen organizado y políticos sucios en Rusia movieron US$20.000 millones de fondos ilícitos a través de una lavandería virtual, un «complejo esquema de lavado formado por docenas de compañías offshore, bancos, préstamos falsos y agentes proxy», dijo el OCCRP a principios de este año.

Las compañías pantalla y ocultos beneficiarios finales también han asistido a países y regímenes en la lista negra como Irán a esquivar los filtros y poder obtener cuentas bancarias para mover ilícitamente cientos de millones de dólares, incluyendo fondos que terminaron como parte de la propiedad de una torre de oficinas de Manhattan, según un ex investigador en Nueva York.

La más reciente ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, que se encuentra en marcha en parte explica «por qué el tema del beneficiario final está recibiendo mucha atención ahora», dijo Robert Rowe, vicepresidente y asesor senior de la Asociación de Banqueros de EEUU (ABA por sus siglas en inglés).

La evaluación de Australia se completó recientemente y se espera que sea dada a conocer a principios del próximo año – y la revisión de Estados Unidos está programada para finales de este año, poniendo presión sobre el país para resolver las falencias en el tema del beneficiario final antes de que arriben los evaluadores.

En EEUU, el tema ha sido un punto delicado desde la última evaluación de Estados Unidos hace más de una década, señala Rowe, quien agregó que la unidad de inteligencia financiera, FinCEN, ha estado batallando para encontrar la forma de recoger la información y asegurarse de que estos datos estén disponibles para las agencias de ley.

FinCEN primero apuntó a los proveedores de servicios de empresas y estados de Estados Unidos para obtener información sobre el beneficiario, buscando crear un repositorio central y establecer algún tipo de plazos para la actualización. Debido a que los estados varían grandemente en términos de poder político y capacidad técnica, la mira fue puesta a los bancos para que soliciten la información en el momento que un cliente abre una cuenta, dijo Rowe.

Esa tendencia se formalizó en el reciente aviso de reglamentación propuesta de FinCEN (NPRM por sus siglas en inglés) sobre los requisitos de debida diligencia del cliente para instituciones financieras.

El NPRM calmó algunas preocupaciones de los bancos que temían tener que conseguir la información de terceros o armar un perfil de una enorme cantidad de fuentes. En su lugar, con base en la regla propuesta, las entidades solicitarían más detalles sobre los beneficiarios finales directamente al cliente que sea una entidad legal, y podrían depender en gran medida en la propia auto certificación del cliente.

Sin embargo, aún existen importantes lagunas en el sistema propuesto por FinCEN. Los clientes pueden mentir y los bancos tienen pocas maneras de verificar la información, Rowe señaló. Alternativamente, una empresa puede dar detalles correctos sobre la propiedad y al día siguiente cambiar la estructura de la propiedad, dijo Rowe.

Detalles sobre la propiedad pueden ayudar a la calificación de riesgo

Según declaraciones públicas realizadas durante el proceso de reglamentación, FinCEN y otras agencias del gobierno de Estados Unidos reconocieron la carga que supondría para las instituciones financieras recopilar información sobre el beneficiario por su propia cuenta. Antes de la notificación de propuesta de reglamentación expedida por FinCEN en agosto, el deber de obtener detalles del beneficiario final estaba reservado para los bancos extranjeros sujetos a la sección 311 de la Ley USA Patriota 311, también conocida como la designación de una institución como una «preocupación primaria de lavado de dinero».

La última versión del manual para examinadores ALD, lanzado en 2010, también se refirió a la propiedad efectiva, señalando que dicha información podría ser necesaria cuando las entidades deben realizar una diligencia debida reforzada.

Aun así, la incapacidad de los países para llevar a las empresas a que hagan disponibles los datos sobre la propiedad final, o para empujar a los proveedores de servicios corporativos para registrar esa información y mantenerla en un lugar centralizado «no es un problema nuevo,» dijo Delston. «Es una de esas lagunas y deficiencias persistentes en el marco ALD / CFT internacional que ninguna jurisdicción ha sido capaz de resolver por completo».

El Reino Unido está trabajando en una legislación para crear una base de datos pública de información sobre el beneficiario, incluyendo información como nombres, direcciones y el porcentaje de participación de las personas con intereses mayoritarios.

Además, la Unión Europea está considerando un registro similar de las empresas en toda la UE que incluiría información sobre el beneficiario de las personas jurídicas en el marco de la Cuarta Directiva ALD, que todavía está pendiente. Todavía no se sabe, sin embargo, si la información será pública, ya que podría entrar en conflicto con las normas de privacidad de datos.

En EEUU a la espera de regulaciones, las instituciones adoptan sus propios estándares

Incluso sin legislación final sobre beneficiario final en Estados Unidos, algunas instituciones están requiriendo dicha información antes de abrir cualquier cuenta, dijo Jerry Sanchez, abogado principal en la oficina de Dallas de Cox Smith.

«Algunos bancos están considerando el nivel de participación del 20%, que incluso va más allá de lo que sugiere la regulación propuesta», del 25%, dijo. «Estos bancos están siendo conservadores porque prefieren errar por cautos. Los bancos se dan cuenta de que no puede simplemente mirar el cliente, tienen que mirar por lo menos un nivel más allá» para recoger mejor los detalles de la propiedad, incluyendo empresas matrices, prácticas corporativas y socios.

Cuando se descubre información sobre seres humanos reales, o personas naturales, la [institución], entonces puede utilizarla en los sistemas de detección y filtrado automatizados. Dependiendo de la institución y el riesgo del cliente, este examen podría incluir listas de sanciones, las listas de las personas vinculadas a fraudes, u otras coincidencias negativas, dijo Sánchez.

Además, una institución podrá realizar una diligencia debida más intensa dependiendo del riesgo.

Esto podría incluir copias de pasaportes de individuos en puestos clave o con autorización de firma, copias de los documentos de incorporación o registros y certificaciones que indican que la compañía está «en regla» con los organismos de supervisión nacionales, y potencialmente podría también incluir solicitudes de actas de las reuniones del consejo, dijo.

Todos estos detalles son fundamentales para demostrar a los reguladores que el banco realizó la adecuada debida diligencia para conocer al cliente, dijo Sánchez.

«Hemos tenido situaciones en las que un ama de casa mexicana abrió una cuenta y comenzó a enviar y recibir grandes transferencias cablegráficas», dijo. «Esta situación no era coherente con el propósito declarado de la cuenta o la fuente de riqueza del cliente».[/private]

Un nuevo informe muestra que los mayores riesgos de lavado pueden estar en las entidades de menor tamaño

[private]Por Brian Monroe
3 de Diciembre de 2014

Una reciente revisión del regulador financiero de Reino Unido muestra fallas generales en los controles ALD de pequeños bancos del país. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) examinó a 21 bancos pequeños entre octubre 2013 y junio de 2014 para revisar los programas antilavado de dinero (ALD) y los sistemas de control de sanciones.

En esta revisión, el regulador encontró que las instituciones más pequeñas tenían «debilidades significativas y generalizadas» en los controles ALD, particularmente en las áreas de las evaluaciones de riesgo de negocios y clientes. Además, los bancos continuaron teniendo problemas en varias áreas de alto riesgo, incluyendo la debida diligencia reforzada para las personas políticamente expuestas (PEP) y relaciones de corresponsalía.

En Estados Unidos, también hay falencias de cumplimiento, tal vez menos publicitadas pero no por ello menos potentes, en áreas críticas del programa en posiblemente miles bancos más pequeños, señalan profesionales de cumplimiento, examinadores y consultores.

Cualquier falla en las medidas de protección de las instituciones más pequeñas se ha vuelto más vulnerable por el “de-risking” o la eliminación de clientes de alto riesgo por parte de muchos grandes bancos y otras instituciones. A medida que las instituciones más grandes eliminan en masa a las entidades más riesgosas, estos clientes buscan el camino de menor resistencia de vuelta al redil financiero a través de instituciones más confiadas.

Los bancos más pequeños en Estados Unidos han tenido dificultades para entender los elementos de una sólida evaluación de riesgos, para crear una capacitación innovadora para el personal que tiene contacto con el público, y mantener la institución informada sobre las últimas amenazas y tendencias, dijo Chip Poncy, ex director de la Oficina de Políticas y Estrategias para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros de EEUU.

La fortaleza general de un programa, la experiencia del personal y adecuados sistemas de transacción en las instituciones más pequeñas son temas de «creciente importancia» para los reguladores federales y los investigadores, dijo Poncy, ahora socio fundador de Financial Integrity Network, una firma de consultoría.

“Los grandes bancos están eliminando clientes de alto riesgo (de-risking) y tomando un enfoque más conservador con relación a prácticas bancarias. Eso podría significar una migración del riesgo de grandes bancos a instituciones más pequeñas y menos preparadas”, dijo Poncy.

Al mismo tiempo, EEUU se encuentra en estos momentos inmerso en una revisión interna de sus leyes e instituciones que comenzó a principios de este año. La iniciativa, encabezada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y con la participación de decenas de otros reguladores del gobierno y agencias de investigación, se produce antes de una rigurosa evaluación el próximo año por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Si bien EEUU ha experimentado estas revisiones en el pasado, se estima que la próxima ronda sea mucho más difícil, ya que los examinadores calificarán la efectividad de los bancos y autoridades para la identificación de clientes y hay en el país problemas clave relacionados con la disponibilidad de información sobre el beneficiario final.

Los reguladores en diversos foros en los últimos años han expresado sus preocupaciones sobre las contramedidas de cumplimiento en las instituciones más pequeñas y esas grietas que pueden ser explotadas por una afluencia de entidades riesgosas que buscan cuentas bancarias.

Un problema importante para muchos bancos pequeños es que todavía están utilizando sistemas de monitoreo de transacciones en su mayoría manuales o, si cuentan con un monitoreo automatizado, no entienden los sistemas suficientes para personalizarlos, dijo Arnie Scher, director general de Información de Jade Systems, Inc. en la ciudad de Nueva York y ex oficial de cumplimiento de JPMorgan.

«Eso puede conducir a problemas de datos», dijo, y agregó que si el sistema no está recogiendo ciertos tipos de información de transacciones o de clientes o no engranan correctamente con otros programas de software de banco, la institución puede perder ciertas actividades sospechosas e informes relacionados.

Además, muchos bancos más pequeños, no cuentan con profesionales con suficiente conocimiento para darse cuenta de ciertos aspectos en el cumplimiento ALD porque «tal vez fueron recientemente contratados o fueron trasladados de otro puesto en otro departamento y ahora recibieron las obligaciones ALD «, dijo Scher. Los bancos más pequeños pueden estar “más orientados hacia el marketing que al ALD. Tal vez el oficial de la ALD sea también el jefe de ventas”.

Mucho riesgo y poca comprensión

Los reguladores bancarios han mostrado muchos de estos problemas para los bancos más pequeños en recientes sanciones y medidas.

En recientes medidas de cumplimiento, la Federal Deposit Insurance Corp., que supervisa cerca de 6.700 instituciones, también resaltó significativas fallas de cumplimiento ALD en instituciones más pequeñas en las áreas de adecuada diligencia debida del cliente, evaluación de riesgos y detección sanciones.

Uno de los ejemplos más flagrantes de un banco más pequeño que no controló adecuadamente el riesgo de ciertas entidades o no elaboró un adecuado programa para mitigar esos riesgos ocurrió en septiembre de 2013, con una sanción pecuniaria contra Saddle River Valley Bank.

FinCEN y la OCC, el regulador federal para los bancos más grandes y complejos de EEUU, penalizó al banco con sede en Nueva Jersey con US$8,2 millones por generalizadas fallas ALD, incluyendo no haber monitoreado adecuadamente US$1.500 millones en transacciones vinculadas con casas de cambio en México y otros países.

Las medidas de cumplimiento señalan que el banco, en 2009, ignoró señales de alerta relacionadas con el riesgo de las casas de cambio.[/private]

Tendencias en Delitos Financieros: Banco Espirito Santo bajo un escrutinio internacional, Argentina investigará por lavado a titulares de cuenta sin declarar en Suiza, y mucho más

[private]Lavado de Dinero

Los investigadores responsables de analizar a Banco Espírito Santo por un caso de supuesta evasión fiscal y lavado de dinero están ahora ampliando sus miras e investigan si el banco participó en actividades de lavado en varios países, informan esta semana fuentes cercanas a las investigaciones. La Fiscalía de Nueva York y el Gran Jurado federal investigan ahora si la filial de banca de Banco Espírito Santo en Miami se utilizó para lavar dinero de un empresario venezolano, que era uno de los mayores clientes del banco, informan las fuentes. La Fiscalía General de Portugal también ha iniciado varias investigaciones de filiales de Espírito Santo. La fiscalía anunció que la policía realizó registros en varias sucursales en Lisboa, así como en la casa del ex consejero delegado del banco. Dos ex empleados de Banco Espírito, que no han sido identificados, han sido considerados sospechosos tras estas redadas. En Suiza, la Fiscalía General registró las oficinas de Espírito Santo en septiembre en el marco de una investigación de blanqueo de dinero. Y el Banco de Portugal recientemente inició una investigación de “las prácticas inadecuadas a la hora de prevenir el blanqueo de dinero” de Banco Espírito Santo en relación con su filial en Angola, dijo el gobernador del banco central a los diputados lusos. No dio más detalles. (Con información de The Wall Street Journal).

Panamá se prepara para mostrar el 10 de diciembre al Grupo de Acción Financiera (GAFI) avances en el plan de acción pactado para mejorar la estructura legal en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Así lo dio a conocer esta semana la directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, Isabel Fernández, al informar que Panamá presentará proyectos de leyes. Con estas iniciativas el país busca actualizar la legislación penal, documentos sobre la reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y crear un borrador de una nueva ley antilavado que extenderá la obligación de reportar a esta entidad operaciones sospechosas. Según el plan de acción pactado entre el gobierno y el GAFI, Panamá debe aprobar las reformas antes de junio de 2015 y entonces el país podrá solicitar una revisión del organismo para ser retirado de la lista de jurisdicciones con deficiencias en sus estructuras de defensas ALD/CFT en la que se encuentra. La abogada Maruquel Pabón, ex coordinadora de asuntos del GAFI dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que los efectos de estar en la lista gris empiezan a sentirse en bancos y entidades financieras, que ven restringidas o cortadas las relaciones con sus corresponsales en el extranjero. Eso encarece los costos de los préstamos, lo que terminará afectando a los consumidores porque sus financiamientos serán más difíciles de obtener y eventualmente más onerosos. (Con información de Panamá On).

El contrabando comercial en Colombia se ha convertido en un canal utilizado por los traficantes de drogas, armas y seres humanos para lavar dinero. El comercio ilegal de mercancías a través de las fronteras—sin el pago de aranceles o impuestos—es una industria de US$6.000 millones al año, de acuerdo con el gobierno colombiano. El negocio del tráfico ilícito no sólo implica las redes del crimen organizado, sino también los intereses políticos de grupos de poder. El director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia dijo que los delincuentes ya no apuntan al sector financiero como su primera opción para el lavado de dinero desde que el gobierno creó un nuevo sistema para identificar y reportar el riesgo de delitos financieros en las empresas e instituciones financieras (Con información de Insight Crime).

Las autoridades federales de EEUU están investigando Wynn Resorts por posible actividad de lavado de dinero. La compañía hotel de Las Vegas está siendo investigada por las Oficinas del Fiscal Federal de Manhattan y Las Vegas y por investigadores del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Agencia contra las Drogas (DEA). Las autoridades estadounidenses han tomado medidas enérgicas para que los casinos refuercen sus programas de cumpliento para evitar el lavado de dinero y otros delitos financieros. El IRS le pidió al casino una lista con sus mayores clientes entre 2011 y 2013 y las políticas y procedimientos ALD/CFT de la compañía. (Con información de The Wall Street Journal).

Evasión Fiscal

En Argentina investigarán por lavado a quienes tengan cuentas en Suiza sin declarar—El titular de la UIF de Argentina, José Sbattella, señaló que el gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero—un delito que no prescribe— a quienes integran una lista de personas físicas y jurídicas con cuentas bancarias en Suiza sin declarar y que fueron denunciados por la agencia de rentas del país (AFIP). «Si no se avanza en la Justicia, estos casos van objetivamente a la impunidad, porque se terminan diluyendo las causas del delito económico, se las lleva a la larga, se juega a la prescripción y los que tenían que ser indagados quedan fuera», advirtió Sbattella en declaraciones a medios periodísticos. Sbattella asimiló la situación de la filial local del banco HSBC como facilitador de maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas, a los casos de las sucursales en Argentina del BNP Paribas y el JP Morgan, y cuestionó el «esquema dilatorio» de las estructuras judiciales, ante la capacidad de cabildeo que ejercen los estudios jurídicos. El funcionario precisó que en los casos del BNP «se está por concretar la indagatoria de la dirección francesa y de la filial argentina», mientras en la causa del JP Morgan es «mucho más evidente» la demora de la Justicia. «El argumento es que se pidieron exhortos a Estados Unidos hace cuatro años y aún no fueron respondidos», cuando es evidente que se trata de «los mismos clientes del HSBC que estaban fugando dinero», agregó. Sbattella destacó que esos casos requieren el «empuje estatal», y en ese sentido consideró importante la iniciativa de creación de una comisión bicameral que investigue las maniobras. El titular de la UIF rechazó el argumento de que la información entregada por el Estado francés no pueda ser utilizada como prueba, por haber sido extraída ilegalmente por un empleado del HSBC. «En Francia esa información fue utilizada para iniciar proceso de recuperación de dinero que ciudadanos franceses fugaron a Suiza, con lo cual los datos se validaron a nivel internacional», concluyó. (Con información de Ámbito Financiero).

Ciberseguridad y Ciberdelito

Empresas buscarán hasta 1.000 expertos en ciberseguridad en Madrid—Grandes multinacionales como Accenture, Indra, Telefónica, Symantec o S2 Grupo ofrecerán oportunidades laborales durante el primer Congreso europeo sobre Ciberseguridad que tendrá lugar en Madrid del 5 al 7 de diciembre. Las compañías, entre las que estarán también Deloitte, S21 Sec o GMV planean ofrecer hasta 1.000 puestos de trabajo en el foro de empleo que tendrá lugar durante la celebración de CyberCamp 2014, en la Casa de Campo. Las citadas empresas quieren incorporar a sus equipos más personal especializado en el ámbito de la ciberseguridad, según desvela el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organizador del evento. Miguel Rego, director general de este organismo, dependiente del Ministerio de Industria, explica que hoy trabajan en España más de 42.500 personas en el campo de la seguridad en la red y que el sector “crecerá exponencialmente en los próximos años”. Según Rego, CyberCamp nace precisamente con el objetivo de atraer el mayor talento en ciberseguridad, y fomentar el empleo y la innovación en esta área. La ciberseguridad se ha convertido en un área de negocio emergente La consultora Gartner prevé que el gasto mundial en ciberseguridad alcance este año los US$72.237 millones y estima que la cifra crecerá en torno al 10% en los próximos años. El evento contará además con actividades para emprendedores y talleres técnicos de hacking y seguridad gratuitos. (Con información de Cinco Días).

Un nuevo informe de Trend Micro muestra que Brasil es un mercado que ofrece servicios de entrenamiento para cibercriminales. Profesores en ciberdelito ofrecen capacitación «totalmente indetectable» en programación, cifrado y fraude a través de videos instructivos y lecciones por Skype. La alta penetración bancaria en línea y móvil de Brasil hace que el país sudamericano sea un blanco preferido para los delitos financieros en línea. Brasil fue el país más atacado por malware bancario, según los últimos datos de Kaspersky Lab (Con información de The Register).

Los hackers tienen aparentemente una nueva herramienta en su arsenal para quebrar las defensas cibernéticas de empresas, bancos y minoristas, y esta vez están tratando de desaparecer en una nube de humo: el cigarrillo electrónico. Un reciente post en el sitio social de noticias Reddit detalló cómo la computadora de un ejecutivo de un «gran empresa» se infectó con el malware de un e-cig que la persona compró en eBay que se originó en China. Una vez que la persona enchufó el cargador del cigarrillo en el puerto USB de su computadora, los delincuentes fueron capaces de infiltrar en la computadora (Con información de YahooNews).

Cumplimiento

Bermuda rechazó el pedido del Reino Unido para que creo un registro público de las corporaciones. El ministro de Finanzas de la jurisdicción indicó que el plan podía «dañar gravemente la economía [de las Bermudas]». El año pasado, el primer ministro británico, David Cameron, anunció planes para la creación de un registro mercantil que esté a disposición del público con la información de los beneficiarios finales detrás corporaciones formadas en el Reino Unido y sus territorios de ultramar y dependencias de la corona, incluyendo jurisdicciones como las Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y las Islas del Canal. Bermudas es el más rico de los territorios de ultramar. Los funcionarios del gobierno en Bermudas sostienen el registro los pondría en una «desventaja competitiva» frente a otras naciones que ofrecen servicios de compañías anónimas. (Con información de The Independent).[/private]

Los 10 principales temas que se abordaron en el reciente plenario del GAFI

[private]Por Daniela Guzman
12 de Noviembre de 2014

El Grupo de Acción Financiera Internacional tuvo su primera reunión plenaria del año entre el 22 y 24 de octubre para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. ACFCS revisó las notas de la reunión plenaria del GAFI para presentarle los diez temas más importantes que se abordaron en París.

1. Aclarar lo que significa “de-risk” o eliminación de riesgo

  • La crisis financiera mundial y casos de alto impacto público han asustado a las instituciones financieras y las han llevado a buscar eliminar el riesgo de algunos de sus negocios o clientes. El GAFI deja bien en claro que terminar o restringir las relaciones de negocios con clientes o eliminar categóricamente clientes para evitar el riesgo no es necesariamente una gestión o administración de riesgo. Dos puntos importantes sobre eliminación de riesgo:
    • La eliminación del riesgo en realidad puede introducir riesgos y opacidad en el sistema financiero mundial. Cuando se terminan o cierran cuentas, esas entidades están siendo empujadas a operar en canales menos regulados, lo que facilita el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
    • Es importante que los estándares y normas globales ALD / CFT sean comprendidos y aplicados adecuadamente y que los países y las instituciones financieras cuenten con apoyo, en lugar de deshacerse de asuntos que no entienden.

Conclusión: La eliminación del riesgo nunca debe ser una excusa para que un banco u otra institución eviten implementar un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo con los estándares del GAFI. Lea más aquí: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/rba-and-de-risking.html

 2. Frenar la financiación del terrorismo para el Estado Islámico

El Estado Islámico, también conocido como ISIS o ISIL, está recaudando entre US$1 y US$2 millones por día para financiar actividades terroristas, como por ejemplo ataques contra zonas pobladas por civiles en Siria e Irak. El grupo cuenta con avanzados métodos de recolección de dinero para su causa, y el GAFI destaca la importancia de aplicar sólidas medidas ALD/CFT para desarticular y prevenir una mayor financiación para este grupo. El Estado Islámico está sujeto a sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y actualmente exige a todos los Estados miembros prevenir y reprimir la financiación de terroristas. El GAFI recomienda:

  • Los países deben investigar activamente y penalizar la financiación de las organizaciones terroristas y terroristas individuales, incluso en ausencia de un vínculo con un acto terrorista específico.
  • Los países deben aplicar las sanciones financieras específicas sin demora y considerar incluir nuevas personas y entidades que cumplan los criterios de designación.
  • Asegurar que las organizaciones sin fines de lucro no estén siendo utilizadas por organizaciones terroristas para recolectar, mover o manejar los fondos.
  • Los países deben poner en práctica medidas preventivas adecuadas para evitar que el Estado Islámico tenga acceso al sistema financiero internacional y poner en práctica sistemas de declaración de efectivo, para el transporte de los instrumentos negociables al portador y de divisas (tanto de entrada como de salida). Asegurar la cooperación internacional e interinstitucional, incluyendo la extradición y la asistencia legal recíproca.

Conclusión: Los gobiernos y las instituciones financieras tienen que colaborar para garantizar políticas eficaces ALD / CFT para impedir que el apoyo financiero al Estado Islámico sea recolectado, usado y distribuido. Leer más desde el GAFI aquí: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfgeneral/documents/fatf-action-isil.html

3Identificar dos niveles de jurisdicciones que puedan suponer una amenaza para el sistema financiero mundial:

  • Irán y Corea del Norte son las dos jurisdicciones objeto de un pedido del GAFI a sus miembros y otras jurisdicciones para que apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional del constante riesgo de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que representan estos estados, que han sido acusados de apoyar el terrorismo y de intentar crear armas de destrucción masiva, junto con acusaciones de violaciones de los derechos humanos.
  • Argelia, Ecuador, Indonesia y Myanmar fueron designados países con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no se han comprometido con un plan de acción desarrollado conjuntamente con el GAFI para subsanar las deficiencias.
  • Estas jurisdicciones han desarrollado un plan de acción en conjunto con el GAFI para subsanar deficiencias ALD / CFT estratégicas: Afganistán, Kuwait, Papúa Nueva Guinea, Albania, Laos, Sudán, Angola, Namibia, Siria, Camboya, Nicaragua, Uganda, Guyana, Pakistán, Yemen, Irak, Panamá y Zimbabue.
  • Estas jurisdicciones ya no están sujetas al proceso continuo de cumplimiento global ALD/CFT del GAFI Argentina, Etiopía, Turquía, Cuba y Tayikistán.

Conclusión: Muchos países han abordado cuestiones de LD / FT y se han adherido a un plan de acción con el GAFI, algunos en forma tan exitosa que fueron sacados de las listas de cumplimiento por parte del GAFI. Sin embargo, algunas naciones muestran importantes deficiencias y no han tomado las medidas recomendadas.

4. La aprobación de la salida de Turquía del seguimiento dirigido de la tercera ronda de evaluaciones mutuas:

Turquía es una de las naciones que ha pasado los requisitos de la GAFI para el progreso de procesos de ALD/CFT. Desde la evaluación mutua del país realizado en febrero del 2007, Turquía ha:

  • Modificado el delito de lavado de dinero en el Código Penal, a través de la reducción del límite máximo de los delitos precedentes e incluyendo los elementos necesarios en las convenciones correspondientes de la ONU.
  • Adoptado nuevas reglas que fortalecen los requisitos sobre la debida diligencia y propiedad efectiva.
  • Adoptado un nuevo régimen sobre la prevención del financiamiento del terrorismo.

Conclusión: Turquía está poniendo en práctica un plan de acción creado por el GAFI, y también ha criminalizado el lavado de dinero y promovido la propiedad efectiva. Lea más aquí: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/plenary-outcomes-october-2014.html#turkeyexit

5. Acoger con satisfacción los progresos importantes de Japón en sus medidas legislativas y alentar al país a seguir haciendo frente a las deficiencias, incluso mediante la adopción de proyectos de ley pertinentes.

En junio de 2014, el GAFI expresó su preocupación por que Japón no había tomado medidas para remediar las numerosas y graves deficiencias detectadas en su tercera ronda de evaluación mutua de octubre de 2008, a pesar del compromiso asumido por la alta esfera política de Japón. En la reunión plenaria de octubre a Japón se le dio la aprobación por sus esfuerzos para hacer frente a los problemas.

6. Actualización sobre las mejoras ALD / CFT en Argentina, Cuba, Etiopía, Tayikistán y Turquía

Argentina – reformó y fortaleció la figura del delito de lavado de dinero, otorgó mayor alcance de las partes sujetas a la presentación de informes. Puso mayor énfasis en el delito la financiación del terrorismo, en particular con la penalización de la financiación de actos, personas y organizaciones terroristas. A través de la UIF, emitió una serie de resoluciones relacionadas con requisitos de diligencia debida y de mantenimiento de registros, así como otras medidas.

Cuba – Desde febrero 2013, cuando Cuba se comprometió políticamente para trabajar con el GAFI, logró un progreso significativo con la adecuada penalización del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con la implementación de procedimientos para identificar y congelar activos relacionados con el terrorismo, el establecimiento de adecuados requisitos de debida diligencia de los clientes y asegurar el funcionamiento de una eficiente UIF.

Conclusión: La criminalización de lavado de dinero / financiación del terrorismo y garantizar un eficiente funcionamiento de la UIF ha permitido a estas naciones avanzar con mejores medidas de cumplimiento. Leer más desde el GAFI aquí: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/plenary-outcomes-october-2014.html#update_amlcft

7. Revisión de los programas voluntarios de cumplimiento fiscal en varias jurisdicciones

En el plenario se presentó un informe actualizado sobre los programas voluntarios de cumplimiento fiscal de Argentina, Australia, Francia y Kirguistán. Se encontró que todos estos programas cumplen con los principios básicos del GAFI en la materia, que son:

  • Aplicación eficaz de medidas preventivas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
  • Prohibición de eximir requisitos ALD / CFT
  • Coordinación y cooperación a nivel nacional
  • Cooperación Internacional

Lea más acerca de los programas voluntarios de cumplimiento fiscal aquí: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/plenary-outcomes-october-2014.html#vtc

8. Adoptar y publicar guías sobre transparencia y la propiedad efectiva (beneficiario final) y la guía sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario

El documento sobre Transparencia y Beneficiario Final ayudará a los políticos y funcionarios nacionales a identificar, diseñar e implementar medidas basadas en el riesgo para prevenir el uso indebido de vehículos corporativos para el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros fines ilícitos. Estas medidas también apoyarán los esfuerzos para prevenir otros delitos graves, como delitos tributarios y la corrupción. El GAFI recomienda que los países tomen medidas para prevenir el uso de las personas y entidades jurídicas para fines delictivos, entre ellas:

  • La evaluación de los riesgos asociados a personas jurídicas e instrumentos jurídicos
  • Otorgando transparencia para las personas jurídicas e instrumentos jurídicos
  • Asegurar que información precisa y actualizada sobre el propietario final esté disponible, a tiempo y de manera oportuna, para las autoridades competentes.

La guía sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario va a ayudar a esta industria en el área de las mejores prácticas para identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que están expuestos para que puedan tomar medidas específicas para mitigar estos riesgos. Esta guía ayudará en el diseño e implementación de este enfoque para el sector bancario, teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo y el marco jurídico y normativo nacional.

Conclusión: El GAFI está presionando para eliminar el uso indebido de vehículos corporativos, promover la transparencia y la información sobre el beneficiario final, y para mejorar el enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de las actividades bancarias.

9. Expansión de la membresía del GAFI

El GAFI le da bienvenida a Malasia como un país observador. El GAFI trabajara en cooperación con el país para llegar a cumplir todos los requisitos para la membrecía completa de la GAFI.

 10. Escuchar una exposición del Presidente del Grupo Egmont sobre novedades en las unidades de inteligencia financiera y una cooperación más estrecha con el Grupo Egmont

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) están cambiando y se están adaptando a nuevos desafíos en el campo del lavado de dinero y financiación del terrorismo. El Grupo Egmont planea mejorar el intercambio de información y la cooperación internacional y adherirse a las normas internacionales y el desarrollo de las UIFs como las áreas clave. El grupo busca entender con mayor profundidad como distintos temas, tales como la independencia operativa, acceso a la información, apoyo analítico para las investigaciones, entre otros, son interpretados e implementados.

El grupo de las UIFs necesita estar muy al tanto de estas y otras cuestiones y ayudar a las UIF que son miembros a cumplir con los requisitos.

Conclusión: El GAFI, el Grupo Egmont, y otros organismos intergubernamentales que lideran la lucha contra la delincuencia financiera «no pueden trabajar en silos».

Lea más sobre el discurso del Grupo Egmont: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/speeches/Egmont-Group-speech-FATF-Plenary-Oct-2014.pdf[/private]

En Latinoamérica la legislación anticorrupción no ha sido aplicada con suficiente rigor, pero la tendencia estaría cambiando

[private]En América Latina las leyes y disposiciones para combatir la corrupción rigen desde hace bastante tiempo, pero no han sido aplicadas con suficiente vigor y por lo tanto se han mostrado inadecuadas, de acuerdo a un informe especial producido por Global Investigations Review (GIR) que explora el impacto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en América Latina; sin embargo el informe muestra tendencias alentadoras que sugieren que existiría un cambio de dirección para atacar con mayor precisión los actos de corrupción.

Benito Romano y Joseph Gallagher los autores de capítulo “Cumplimiento FCPA en Latinoamérica” examinan recientes tendencias en el cumplimiento y aplicación de la ley en la región y los esfuerzos de los gobiernos locales para aprobar y hacer cumplir las leyes anticorrupción locales. Los autores, que trabajan para la firma de abogados internacional Freshfields Bruckhaus Deringer, también consideran futuras prioridades en el cumplimiento de las obligaciones y requisitos anticorrupción en la región.

Según el informe, la región es un terreno fértil para medidas FCPA y ofrece varias muestras a este respecto, por ejemplo el hecho de que las autoridades de EEUU estén investigando posibles violaciones de FCPA por parte de Wal-Mart y Citigroup al realizar negocios en México, y que varias compañías como Grifols y Orthofix hayan dado a conocer potenciales actos de corrupción en recientes documentos públicos.

Según el informe, en el año 2011, casi el 25% de los casos FCPA del Departamento de Justicia involucraban a América Latina.

Durante varios años, el gobierno de EEUU ha realizado investigaciones enfocadas en industrias específicas, por ejemplo cuando el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) investigaron compañías de insumos médicos que sobornaban compañías prestatarias de servicios de salud y administradores que trabajaban para agencias extranjeras. Varias de estas investigaciones involucraron, por lo menos en parte, actos de corrupción en Latinoamérica.

Algunos ejemplos en el sector de la salud que se publican en el informe incluyen:

–El 24 de octubre de 2013, Stryker Corporation, una compañía estadounidense proveedora de insumos médicos acordó pagar a la SEC más de US$13 millones para resolver los cargos de que había violado la FCPA al pagar sobornos de US$2,2 millones a profesionales de la salud en Argentina, Grecia, México, Polonia y Rumania. Estos sobornos habrían generad ganancias por US$7,7 millones.

–El 20 de diciembre de 2012, la farmacéutica Eli Lilly acordó pagar más de US$29 millones por acusaciones similares en Brasil, China, Rusia y Polonia. El componente brasileño del caso involucra sobornos supuestamente pagados funcionarios de la salud de Brasil para obtener negocios estatales por US$1,2 milllones.

–El 10 de julio de 2012, Orthofix International, compañía de artefactos médicos con sede en Curazao, acordó pagar US$2,2 millones para resolver acusaciones de que a través de una filial pagó aproximadamente US$300.00 a funcionarios mexicanos para obtener contratos por millones de dólares.

Como se señala anteriormente, Orthofix recientemente dio a conocer posibles nuevas violaciones a la FCPA en Brasil

–El 26 de marzo de 2012, la estadounidense Biomet también llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia con relación al pago de sobornos por US$1,5 millones a empleados estatales de salud en Argentina, Brasil y China, que fueron registrados como comisiones u honorarios por consultoría. Biomet acordó pagar una multa de US$17 millones.

Además de otros casos corporativos muy importantes y de remarcada resonancia pública, como por ejemplo la multa de US$800 millones a Siemens, el caso de Hewlett Packard (HP) en México o Ralph Lauren en Argentina, EEUU también apuntó a personas físicas por violación de la FCPA. Según el informe, entre 2013 y 2014, el Departamento de Justicia acusó a varios empleados de casas de corretaje y funcionarios extranjeros en conexión con un importante caso de soborno que involucró al banco estatal de desarrollo venezolano BANDES.

Los empleados habrían sobornado a un alto oficial del BANDES para quedarse con negocios del banco. La investigación del Departamento de Justicia culminó con el arresto del CEO y del socio de la firma de corretaje, que fueron acusados de conspirar para pagar sobornos a BANDES.

Otros casos contra individuos tuvieron lugar en el sector petrolero, por ejemplo en conexión con el caso Pride International, una firma del sector con sede en Houston que llegó a un acuerdo de procesamiento diferido luego de que una auditoría interna diera a conocer evidencia de soborno, Pride acordó pagar una multa por más de US$32 millones con relación a sobornos de US$804.000 para funcionarios de Venezuela, India y México. En el caso Pride, la SEC presentó cargos contra el ex gerente en Venezuela de Pride, quien acordó pagar una multa de US$25.000. El año anterior, otro ex ejecutivo de Pride había acordado pagar una multa de US$40.000 por acusaciones similares.

Hace tiempo que América Latina cuenta con herramientas legales para combatir la corrupción pero no han sido utilizadas en todo su potencial y por lo tanto no han sido muy certeras para combatir la corrupción y el pago de sobornos en muchos casos e industrias. Según una encuesta realizada por la Universidad Vanderbilt, cerca del 40% de los encuestados provenientes de Haití, Bolivia y Ecuador indiciaron que algún funcionario público les había solicitado el pago de un soborno en el último año, según el informe que agrega que esos números mejoran solo un poco para México y Perú, que dieron un 31% y 28% respectivamente.

Sin embargo, recientes acontecimientos sugieren que Latinoamérica está endureciendo sus esfuerzos anticorrupción. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México han firmado el Convenio Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y por lo tanto acordaron tipificar el soborno de funcionarios públicos extranjeros con relación a transacciones comerciales internacionales. Varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, forman parte de las convenciones anticorrupción de las Naciones Unidas y de la OEA y han promulgado sus propias leyes o normas anticorrupción:

Brasil–Los esfuerzos anticorrupción de Brasil avanzaron significativamente el 28 de enero de 2014, cuando fue promulgada la Ley Anticorrupción. La ley responsabiliza a compañías por manipulación del procedimiento de ofertas públicas, fraude en las licitaciones y por soborno de funcionarios domésticos y extranjeros.

Argentina—A pesar de que el país no tiene un historial brillante en investigaciones y casos anticorrupción (según una investigación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica solo 10 individuos fueron sentenciados en 750 investigaciones de corrupción entre 1983 y 2007), en 2013 la Cámara de Diputados presentó una serie de proyectos de ley para facilitar la investigación y procesamiento de delitos relacionados con la corrupción. Como por ejemplo la extensión del plazo de prescripción para casos de corrupción que involucren funcionarios públicos y la creación de una comisión nacional contra la corrupción para investigar funcionaros públicos, el refuerzo de las protecciones que se ofrecen a informantes, testigos y víctimas de corrupción pública, entre otros. Argentina ha investigado y procesado recientemente funcionarios públicos por ofensas relacionadas con actos de corrupción.

Colombia—En 2011, Colombia aprobó el Estatuto Anticorrupción, una amplia política que ofrece al gobierno nuevas herramientas para atacar la corrupción y mayores penas para aquellos que son encontrados culpables.

México—El país promulgó su Ley Federal Anticorrupción el 12 de junio de 2012. De manera similar a la FCPA, esta ley hace responsables a individuos y empresas por dar u ofrecer dinero o regalos a cambio de una ventaja comercial en relación con contratos públicos en México. Las multas pueden oscilar entre US$ 5.000 y US$ 250.000 para individuos y de US$ 50.000 a US$ 10 millones para las empresas. La multa puede incrementarse en un 50% si el importe de la ganancia obtenida como resultado de la actividad corrupta excede el monto máximo de la multa, y se puede reducir hasta en un 70% si un infractor se auto informa.

Chile—La ley de responsabilidad penal para las entidades legales permite que las compañías que operen en el país mitiguen o eviten responsabilidad por ciertas actividades delictivas, incluyendo sobornos, con la implementación de adecuados controles para la prevención interna. Para que estos controles sean considerados adecuados, deben ser certificados por auditores externos o compañías de calificación de riesgo supervisadas por agencias gubernamentales. Las autoridades han investigado varios funcionarios públicos por delitos relacionados con la corrupción, incluyendo 42 funcionarios y ex funcionarios por haber aceptado sobornos para cambiar registros criminales y funcionarios del Ministerio del Interior y la policía de investigación por una manipulación de licitación pública para beneficiar compañías propiedad de familiares de funcionarios gubernamentales.

Según el informe se han identificado varias tendencias en la aplicación de la FCPA pero que ninguna de estas representaría un gran cambio en la dirección actual.

  • El Departamento de Justicia y la SEC seguramente seguirán apuntando sus investigaciones a países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y seguirán utilizando delatores para identificar nuevos casos.
  • EEUU seguramente seguirá apuntando a industrias clave donde el riesgo de corrupción es alto, tales como la industria de gas y petróleo.
  • Mayor cooperación entre agencias de EEUU y con sus homólogas en otros países
  • EEUU seguramente continuará recompensado la cooperación, impulsará mayor transparencia y esfuerzos para alcanzar robustas soluciones que fortalezcan el cumplimiento FCPA.
  • Seguramente los países con mayor exposición a las inversiones extranjeras, tales como Argentina, Brasil y México, sean los más agresivos en la lucha contra la corrupción. Posiblemente se promulguen nuevas leyes o se fortalezca la aplicación de anticorrupción existente.

Por último, destaca el informe, según una reciente encuesta a las firmas de abogados de Latinoamérica, citado en el informe, se espera que los temas relacionados con la corrupción y el soborno permanezcan como una prioridad para la agencias de ley y reguladores de la región.

Puede hacer clic aquí para leer el capítulo del informe especial

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Tendencias en Delitos Financieros: Caen 400 websites que vendían productos ilegales; Emirates deja de ser auspiciante de la FIFA; Cinco bancos pagarán US$3.300 millones, y más

[private]Esta semana Tendencias en Delitos cubre la salida de Emirates como auspiciante de la FIFA; el aumento de penas por delitos económicos y corrupción en Chile; 71 allanamientos en Argentina a bancos, financieras y casas de cambio; Cinco bancos —HSBC, Royal Bank of Scotland Group, UBS, Citigroup y J.P. Morgan Chase—  llegaron el miércoles a un acuerdo para pagar unos US$3.300 millones a los reguladores estadounidense, británico y suizo; y mucho más…

Delitos Económicos

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, señaló esta semana que el Ministerio Fiscal había iniciado este año, hasta octubre, 784 investigaciones de delitos económicos en la provincia de Barcelona. Especificó que 414 de esos casos todavía se encuentran en fase de investigación y los otros 370 ya están calificados, es decir, que las pesquisas han finalizado y están pendientes de fecha de juicio. El fiscal jefe ha explicado que solo hay siete fiscales adscritos a la provincia de Barcelona, lo que se traduce en que cada uno esos fiscales lleva 112 procedimientos. Para el año 2013, la mayoría de delitos en Barcelona fueron contra el patrimonio, 391.101; se cometieron 86.492 delitos de lesiones, y 236 contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El fiscal jefe es optimista con la salud de la que goza la Administración de Justicia: si bien «cuenta con menos presupuesto que otros países europeos, no funciona peor que en ellos». (Con información de Expansión).

Chile aumentará penas por delitos económicos y corrupción. El ministro de Justicia de Chile, José Antonio Gómez, afirmó la semana pasada que el gobierno presentará una reforma del Código Penal para aumentar las penas por delitos económicos y corrupción. Gómez reconoció que la corrupción y los delitos económicos tienen una penalidad muy baja en Chile, porque la legislación actual otorga beneficios y reduce el castigo en esos casos a los condenados que no tienen antecedentes penales. Esta situación lleva a que los delitos económicos terminen en penas alternativas como multas, pero difícilmente concluyan en condenas de cárcel, según el ministro. “Lo vamos a cambiar (…) tenemos a un equipo trabajando y cinco profesionales muy conocidos y a fines de marzo vamos a presentar el nuevo Código Penal”. También reconoció que existe entre la ciudadanía una “sensación de impunidad” para quienes cometen este tipo de delitos, y consideró que los cambios en esta materia son a largo plazo. En los últimos años se han registrado algunos escándalos de corrupción y fraudes empresariales que han sacudido a la opinión pública, pero que en la mayoría de los casos no se han saldado con condenas de cárcel para sus responsables. (Con información de El Mostrador).

Ciberdelito

EEUU se apodera de 400 websites que venden productos ilegales. Las autoridades de Estados Unidos, en colaboración con las agencias de otros 16 países, señalaron el viernes pasado que incautaron más de 400 sitios web de los llamados de «mercado negro» (dark market) que ofrecían mercancías ilegales utilizando la red Tor. Los sitios web que fueron aprehendidos por la policía comercializaban una gran variedad de bienes ilegales, incluyendo drogas, tarjetas de crédito robadas, documentos de identidad falsos y armas. La operación derribó más de 400 direcciones de sitios web en la red Tor, así como los servidores que eran utilizados. Los websites y los servidores fueron incautados el jueves pasado tras el arresto de Blake Benthall, conocido como «Defcon», por su presunta participación en la operación de Silk Road 2.0. Las autoridades estadounidenses señalaron que las incautaciones fueron la mayor acción policial tomada contra sitios web ilegales que operan en la red Tor, una red de computadoras que busca ocultar la ubicación de los usuarios. A los sitios incautados solo se podía acceder a través de la red Tor, señalaron funcionarios de Estados Unidos, que agregaron que todos estos sitios publicitaban abiertamente sus productos en sus páginas y utilizaban el «mercado negro» para ofrecer anonimato. Los sitios aceptan pagos en Bitcoin u otra moneda virtual también en busca de anonimato, según las autoridades. (Con información de The Wall Street Journal).

Corrupción

Los países extranjeros que ayuden a China a atrapar a funcionarios corruptos que se hayan fugado del país con ganancias ilícitas pueden compartir hasta el 80% de los activos que se encuentren y confisquen, según un experto. Como parte de la “Operación Caza de Zorro 2014” (“Operation Fox Hunt 2014”) que fue lanzada recientemente, 180 fugitivos de delitos económicos han sido extraditados a China, o convencidos para que regresen, según el Ministerio de Seguridad Pública. Compartir los activos confiscados con países que ayudan en las extradiciones es una convención internacional. Canadá y Francia acordaron con China compartir los activos confiscados a fugitivos. Australia señaló el mes pasado que ayudará a China a congelar y devolver los activos de funcionarios chinos corruptos que se hayan ido del país. China firmó acuerdos de extradición con 38 países, pero no con Canadá, Australia y Estados Unidos, los tres “paraísos” para los fugitivos chinos. China busca establecer una red anticorrupción en la cumbre de la APEC en Beijing que se realiza esta semana para mejorar la cooperación regional contra la corrupción. (Con información de FCPA Blog)

Emirates deja de patrocinar a la FIFA tras las acusaciones de corrupción vinculada a la votación para la sede de la Copa del Mundo. Emirates, la aerolínea más grande del mundo, es el primer patrocinador en abandonar el órgano rector del fútbol y dijo que no extenderá su contrato actual, que finaliza este año. Otros importantes socios de la FIFA incluyen a Adidas, Coca-Cola, Hyundai Motor, Sony y Visa. FIFA está en conversaciones con Qatar Airways para que reemplace a Emirates, según el periódico alemán Spiegel. La FIFA anunciará los resultados de la investigación sobre la votación de la sede este mes. Un tercio de los votantes que participaron en la elección de Qatar como anfitrión de la Copa Mundial han renunciado o han sido suspendidos. (Con información de Bloomberg).

Lavado de Dinero

Acusan en Estados Unidos de lavado de dinero a ex alcalde mexicano. Erick Agustín Silva Santos, ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue acusado por un gran jurado del sur de Texas de lavado de dinero y otros delitos financieros. La Oficina del Procurador Federal para el Suroeste de Texas informó en un comunicado que un gran jurado federal en Brownsville presentó los cargos en julio pasado, pero el caso se mantuvo sellado hasta este lunes. Silva Santos, quien fue alcalde de Matamoros entre enero de 2008 y diciembre de 2010, fue acusado de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico. De acuerdo con la Oficina del Procurador, Silva Santos confabuló para apropiarse de fondos de campaña, recibir sobornos y robar fondos públicos, desde incluso antes de asumir su cargo como alcalde. La acusación sostiene que el ex funcionario transfirió los fondos a diversas cuentas bancarias en Estados Unidos para lo cual hizo declaraciones falsas y falsificó documentos. Según las autoridades federales, Silva Santos utilizó luego parte de los fondos para invertir en certificados de depósito en Estados Unidos y en las Bermudas. El ex alcalde es considerado un fugitivo por las autoridades federales de Estados Unidos, que solicitan la colaboración del público para dar con su paradero. (Con información de Milenio)

En Argentina se allanan 71 bancos, financieras y casas de cambio por evasión y fuga. La agencia de rentas de Argentina, AFIP, encabezó esta semana allanamientos simultáneos en 71 domicilios de empresas, bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas a partir de una denuncia realizada por la propia agencia. Los procedimientos conducidos por 250 agentes de la autoridad fiscal incluyeron oficinas del Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii (ex MBA Lazard) y Caja de Valores. La causa por evasión fiscal y presunto lavado de dinero investiga a cuatro compañías que operaron en el mercado financiero con títulos públicos, durante 2014, por 120 millones de pesos (unos US$14 millones) y que carecían de capacidad económica y financiera para realizar transacciones de esa magnitud. Según indicó la autoridad fiscal en un comunicado, “las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra-venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y, así, permitirles la fuga de capitales”. La estrategia oficial para combatir el mercado ilegal de divisas alcanzó a todos los eslabones de una cadena que vincula, desde grandes compañías exportadoras hasta cuevas improvisadas. Esta semana el Banco Central citó a declarar a cuatro empresas de distintos rubros y, por primera vez, a nueve individuos por presuntas operaciones en el mercado ilegal de divisas. Esta semana, la AFIP también suspendió la clave de identificación tributaria a treinta empresas sospechadas de fugar divisas a través de sobrefacturación de importaciones. (Con información de Página 12).

Fraude

Cinco bancos —HSBC, Royal Bank of Scotland Group, UBS, Citigroup y J.P. Morgan Chase—  llegaron el miércoles a un acuerdo para pagar unos US$3.300 millones a los reguladores estadounidense, británico y suizo con el fin de terminar las acusaciones de intento de manipulación del mercado de divisas. Los acuerdos cerrarán las prolongadas investigaciones que han llevado a cabo la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido —FCA, por sus siglas en inglés—, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos —CFTC, por sus siglas en inglés— y la Finma de Suiza. Estas investigaciones indican que los bancos, en algunos casos incluso aún el año pasado, llevaban a cabo actividades diseñadas para mover uno de los mercados más grandes e interconectados del mundo en beneficio de sus propias posiciones de negociación, a veces a costa de sus clientes. Las malas prácticas llevaban realizándose desde la pasada década y, lo que es más importante, siguieron hasta hace poco. La FCA dijo que había detectado problemas en octubre de 2013. Esa fecha es más de un año después de que las autoridades estadounidenses y británicas comenzaran a castigar a los bancos por sus intentos de manipular la tasa de interés interbancaria de Londres, o Libor. (Con información de Wall Street Journal).

El regulador suizo de los mercados financieros suizo, Finma, también advirtió esta semana por medio de cartas a varios empleados y ex empleados de UBS que afrontan posibles acciones legales por su presunto papel en actos de negligencia en los mercados de divisas, según fuentes cercanas a la situación. Las misivas del regulador se enviaron a aproximadamente a diez empleados y ex empleados del banco suizo, señalaron las fuentes. Las cartas indican que los receptores son sospechosos de malas prácticas y les dan la oportunidad de responder a las advertencias y defenderse. (Con información de Wall Street Journal).[/private]

Las compañías no están preparadas para administrar el riesgo reputacional, muestra un informe

[private]La mayoría de las compañías con presencia internacional que participaron de una encuesta encargada por Deloitte (76%) confía en la solidez de sus reputaciones, sin embargo esta confianza cae cuando se trata de proteger y responder a riesgos reputacionales, de hecho solo el 19% de las compañías se calificaría con una A por su capacidad para administrar tales riesgos.

La encuesta Reputation@Risk fue realizada por Forbes Insights por encargo de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) a más de 300 ejecutivos de compañías que representan las principales industrias y regiones geográficas.

La encuesta global encontró que el 39% de las empresas estima que sus programas de administración de los riesgos de reputación se encuentra en o por debajo de la media, y sin embargo estos tipos de programas pueden ser clave para sortear un serio ataque reputacional.

Aquellos encuestados de empresas que habían experimentado una situación que afectó de alguna manera su reputación informaron que las áreas que se vieron más afectadas por este evento fueron la facturación y (41%) y la pérdida de valor de la marca (41%).

A medida que crece el escrutinio en las relaciones con terceros también crecen los riesgos. Además de la pérdida de facturación y valor de marca, el 37% de los ejecutivos encuestados indicó que las investigaciones de los reguladores eran otra gran consecuencia.

«Las compañías están preocupadas por las consecuencias que puede traer una escalada de problemas reputacionales,» dice Henry Ristuccia, líder global de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, de Deloitte.

La encuesta revela las preocupaciones por parte de los ejecutivos y sus puntos de vista sobre potenciales consecuencias del riesgo de reputación, incluyendo:

  • El riesgo reputacional es una principal cuestión estratégica de negocios: el 88% de los ejecutivos se están centrando explícitamente en el riesgo reputacional como un desafío clave del negocio.
  • Ejecutivos de alto nivel son responsables del riesgo de reputación: La responsabilidad principal sigue estando en las manos del presidente ejecutivo o CEO (36%), director de riesgos (21%), consejo de administración o junta directiva (14%) o el director financiero (11%).
  • Los clientes son los grupos de interés más importantes para la gestión de riesgo de reputación (81%): Otros actores clave incluyen a reguladores (73%), alta gerencia (68%), empleados (68%) e inversionistas (65%).
  • Las empresas están menos seguras cuando se trata de los riesgos que están fuera de su control directo: Estos riesgos incluyen temas relacionados con terceros (47%), los ataques de la competencia (44%) y otros peligros o catástrofes (44%).
  • Las compañías están invirtiendo para mejorar la gestión de riesgo reputacional: más de la mitad de las empresas (57%) dicen que planean abordar el riesgo de reputación mediante la inversión en tecnología como herramientas de análisis y monitoreo de la marca, así como la gestión de crisis y la planificación de escenarios.

Los principales conductores de riesgo reputacional estaban relacionados con la ética y la integridad (55%), como el fraude, el soborno y la corrupción; seguido de los riesgos de seguridad (45%), tanto física como cibernética; y los riesgos de productos y servicios (43%). Se espera que estos tres conductores sigan siendo los principales factores por lo menos durante los próximos tres años. Las relaciones con terceros es otra área de riesgo emergente, ya que las empresas están siendo cada vez más responsabilizadas por las acciones de sus proveedores y vendedores.

«Es difícil cuantificar la pérdida que las empresas experimentan durante un evento de reputación negativa», señala Ristuccia. «Sin embargo, la historia reciente demuestra que un problema puede tomar vida propia, no solo afectando otros aspectos de las operaciones de una empresa, con importantes ramificaciones financieras y la pérdida de valor de la marca, sino también con un cambio de toda una industria, con mayores investigaciones y un aumento de las regulaciones».[/private]

La guía del GAFI va de la mano con otras iniciativas internacionales que buscan mayor transparencia de las corporaciones

[private]Por Brian Monroe
4 de Noviembre de 2014

La semana pasada publicamos que el GAFI abordó con un interesante documento muchos aspectos del complicado tema del beneficiario final, uno de los principales desafíos en el campo de la investigación de delitos financieros y prácticas de debida diligencia.

El documento emitido por el GAFI “Guidance on Transparency and Beneficial Ownership” (algo así como Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final) será muy bienvenido por un creciente número de grupos de profesionales y agencias de ley que buscan mayor transparencia corporativa.

Si bien la guía en gran parte aclara y recopila las recomendaciones existentes del GAFI, algunos expertos dicen puede resultar demasiado difícil para muchos países implementar estas pautas, y puede impactar en la actual ronda de evaluaciones de países en lo que respecta a los esfuerzos por eliminar la opacidad corporativa.

El documento se presenta en un momento de mayor conocimiento e información sobre cómo los vehículos corporativos mal utilizados, y un grupo muy heterogéneo y disperso de normas internacionales relacionadas con la recopilación de datos sobre el propietario final, pueden ayudar a los delincuentes a acceder al sistema financiero mundial y obstaculizar los esfuerzos de investigación. El GAFI establece tres estrategias para que los países puedan obtener información sobre los propietarios “finales” detrás de las personas jurídicas: crear una base de datos de los registros de compañías, requerir que las compañías mantengan su propia información, o utilizar información disponible.

Los nuevos acuerdos de intercambio de datos financieros añaden impulso a la reforma por una mayor transparencia

El documento del GAFI se basa en recomendaciones previas publicadas en 2012, y es un reconocimiento adicional de que en el campo de los delitos financieros, «casi todos los caminos conducen a una estructura de propiedad que oculta el verdadero beneficiario de los fondos», dijo Kelvin Dickenson, Vicepresidente de soluciones de cumplimiento para Alacra con sede en Nueva York.

También llega en un momento en que los sistemas tributarios globales están poniendo cada vez más presión sobre las instituciones para que identifiquen a las personas físicas detrás de sus clientes que son personas jurídicas. La semana pasada, funcionarios de 51 jurisdicciones firmaron un acuerdo para el intercambio automático de información fiscal en el marco de la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo Económico (OCDE), formalizando su compromiso de compartir los datos a partir del 2017 y 2018 con la intención de atacar mejor la evasión fiscal. La OCDE también por primera vez, declaró que la información sobre el propietario final también se debe compartir.

En su guía el GAFI señala que los datos recopilados sobre el propietario final de las personas jurídicas no sólo deben estar disponibles para las autoridades en forma y tiempo, el grupo también instó a que la información sea pública, lo que podría ofrecer un recurso clave para las funciones de diligencia debida de los clientes.

A pesar de que los acuerdos de intercambio de datos de la OCDE son un gran paso adelante, es crucial que las autoridades de estas regiones no se pierda una «gran oportunidad para aprovechar la información para una gama más amplia de investigaciones financieras,» dijo Heather Lowe, asesora legal y directora de los asuntos de gobierno para Global Financial Integrity, en Washington, añadió que, en muchos países, los datos que se obtienen en investigaciones por delitos tributaros son «prácticamente amurallados» de los investigadores que indagan sobre otros delitos financieros.

La más reciente ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, o revisiones de los regímenes ALD de un país, se han centrado no solo en el hecho de si los países cuentan con el marco jurídico y normativo adecuado, pero qué tan eficaces estas leyes y regulaciones han sido para la prevención de la delincuencia financiera.

En análisis e informes anteriores, la OCDE y el GAFI han señalado que, incluso en evaluaciones que no se centran en la eficacia, la mayoría de los países «no cumplieron adecuadamente con las recomendaciones», dijo Robert Palmer, profesional que trabaja para la organización Global Witness.

«Los países han estado haciendo un mal trabajo incluso para aprobar las leyes, por no hablar de asegurarse de que se apliquen adecuadamente» en términos de recoger y comprobar la información sobre propietarios finales, dijo. «Casi todos los países de la OCDE y del GAFI cuentan con una mala calificación en el tema de beneficiario final. Es un umbral muy bajo».

En Estados Unidos, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), a principios de este año propuso su propia regulación sobre beneficiario final para requerir a los bancos que identifiquen los dueños de las entidades legales al momento de abrir una cuenta utilizando un sistema de dos puntas.

El banco debe recopilar datos sobre cualquier persona que posea el 25% o más de la empresa, y debe obtener información sobre un individuo que cuente con «significativa responsabilidad » para el control de la entidad. La propuesta, sin embargo, tiene una importante falencia en el hecho de que el banco no tiene otra manera de verificar la información que proporcionan las compañías, tales como una base de datos nacional con información sobre dueños y propietarios finales.

Sin Excusas

En muchos casos, las jurisdicciones han pegado el grito en el cielo, y les han avisado a los funcionarios del GAFI que sus leyes les impedirían dar con un marco que permita recopilar, almacenar o verificar información sobre el propietario final, dijo Lowe. «Con la guía, el GAFI está eliminando esa excusa argumentando que ahora hay muchas opciones para algo que se ajuste al ordenamiento jurídico» de cada país.

La guía también reitera que los nominees (testaferros o autorizados) no pueden ser utilizados para ocultar la propiedad final y requiere que profesionales, tales como abogados y contadores que también son proveedores de servicios corporativos, participen en un proceso profundo de debida diligencia para descubrir la necesaria información sobre el beneficiario final.

El Reino Unido está preparando actualmente legislación que establecería una base de datos pública sobre información de beneficiarios finales, incluyendo información como nombres, direcciones y el porcentaje de participación de las personas, aunque algunos de esos detalles no estarán disponibles para todo el mundo en la versión final de la regulación.

La Unión Europea está considerando la posibilidad de un registro mercantil similar para toda la UE que incluiría información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas como parte de la 4ta Directiva. Aún no está claro si la información se podrá hacer pública, ya que podría entrar en conflicto con las normas de privacidad de datos.

Los detalles del GAFI sobre cómo la transparencia en torno al tema de la propiedad efectiva puede ser legislado e implementado «empuja la agenda hacia adelante», dijo Dickenson. Agregó que la meta es «tirar de la cortina y exponer las estructuras de propiedad de una manera más eficiente. Eso es bienvenido y muy constructivo».

«Mi sensación es que esto podría ser un punto delicado para los países durante el proceso de evaluación, para demostrar que las fuerzas del orden, y posiblemente otros, tiene acceso a tiempo de esta información», continuó.

Aun así, aunque los países en términos generales están tratando de abordar el tema de la transparencia de las empresas, habrá «conflicto y tensión con las leyes de privacidad de datos», dijo Dickenson.

«Ese es un problema bastante complejo», señaló. «Tiene que haber un equilibrio entre la transparencia y los derechos razonables de privacidad. Pero también hay que tener en cuenta que el hecho de mantener ciertas cosas demasiado privado puede ayudar al lavador de dinero».[/private]