Goodyear es acusado en EE.UU. de pagar sobornos y violar la ley anticorrupción de EE.UU.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a la compañía de neumáticos Goodyear de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) debido a que sus filiales pagaron sobornos para obtener ventajas comerciales en Kenia y Angola.

Goodyear, una de las compañías fabricantes de neumáticos más grandes del mundo, con sede en Ohio y con fábricas en 22 países y venta de neumáticos en prácticamente todos los países del mundo, acordó pagar más de US$16 millones para desestimar los cargos de la SEC.

De acuerdo con la orden de la SEC Goodyear falló en prevenir o detectar sobornos por más de US$ 3,2 millones durante un período de cuatro años, debido a inadecuados controles para el cumplimiento de la ley FCPA en sus en el África subsahariana. Los sobornos fueron generalmente pagados en efectivo a los empleados de empresas privadas o entidades de propiedad del gobierno, así como otras autoridades locales, como la policía o funcionarios municipales. Los pagos indebidos se registraron fraudulentamente como gastos legítimos de negocios en los libros  de las sociedades controladas que se consolidaron en los libros de Goodyear.

«Las empresas públicas deben mantener registros contables precisos, y los controles de cumplimiento laxos de Goodyear permitieron una rutina de pagos corruptos por partes de las filiales africanas que se ocultaban en los libros contables», dijo Scott W. Friestad, Director Asociado de la División de Cumplimiento de la SEC. «Este acuerdo asegura que Goodyear debe renunciar a todas las ganancias ilícitas producto de negocios obtenidos por sobornos a funcionarios extranjeros, así como a empleados de empresas comerciales en Angola y Kenia».

Según la orden de la SEC la filial de Goodyear en Kenia sobornó empleados de la Autoridad Portuaria, Fuerzas Armadas Organización Canteen, Nzoia Sugar Company, la Fuerza Aérea de Kenia, del Ministerio de Carreteras, del Ministerio de Defensa, East African Portland Cement Co., y Telkom Kenya Ltd. La filial de Goodyear Ltd. en Angola sobornó empleados de la mina de diamantes Catoca, que es propiedad de un consorcio de intereses mineros incluyendo compañía minera nacional de Angola Endiama E.P. y la minera rusa ALROSA. Otros sobornados en Angola trabajaban en UNICARGAS, Engevia Construction and Public Works, Electric Company of Luanda, National Service of Alfadega, and Sonangol.

Goodyear no negó ni admitió los cargos de la SEC. El acuerdo refleja el autoinforme de la empresa, medidas correctivas inmediatas, y una significativa cooperación con la investigación de la SEC.

Goodyear también emprendió acciones disciplinarias contra ciertos empleados, incluidos directivos de Europa, Medio Oriente y África, que tenían la responsabilidad de supervisar las operaciones, por no haber asegurado una adecuada capacitación  para el cumplimiento de la FCPA y controles pertinentes para las filiales de la compañía en el África subsahariana.

Goodyear también implementó mejoras en su programa de cumplimiento, tanto para sus operaciones en el África subsahariana como internacionales. En África, las mejoras incluyen capacitación anticorrupción en línea y presencial para los gerentes, vendedores y personal de finanzas de las filiales; auditorías regulares, por parte de la auditoría interna, especialmente enfocadas en riesgos de corrupción;

cuestionarios trimestrales de autoevaluación trimestrales por parte de cada filial en cuanto a negocios con clientes afiliados al gobierno; certificaciones trimestrales de gestión de cada filial que cubran entre otras cosas los controles sobre los informes financieros; y una prueba anual de los controles internos en cada filial.

Goodyear debe pagar restitución de US$ 14.122.525 – que comprende las ganancias ilícitas de la empresa en Kenia y Angola – más intereses de US$2.105.540. Goodyear también debe informar de sus esfuerzos de remediación FCPA a la SEC durante un período de tres años.

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La Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE ya cuenta con 85 jurisdicciones signatarias

Esta semana Seychelles se convirtió en el 85 signatario de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE. La firma de la Convención representa un paso importante en los esfuerzos de Seychelles para mejorar su marco jurídico y las prácticas en materia de intercambio de información con fines fiscales.

Ocho países de América Latina y España son signatarios de la convención. Las 85 jurisdicciones que participan de la convención.

El Convenio establece todas las formas de asistencia administrativa en materia tributaria: el intercambio de información previa solicitud, el intercambio espontáneo, el intercambio automático de información, exámenes de impuestos en el extranjero, inspecciones tributarias simultáneas y asistencia en la recaudación de impuestos, a la vez que se protegen los derechos de los contribuyentes.

La Convención ha sido desarrollada en forma conjunta por la OCDE y el Consejo de Europa en 1988 y fue enmendada en 2010 para responder a un pedido del G-20 para ajustarla a la norma internacional sobre intercambio de información y para abrirla a todos los países, en particular para asegurar que los países en desarrollo puedan beneficiarse de un nuevo entorno más transparente. La Convención sigue siendo un elemento clave en la agenda de transparencia fiscal del G-20, que ha pedido reiteradamente a todas las jurisdicciones firmar la Convención y ha pedido al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que informe sobre los progresos realizados por los miembros en relación con la firma del Convenio.

Desde el año 2009 el G-20 ha alentado constantemente a los países para que firmen la convención y entre los 85 países firmantes se encuentran todos los miembros del G-20, BRIICS, casi todos los miembros del OCDE, importantes centros financieros y un creciente número de países en vías de desarrollo.

La Convención facilita la cooperación internacional para un mejor funcionamiento de las leyes fiscales nacionales, respetando los derechos fundamentales de los contribuyentes. La Convención enmendada establece todas las formas posibles de cooperación administrativa entre los países para la evaluación y recaudación de impuestos, en particular, con el fin de luchar contra la elusión y evasión fiscal. Esta cooperación se extiende de intercambio de información, incluidos los intercambios automáticos, para el cobro de créditos fiscales extranjeros.

La Convención ha adquirido cada vez más importancia tras la llamada del G-20 para que el intercambio automático se convierta en el nuevo estándar internacional de intercambio de información tributaria, y el posterior desarrollo del Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras.

Dado que la Convención presenta un instrumento ideal para implementar el intercambio automático, las autoridades competentes de los países han firmado un acuerdo multilateral bajo el artículo 6 de la convención, que provee el marco para el intercambio automático de la información. Los acuerdos deben especificar qué información será intercambiada y cuándo. Si bien el acuerdo es multilateral, los intercambios son bilaterales.

Uso de la información para combatir la criminalidad

La información obtenida a través de la Convención puede ser adecuada a otros propósitos como por ejemplo la persecución de delitos financieros graves. La Convención permite tal uso cuando: (i) dicha información puede ser utilizada para esos otros propósitos según la legislación del Estado parte que la suministra y (ii) la autoridad competente de dicho Estado autoriza tal uso.

Flexibilidad

La Convención enumera una serie de reservas que los países firmantes pueden efectuar dependiendo de los impuestos cubiertos (por ejemplo, impuestos locales) o del tipo de asistencia que se ofrece (por ejemplo, asistencia en la recaudación). Las reservas pueden realizarse en el momento de la firma o cuando se deposite el instrumento de ratificación también pueden realizarse o retirarse en un momento posterior. Determinadas formas de cooperación como por ejemplo el intercambio automático de información y las inspecciones fiscales en el extranjero exigen el previo consentimiento de las partes afectadas.

Cuentas financieras y titulares

El ámbito de información a intercambiar mediante este sistema es muy amplio. Abarca todo tipo de cuentas financieras, como por ejemplo depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, seguros o rentas, e incluirá datos referentes a saldos, importes percibidos por rentas o transmisiones, así como la identificación de la persona o entidad titular y de quien efectivamente controle la cuenta.

En 2017 se iniciará el intercambio automático de información que se realizará anualmente y de forma automática, es decir, sin necesidad de requerir a las autoridades fiscales extranjeras información referente a algún caso individualizado por haberse encontrado indicios de fraude.

Las agencias de rentas de los países signatarios tendrán acceso a un sistema de intercambio de información automática y estandarizada de todo tipo de cuentas financieras, lo que conllevará un mejor control del fraude fiscal.

Lea la Convención

Tendencias en Delitos Financieros: Banamex bajo investigación de lavado en EE.UU.; Fraude millonario a la seguridad social en España, y más

Equipo de ACFCS
27 de febrero de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además que en Italia los bitcoins y otras criptomonedas no estarán sujetas a las obligaciones ALD; detalles sobre el ciberdelito en México; Ecuador buscar reforzar la cooperación con España en la lucha contra el ciberdelito y el lavado de dinero, y mucho más…

Lavado de dinero

Citigroup anunció el jueves que la sucursal estadounidense de su filial mexicana Banamex es objeto de investigaciones de varias autoridades por posible lavado de dinero, un nuevo capítulo en el escándalo por fraude que involucra a estos bancos. Banamex USA recibió en los últimos meses citaciones judiciales de parte del fiscal general del estado de Massachusetts, de la agencia de garantía federal de depósitos bancarios (FDIC por sus siglas en inglés) y del departamento del Tesoro de EE.UU., reveló en su informe anual Citigroup. Estas autoridades le exigen presentar documentos vinculados con el secreto bancario y el lavado de dinero, precisa Citigroup, agregando que «coopera» con la investigación. Banamex, grupo bancario mexicano que tiene algunas sucursales en Estados Unidos y fue comprado por Citigroup en 2001, es el eje de dos casos de fraude en México que provocaron pérdidas por millones de dólares el año pasado para el grupo estadounidense. En febrero de 2014, el banco estadounidense debió tomar a su cargo 235 millones de dólares por un caso de fraude concerniente a Oceanografía (OSA), una subcontratista de la compañía petrolera estatal Pemex a la que Banamex había otorgado préstamos. (Con información de Andina)


Policía Nacional y la Guardia Civil de España realizaron esta semana once detenciones y otros tantos registros en una operación conjunta contra una red liderada por ciudadanos chinos con vinculaciones con los países del este dedicada al blanqueo de capitales en Madrid y Sevilla. La mayoría de los arrestados son de origen chino aunque también hay algún ciudadano bielorruso. El modus operandi de los integrantes de esta banda sería similar al utilizado por Gao Ping. Los integrantes de este grupo delictivo introducían la mercancía y los productos en España y no los declaraban, obteniendo así sustanciosas ganancias. Tal es así que al mes sacaban del país de forma ilegal unos  tres millones de euros que hacían llegar finalmente a bancos del gigante asiático. Fuentes de la investigación calculan que podrían haber sacado unos veinte millones de euros. En las primeras actuaciones, los agentes se han incautaron de 700.000 euros en efectivo. La operación sigue en curso. (Con información de ABC)


Italia declara que las casas de cambio de Bitcoin y otras criptomonedas no están sujetas a los requisitos antilavado de dinero. Lo ha hecho el Banco Central de Italia (Banca d’Italia) en declaraciones sobre el uso de las monedas virtuales publicadas recientemente. En concreto esta declaración la realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco Central de Italia en una directiva fechada el 2 de febrero 2015, en la que establece que las casas de cambio Bitcoin y de otras monedas virtuales no están obligadas a cumplir con las regulaciones para la identificación de los clientes ni para la prevención del lavado de dinero. La declaración especifica que, si bien la empresa no está sujeta a ninguna regulación en este momento, sí lo están los propietarios de dichas empresas al crear una cuenta bancaria o al recibir cualquier servicio de una entidad financiera regulada quedando regulado, por tanto, de forma indirecta a través de los bancos que no van a querer colaborar con clientes que no cumplan con las obligaciones ALD y de conocer al cliente. (Con información de Bitcoin Magazine)

Fraude

Una empresa de un paraíso financiero que fue usada para transacciones ilegales por parte de un banquero venezolano condenado en Estados Unidos por un fraude multimillonario tipo pirámide, figura como beneficiaria de una cuenta en la filial suiza del HSBC, según documentos obtenidos por Univisión. La filial está bajo investigación por presuntamente permitir una evasión masiva de impuestos a nivel mundial. La cuenta fue abierta a nombre de la firma Rowberrow Trading Corp.  y Franciso Illarramendi es el banquero venezolano que fue condenado en una corte federal en Connecticut. La estafa golpeó especialmente a los fondos de pensiones y ahorros de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA. En febrero de 2015, Illarramendi  fue condenado a 13 años de prisión por delitos de fraude financiero y apropiación ilegal de US$20 millones. (Con información de Univisión)


La Policía Nacional de España ha detenido a 68 personas e imputado a otras 98 en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo. Tras investigar un total de 28 empresas ficticias, los agentes han esclarecido 713 delitos de falsificación y estafa y han destapado un fraude de 2.345.867 euros simulando relaciones laborales en los sectores de hostelería, construcción, limpieza, jardinería y mensajería. Entre los implicados se encuentran los administradores mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude. La investigación se inició varios meses luego de que se detectara un importante número de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara. Las denominadas empresas ficticias, entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividades laborales en los ámbitos antes mencionados. Así, sus supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos períodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. De esta forma, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros. (Con información de El País)

Ciberdelito

El comisionado general de la Policía Federal de México, Enrique Galindo, informó que de diciembre de 2012 a enero de 2015 hubo 59.233 incidentes relacionados con ataques cibernéticos. El comisionado dijo que en ese período han recibido 30.000 reportes telefónicos ligados con ese delito, de los cuales 53% son contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26% contra ámbitos académicos y 21% contra el sector privado. Explicó que las principales delitos en el ciberespacio son la suplantación y robo de identidad con 68%; mientras que el fraude cibernético es de 17% y ataques a sitios web es de 15%. El funcionario precisó que la Policía Federal desactivó 5.549 sitios web apócrifos, que usurpaban la identidad de instituciones financieras y gubernamentales con fines de fraude y que con esas acciones se evitó una pérdida económica cerca de los $1.100 millones (unos US$74 millones). La suplantación de identidad de sitios web auténticos busca engañar a las personas para que proporcionen datos confidenciales como nombres de usuario y contraseñas. (Con información de Vanguardia)


El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, se reunió hoy en Madrid con el vicepresidente del Tribunal Supremo español, Ángel Juanes Peces, y con su homóloga, Consuelo Madrigal, a los que manifestó su deseo de reforzar la cooperación en la lucha contra el ciberdelito y el lavado de dinero. En un comunicado de la Embajada de Ecuador en Madrid se informó de que Chiriboga presentó también a sus interlocutores la propuesta del Gobierno de su país de crear un Tribunal para la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que, según dijo, cuenta con el apoyo de fiscales de Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador, según informó la embajada de Ecuador en Madrid. El fiscal general de Ecuador y actual presidente de la Asociación de Fiscales Iberoamericanos abogó por una mayor cooperación con España contra los ciberdelitos y el lavado de dinero. (Con información de Embajada de Ecuador en España)


El vice fiscal general de Colombia. Jorge Fernando Perdomo Torres, indicó que las investigaciones deben estar atentas a las nuevas redes cibercriminales para enfrentar delitos. Perdomo Torres dio a conocer esta semana los resultados de la lucha contra el cibercrimen y cómo prevenir esta modalidad delictiva. Perdomo Torres aseguró que se debe trabajar de manera colaborativa para minimizar riesgos en internet, al tiempo que precisó que el derecho penal tradicional no es suficiente para encarar el ciberdelito. Frente a las nuevas modalidades de crimen, el funcionario aseguró que en las investigaciones deben tenerse en cuenta las nuevas redes que utilizan los cibercriminales para poder abarcar cualquier campo en que pretendan actuar. El jefe de delitos informáticos de la Fiscalía precisó que a diario se atacan delitos informáticos en Colombia y que «la cultura de autoprotección en medios electrónicos es muy baja en nuestro país». (Con información de El Heraldo)

Evasión Fiscal

El presidente de HSBC Holding, Douglas Flint, dijo esta semana a legisladores británicos que el banco está padeciendo daños en su reputación por la supuesta mala praxis de su banca privada suiza, y acusó a la antigua cúpula directiva de la filial de falta de supervisión. Flint compareció ante el Comité de Hacienda del Parlamento junto al consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver, y dijo que el análisis de los clientes ha sido históricamente mucho más pasivo en el banco privado suizo de lo que es ahora, y que ambos directivos están trabajando para sanear el banco y mejorar los controles a nivel mundial. A principios de febrero, los medios publicaron información de clientes describiendo maneras en que el banco suizo de HSBC les habría supuestamente asesorado para evitar pagar impuestos. Además publicaron listados con los clientes que están en listas de sanciones en Estados Unidos o que fueron expulsados en la Primavera Árabe. La fiscalía de Ginebra registró las oficinas de la filial suiza de HSBC como parte de una investigación por supuesto blanqueo de capitales. Buena parte de la sesión se centró en los asuntos personales de Gulliver, que se vio arrastrado al escándalo de evasión fiscal que afecta al banco después de que el periódico The Guardian señalara que el ejecutivo había desviado fondos a una cuenta suiza a través de una empresa panameña. Gulliver tenía unos 5 millones de libras en una cuenta suiza y se ha domiciliado en Hong Kong por razones fiscales y legales, informó el diario The Guardian en un artículo. (Con información de The Wall Street Journal).

A pesar de las regulaciones y otros esfuerzos, una corrupción generalizada afecta el crecimiento y la reputación de México

Por: Daniela Guzman
19 de Febrero

El panorama financiero y político de México es una verdadera dicotomía. El país ha crecido hasta convertirse en una potencia económica y un líder en el sector industrial y comercial, pero la delincuencia organizada, de la mano de los carteles de la droga, y la corrupción política han manchado lo que de otra manera podría interpretarse como una historia exitosa.

El soborno y otras formas de corrupción pueden reducir en miles de millones de dólares los niveles de crecimiento de un país, según estimados del Banco Mundial. Los actos de corrupción, en especial aquellos cometidos por personas que trabajan para agencias y fuerzas de ley a instancias de los carteles de la droga, también puede llenar de vergüenza y traer conflicto entre los ciudadanos del país.

A pesar de que México es uno de los principales países en América Latina en alzar las voces contra el flagelo de la corrupción, esto ha sucedido básicamente en los papeles.

El país cuenta con una serie de políticas, agencias y protocolos para la prevención del fraude y el soborno pero, en términos generales, tales medidas han fracasado para impedir los negocios ilícitos, como lo demuestran las tasas endémicas de delitos teñidos de corrupción.

El abogado Luis F. Ortiz del bufete de abogados OCA Law Firm radicado en la ciudad de México, tiene extensa experiencia con investigaciones, litigio, y consultoría en el ámbito anticorrupción, y pinta un panorama de su país.

“El tráfico de influencias, la extorsión y el soborno son las formas más comunes de corrupción que encontramos en México, y el lavado de dinero sigue siendo un problema aún no resuelto que se conjunta con el soborno para crear la tormenta perfecta: un país con un estado de derecho cuestionable, una gobernanza débil y un mar de oportunidad para la corrupción”, señala Ortiz.

“El sexenio en curso se ha llenado pronto de escándalos y estos involucran a empresas y políticos, fallas en los proceso de contratación son visibles junto con fraudes que involucraron instituciones bancarias.”

Transparencia Internacional señala que México ha obtenido una calificación de 35, donde cero es altamente corrupto y 100 es muy limpio.

Además, según estimados del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción le cuesta a México aproximadamente $ 1.500 millones por año. Las empresas mexicanas reservan un 10% de sus ganancias para sobornos y «comisiones» para poder operar, según el mismo estudio.

Una de las deficiencias más evidentes de México en términos de corrupción es uno de los baches más reciente y salvaje.

A finales de septiembre del año pasado, agentes de la policía, que más tarde se supo que cumplían órdenes de líderes de los carteles, secuestraron a decenas de estudiantes, y los entregaron a bandas de narcotráfico para supuestamente ser torturados y masacrados. Los investigadores desenterraron varias fosas comunes y han encontraron cuerpos calcinados.

Algunos de los estudiantes desaparecidos han sido identificados, pero las autoridades y los familiares tienen que esperar por evidencia de ADN para confirmar muchos otros.

Además de provocar la condena nacional e internacional y entorpecer el crecimiento de un país con el drenaje de las arcas públicas, la corrupción también recorta drásticamente la inversión extranjera.

Un escándalo de soborno altamente mediatizado en la filial mexicana de una de las compañías minoristas más grandes del mundo, Walmart, reveló graves ilegalidades cometidas por ejecutivos de alto nivel en 2005, y la sospecha de pagos indebidos de hasta US$24 millones.

En este acto de corrupción se violaron tanto las leyes de México como de Estados Unidos y dejó graves cicatrices en la reputación y presupuesto de la empresa: la investigación le costó a Walmart US$439 millones entre 2012 y 2014, una de las investigaciones más caras en la historia de Estados Unidos.

La corrupción es un problema costoso en México, que ha llevado a las autoridades y al sector privado a combatirla a través de varios esfuerzos legales.

Si bien existen leyes que prohíben el soborno y maniobras ilegales en México, la implementación y la capacitación son componentes clave y necesarios para la erradicación de la corrupción, que faltan tanto en calidad como en cantidad en todo el país.

Tanto las empresas mexicanas como las extranjeras que están establecidas en México deberían conocer a esta altura los riesgos involucrados en la región, y deberían estar al tanto de las obligaciones legales a las que están sujetas a fin de establecer e implementar una eficiente estrategia de cumplimiento, según los analistas.

México ha firmado tres convenciones internacionales anticorrupción: de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas.

Además, las compañías estadounidenses –y algunas mexicanas y extranjeras bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que coticen en mercados de EE.UU. o cuenten con filiales en EE.UU. — están sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA), que sanciona actos de corrupción de ciudadanos y entidades en todo el mundo.

El Pacto por México fue firmado en 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto y los jefes de los principales partidos políticos del país. El pacto, que busca unir a los ciudadanos y al gobierno en una causa común para combatir la corrupción, enfatiza la transparencia.

Del mismo modo, se promulgó una ley en junio de 2012 contra la corrupción en los contratos públicos federales. La ley asegura que los procedimientos de los contratos públicos sean llevados a cabo bajo marcos legales transparente y obliga a los propietarios de negocios a competir en igualdad de condiciones.

Algunos los han comparado con la ley FCPA de EEUU, pero el abogado y experto anticorrupción mexicano Luis Ortiz señala que este concepto es incorrecto.

“Efectivamente, hay profesionistas que tienden a comparar las dos leyes, lo cierto es que solamente se parecen en su redacción”, señala Ortiz y agrega que habría que hacer un estudio mucho más profundo para fundar esta aseveración tomando en cuenta lo siguiente:

La ley ha desatado un debate por la exclusión de otro tipo de contratos públicos, como los municipales y estatales, que no están mencionados. También, la ley impone sanciones administrativas, a diferencia de la FCPA, que impone el peso civil y penal.

La ley mexicana, sin embargo, sanciona a ciudadanos mexicanos y extranjeros por delitos vinculados a los contratos públicos con alcance federal,  y a ciudadanos mexicanos por infracciones relacionadas con transacciones comerciales internacionales.

La ley impone multas a individuos de entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos de México DF. Para las entidades, pueden ser de 10.000 a 20.000 salarios. La persona o entidad también tendrá prohibido firmar acuerdos públicos durante un cierto período, dependiendo de la gravedad de la violación.

Sin embargo, Ortiz dice que está lejos de ser una ley completa e integral contra la corrupción.

“Lo cierto es que México cuenta con leyes administrativas, fiscales y criminales que pudieran, en conjunto hacer las veces de los efectos del FCPA , que fue promulgada en 1977,” según Ortiz. “Sin embargo para lograr el efecto, un caos legal y todo el aparato de Estado debería volcarse sobre el inculpado para lograr el efecto ‘books and recordkeeping’, lograr sanción criminal, lograr una recuperación de activos (y esto es altamente cuestionable) y el Deferred Prosecution Agreement o el Non Prosecution Agreement estarían fuera de la ecuación”.

Desafortunadamente, la ley no aclara si la persona o la entidad tiene que conocer sobre el delito cometido para ser sancionada.

La aplicación e interpretación de ese claroscuro queda en las manos de las autoridades donde ocurre el contrato público. La Secretaría de la Función Pública, es la única autoridad a cargo de investigar cualquier posible acción ilegal.

“La legislación empezó a activarse muy tarde y parte de la responsabilidad de ello fue que la autoridad encargada ha sido irregular en su gestión,” dice Ortiz.

Independientemente de la ley de contratos, el código penal federal sanciona el soborno y el tráfico de influencias.

Distintas medidas como el programa nacional para la transparencia y la lucha contra la corrupción 2008-2012 presentan campañas para promocionar una cultura de la legalidad y anticorrupción así como la distribución de manuales de capacitación para proporcionar a los servidores públicos y ciudadanos en el sector privado con orientación sobre conductas éticas en sus relaciones con el sector público.

Sin embargo, un estudio del equipo Legal y de Fraude de Ernst and Young señala que el 38% de los profesionales en la alta gerencia en México considera que el soborno es un paso necesario para obtener contratos.

Bruno Blackmore, líder del grupo de EY señaló en una conferencia de prensa que la percepción de la corrupción en México creció del 60% al 65% en dos años, lo que significa que más de la mitad de los que respondieron a la encuesta consideran a su país corrupto.

“Si decimos que el fraude es predominante y la corrupción ha crecido en México, entonces ¿qué estamos haciendo?”, señala Blackmore.

Entrenar al equipo y supervisar a los terceros es esencial para erradicar la corrupción, especialmente en México, un país que está formando una estructura legal compleja, junto con un aumento de oportunidades de crecimiento económico con riesgos acompañantes. Ortiz dice que la implementación de una política de cumplimiento efectiva empieza con buen entrenamiento.

“Generalmente, la empresa multinacional ha tomado cuenta de la situación y de la ley y la ha incorporado a su programa de compliance para dar entrenamiento a las áreas clave como ventas, marketing y legal”, dice. “El entrenamiento más efectivo es aquel que es presencial, al menos 2 veces por semana y que va de la mano con una política seria con un sistema de sancionador y la integridad como bandera”.

Para acompañar este artículo, la ACFCS ha realizado una entrevista con el experto Diego Sierra, socio del bufete de abogados Von Wonbeser & Sierra, S.C.  Sierra tiene más de una década de experiencia y es la cabeza de la práctica anticorrupción. Sierra ha dirigido varios casos de alto-nivel de anticorrupción, incluyendo investigaciones de múltiples jurisdicciones, y programas de cumplimiento para clientes enfocados en la FCPA. Para leer la entrevista, haga clic aquí.

Tendencias en Delitos Financieros: Ex presidente de Panamá bajo investigación por corrupción, Brasil busca vínculos entre Petrobras y HSBC, lavado a través de operaciones con oro, y más

Equipo de ACFCS
19 de febrero de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la situación del ex presidente panameño Ricardo Martinelli por supuestamente haber inflado contratos públicos, el arresto de 32 personas de EEUU y México en un ardid para lavar unos US$100 millones a través de operaciones con oro, España analizará las redes sociales en las investigaciones que realice en busca de defraudadores, los vínculos que Brasil busca entre HSBC y Petrobras, y mucho más.

Corrupción

El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli habría inflado contratos a través de los programas sociales por unos US$45 millones durante su gobierno. Martinelli, cuyo mandato finalizó en julio, voló en su jet privado desde Panamá a Miami, a través de Guatemala, la semana pasada luego de que la Corte Suprema acordara respaldar una investigación. Su avión luego continuó a Italia, según el periódico panameño La Prensa.  Por unanimidad nueve jueces de la Corte Suprema de Panamá la semana pasada votaron a favor de permitir que un fiscal especial investigara las acusaciones de que Martinelli habría ordenado al jefe del Programa Nacional de Asistencia de Panamá inflar y aprobar contratos para comprar alimentos deshidratados. El nuevo presidente Juan Carlos Varela asumió el cargo en julio con la promesa de atacar duramente la corrupción. (Con información de Bloomberg).

La agencia tributaria de Brasil está investigando vínculos entre cuentas no declaradas en HSBC y el escándalo de corrupción de Petrobras. La agencia, conocida como la Receita Federal, está investigando si una docena de personas involucradas en el esquema de sobornos con la petrolera estatal tenían cuentas en el banco en Suiza. Entre los sospechosos de tener cuentas secretas está un ex gerente de Petrobras, un cambiador de dinero que operaba en forma ilegal, y dos ejecutivos de empresas de ingeniería y equipos de aceite que tenían contratos con Petrobras. Receita lanzó una investigación más amplia para determinar si  que determinar ciudadanos de Brasil  participaron en la apertura de 6.600 cuentas no declaradas en el área de banca privada de HSBC. (Con información de Reuters).

Grandes inversionistas internacionales se han desprendido de acciones Petrobras conforme la petrolera estatal brasileña enfrenta la crisis más grande de su historia en medio de acusaciones de corrupción. Inversionistas incluidos Soros Fund Management, que invierte a nombre del inversionista multimillonario George Soros y su familia; BlackRock Fund Advisors; y Fidelity Management Research, redujeron sus participaciones en la empresa en el cuarto trimestre, cuando el escándalo de corrupción cobró fuerza. (Con información de Wall Street Journal)

Evasión Fiscal

La agencia tributaria del Reino Unido señaló esta semana que están planeando investigar las acusaciones de que la división de banca privada en Suiza de HSBC ayudó a sus clientes a evadir impuestos, a pesar de que el denunciante original, que fue el encargado de sacar los datos a la luz, Herve Falciani, afirmó que ya en el año 2010 la agencia debería haber sabido los detalles. HSBC ha sido objeto de un intenso escrutinio luego de que periodistas de investigación, utilizando los datos adquiridos, emitieran un informe donde se revelara que personal del banco habría hecho un esfuerzo extra para reclutar clientes ayudándolos a evadir impuestos e incluso con vínculos con funcionarios extranjeros corruptos y traficantes de armas. Otros países, incluyendo Estados Unidos, podrían seguir el ejemplo (Con información de la BBC).

HSBC ha publicado disculpas en varios periódicos luego de las acusaciones. El anuncio es una carta firmada por el presidente ejecutivo Stuart Gulliver, que dice que la reciente cobertura ha sido una «experiencia dolorosa». La Comisión de Hacienda del Reino Unido está programando iniciar una investigación sobre las acusaciones. El HM Revenue and Customs se reunió con la policía de la Oficina de Fraudes Graves (Serious Fraud Office) para ampliar el alcance de la investigación hacia las cuentas en Suiza de HSBC. En la carta de Gulliver, dirigida a los clientes del banco y al personal, intentó tranquilizar a los clientes actuales y potenciales de que la operación de banca privada del banco suizo fue “reformada completamente” desde que las supuestas actividades habrían ocurrido hace 8 años. (Con información de BBC).

Lavado de Dinero

La Corte Suprema de Canadá por unanimidad dictaminó que ciertas partes de la legislación antilavado de dinero del país y contra financiamiento del terrorismo no se aplicarán a los abogados, basándose en la idea de que tal dinámica podría destruir los deberes de los abogados de representar a sus clientes. Según el dictamen, los abogados no deben estar obligados a recoger y enviar información al gobierno sobre posible actividad sospechosa de sus clientes. Canadá incluyó a los abogados en los requisitos antilavado de dinero en 2001, cuando fueron obligados a reportar actividad sospechosa de los clientes a la unidad de inteligencia financiera del país. Desde entonces, los abogados han luchado por eliminar esta obligación, aunque no se han impuesto sanciones a los abogados. (Con información de  Reuters).

Treinta y dos personas de Estados Unidos y México son acusadas de dirigir un ardid internacional que involucraba el cambio de oro por efectivo y que lavó más de US$100 millones obtenidos en EE.UU. para el poderoso cartel de Sinaloa en México, según un documento dado a conocer la semana pasada. Los lavadores de dinero del cartel utilizaron el dinero producto de la droga para la compra oro fino y chatarra para luego enviarlo a refinerías de metales en los estados de Florida y California. Las refinerías luego enviaban los pagos del oro directamente a México. La denuncia describe la intensa presión que los delincuentes de más bajo rango sienten de los jefes del cartel. (Con información de The Guardian).

Los conflictos entre ejecutivos preocupados por recortar los crecientes costos del cumplimiento antilavado e investigadores internos de la vieja escuela, con antecedentes en las agencias de ley, han producido un éxodo de decenas de gerentes clave durante el último año en JP Morgan Chase, según varios miembros actuales y ex miembros del grupo de investigación. El banco, que ha pagado miles de millones de dólares en multas vinculadas con fallas en los controles del delito financiero, está buscando reequipar las operaciones de cumplimiento con un enfoque mayor en sistemas automatizados y eficiencia en los programas. Algunos ex gerentes creerían que tal enfoque podría ser contraproducente debido a que se enfocaría más en la cantidad de las alertas procesadas que en la calidad de la inteligencia que se envía a los investigadores federales. (Con información de Reuters)

La Agencia de Crimen Nacional del Reino Unido (NCA) está investigando el vínculo entre las casas de lujo y lavado de dinero. La NCA  le pidió a la agencia tributaria del Reino Unid por qué se recaudaron £ 100 millones en un año de un impuesto más alto del esperado para viviendas de lujo, casi cinco veces más de lo esperado por el gobierno. Los propietarios de viviendas que pagan el impuesto de hasta £ 143.750 al año pueden mantener sus identidades ocultas a través de fideicomisos y empresas ficticias en el extranjero (Con información de Bloomberg).

La Unidad de Inteligencia Financiera de EEUU, FinCEN, impuso en enero una multa de US$10 millones al casino Trump Taj Mahal por fallas en los controles antilavado de dinero. El acuerdo es la sanción más grande jamás impuesta por FinCEN a un casino, reforzando el compromiso de la agencia de supervisar la industria de los juegos de azar. Taj Mahal admitió haber violado los protocoles ALD luego de que un procedimiento de bancarrota descubriera fallas en las políticas de control de cumplimiento. En un momento el IRS le señaló al casino que existían discrepancias entre los nombres y los números de seguro social de algunos clientes. Otros operadores de casino han-sido objeto de recientes investigaciones de lavado de dinero, incluyendo Wynn Resorts Ltd., Las Vegas Sands Corp., y Caesars Entertainment Corp. (Con información de Wall Street Journal).

Fraude

Un año después de descubierto el fraude de la empresa Oceanografía, el mexicano Manuel Medina Mora anunció este viernes su renuncia a la copresidencia de Citi, propietario de Banamex, y uno de los mayores grupos financieros del mundo. Un ejecutivo que forjó su carrera dentro de Banamex, Medina Mora es el mexicano que ha escalado la posición directiva de mayor responsabilidad en Citi. La unidad de Banca de Consumo Global es una de las que mayor ingreso y dividendos aportan al grupo. En México, además de dirigir Banamex, ha sido también presidente de la Asociación de Bancos de México. El 28 de febrero del año pasado, Banamex reveló que fue defraudado por la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, quien actualmente está  preso y sujeto a proceso penal. La empresa petrolera defraudó a Banamex con unos US$400 millones, que afectaron la utilidad global de Citi. La quiebra provocó la renuncia de Javier Arrigunaga Gómez del Campo, quien dirigía al Grupo Financiero Banamex y de otra decena de altos ejecutivos de la institución. (Con información de La Jornada)

La Agencia Tributaria de España analizará las redes sociales en las investigaciones que realice en busca de defraudadores. Los funcionarios de Hacienda ya revisan algunas de estas plataformas digitales en busca de signos externos de riqueza que no se correspondan con la renta del usuario. Pero también usará las redes sociales para completar los vínculos familiares, de negocios y personales de los supuestos defraudadores. De esta forma, el fisco podrá controlar, por ejemplo, los negocios ocultos de un supuesto evasor y su círculo empresarial. La Agencia también usará programas informáticos que rastrearán Internet en busca de información del contribuyente investigado. La Agencia cuenta ya con un grupo de funcionarios que se dedican a repasar webs, blogs y otras plataformas de Internet en busca de indicios de fraude. (Con información de El País)

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) le pidió a la compañía china Alibaba más información sobre una disputa con la agencia china Administración Estatal para la Industria y Comercio (SAIC). SAIC publicó un informe que criticaba a Alibaba por falta de supervisión de productos falsos que se vendían en su plataforma online. SAIC luego dio marcha atrás en forma pública, pero la SEC todavía está pidiendo más información sobre los artículos supuestamente ilícitos. La SEC tiene jurisdicción sobre la compañía china debido a que cotiza en la bolsa de Nueva York. Recaudó US$25.000 millones en la salida a bolsa el año pasado. La compañía dijo que estaba cooperando con la investigación informal de la SEC (con información de The New York Times).

Swiss Leaks: el escandalo crea muchas dudas sobre las reformas en el cumplimiento bancario y la realidad de la transparencia financiera

Por Daniela Guzmán
12 de febrero de 2015

Expertos en cumplimiento ALD señalan que dentro del universo de segmentos de negocios dentro de una entidad financiera, la unidad de banca privada es sin duda la que merece el nivel más alto de escrutinio.

Chris Focacci, experto en ALD, ex banquero privado y fundador de AML Source dice que la unidad de banca privada requiere un mayor nivel de diligencia debida y de protocolos conozca a su cliente (KYC) al momento de abrir una cuenta o entablar una relación y de un robusto programa de monitoreo, especialmente debido a la naturaleza de los clientes.

«En la banca privada hay individuos de grandes patrimonios y empresas, fideicomisos, entidades y estructuras corporativas que pueden ocultar la titularidad», dijo Focacci.

HSBC, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, con una unidad de banca privada de 150 años de antigüedad buscada por los millonarios en todo el mundo, decidió asumir el riesgo y el negocio del cliente.

Según “Swiss Leaks”, una catarata de información que se dio a conocer por primera vez esta semana, HSBC ha estado ocultando dinero no declarado, y algunas veces ilícito, durante años hasta el año 2007, cuando contaba con US$100.000 millones en activos.

El caso HSBC parte de un tema mucho más complejo y arraigado. A pesar de los esfuerzos globales para impulsar el intercambio de información financiera y la transparencia corporativa, todavía existen bastiones de secretismo bancario en todo el mundo, ofrecidos por instituciones financieras, países y jurisdicciones, y una base de clientes de alto poder adquisitivo dispuestos a utilizarlos.

Expertos estiman que unos US$7,6 billones se encuentran en paraísos offshore en el extranjero, lo que le cuesta a las arcas de los estados por lo menos US$200.000 millones por año.

El bueno, el malo, y el rico

En 2008, un empleado de HSBC salió de la compañía con el tesoro más grande robado en la historia del banco: cinco discos de la información confidencial.

Herve Falciani es el denunciante / ladrón que filtró los datos del banco a gobiernos y periodistas de todo el mundo, que llevó a un aluvión de interrogantes sobre las actividades del banco.

«Los bancos como HSBC, han creado un sistema para hacerse ricos a costa de la sociedad, y en este proceso ayudan a evadir impuestos y lavar dinero», señaló Falciani en una entrevista en julio de 2013, con la publicación Der Spiegel.

Según la información, publicada en un análisis realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas Internacionales (ICIJ) el domingo pasado, la unidad de banca privada de HSBC Holdings PLC manejó cuentas –muchas secretas y no declaradas ante las autoridades impositivas— durante años para unos 100.000 clientes en 200 países.

El documento presentado por ICIJ sugiere que la división de banca privada de HSBC facilitaba la evasión y elusión fiscal, lo que iba en contra de la propia política de la institución de cumplimiento legal y normativo. HSBC en un primer momento insistió en que ICIJ destruyera los datos.

El documento también revela algunos detalles más preocupantes: algunas de esas cuentas pertenecían a presuntos terroristas, narcotraficantes, comerciantes de diamantes de sangre demás y actores ilícitos.

El dinero sucio depositado en las impolutas bóvedas del banco suizo pasó inadvertido durante años, hasta ahora.

Según la filtración, empleados del banco permitieron a los clientes mantener sus cuentas a pesar de evidencia que sugería que éstas no estaban declaradas ante las autoridades fiscales en el país de origen del cliente. En comunicación con los clientes incluso se habló cómo se podía evitar impuestos a través de la creación de corporaciones offshore.

Una carta de febrero de 2005 para los clientes por parte del director de operaciones de la división de banca privada en Suiza de HSBC, Colin Wyss, y el jefe de impuestos del banco, Denis Soussi, ilustra ese mantra, «Usted debe ser consciente de las diferentes opciones que existen para atenuar el efecto económico de este impuesto».

“Los estándares eran mucho más bajos que en la actualidad”, dice HSBC.

Frank Morra, el director ejecutivo (CEO) de la filial suiza de HSBC, dijo en un comunicado que la nueva dirección había cerrado las cuentas de clientes que «no cumplían con nuestros altos estándares», de acuerdo con la declaración escrita del banco a los medios de comunicación:

“HSBC Global Private Banking y en particular la banca privada en Suiza han experimentado una transformación radical en los últimos años…En el pasado, la industria de banca privada en Suiza operaba muy distinto a como lo hace ahora. Las operaciones de banca privada, incluyendo la de HSBC, asumía que la responsabilidad por el pago de impuestos recaía sobre los clientes individuales, en lugar de las instituciones que les abrían las puertas”.

La declaración elogia los cambios normativos en todo el mundo para mejorar el intercambio de información, como por ejemplo la ley FATCA, el Common Reporting Standard de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y otros acuerdos impositivos bilaterales que previenen que se escondan activos de las autoridades.

Según el banco, se produjo un enorme cambio en la estructura de cuatro divisiones comerciales de HSBC, incluyendo la banca privada.

Parte de este cambio fue el desarrollo de una política de transparencia fiscal en 2012 y la promesa de cerrar cuentas y rechazar negocios cuando la unidad tenga motivos para creer que el cliente o potencial cliente no está en pleno cumplimiento con las obligaciones tributarias.

Focacci de AML Source dijo que si bien las divisiones de banca privada cuentan con una importante auditoría, funcionan en forma separada y segmentada.

Mientras que los bancos se esfuerzan por contar con estrategias de cumplimiento para toda la institución, cada unidad funciona técnicamente como una operación independiente. En una unidad de negocio de banca privada hay una separación clara entre la atención al cliente y la función de cumplimiento.

«Los banqueros son básicamente vendedores y luego hay una función que realiza el conocimiento del cliente y la debida diligencia del cliente que determina el nivel de riesgo del cliente”, explica Focacci.

Señala que hay muchos niveles de auditoría una vez que se acepta a un cliente, pero que es difícil saber si HSBC no percibió las irregularidades o ayudó a sus clientes a evadir impuestos.

Sin embargo, la oportunidad para obtener nuevos clientes de alto poder adquisitivo pesa muy fuerte. “¿Vale la pena correr el riesgo para realizar negocios con estos clientes?, para el banco probablemente sí”, señala Focacci.

Dado que la actividad divulgada por la investigación se detiene en 2007, no está claro si lo que el banco argumenta que fue una «reestructuración completa de todo su negocio de banca privada» es una realidad. Las estadísticas muestran que los negocios de banca privada en HSBC disminuyeron por lo menos en dos terceras partes, cerrando cuentas con clientes de muchos países.

En 2007, las operaciones de banca privada en Suiza manejaban US$118.400 millones. A finales de 2014, los activos totales eran de US$ 68.000 millones. HSBC con sede en Londres opera en más de 70 países y cuenta con unidades de banca privada en Ginebra y Zurich.

Reacciones del gobierno

El banco enfrenta amenazas de acciones penales e investigaciones gubernamentales, y no es la primera vez que HSBC se ha enfrentado a la ira gubernamental por los malos manejos financieros relativos a la delincuencia.

En 2012, HSBC evitó una persecución penal al aceptar pagar más de US$ 1.900 millones para resolver investigaciones penales y civiles y firmó un acuerdo de cinco años tras acusaciones de haber facilitado el lavado de dinero para carteles mexicanos de la droga y de haber incumplido el régimen de sanciones de EEUU.

El banco ha estado bajo monitoreo para asegurar mejoras en sus controles ALD. Si se encuentra que HSBC ha incumplido los términos del acuerdo podría enfrentar otra ronda de sanciones o período prolongado de remediación. La candidata propuesta a Fiscal General de EEUU, Loretta Lynch, dijo que la nueva evidencia de evasión fiscal podría provocar una nueva investigación y un posible acción penal, en un comunicado.

Suiza por otra parte, está tratando de procesar a Falciani, pero no al banco. El efecto de las filtraciones es de largo alcance, a medida que los gobiernos en España, Irlanda, India, Dinamarca y demás naciones buscan expandir sus propias investigaciones fiscales a la luz de la información que surge del Swiss Leaks, según declaraciones públicas e informes publicados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Agencia de Rentas (IRS) han utilizado previamente las sanciones financieras y la amenaza de enjuiciamiento penal para presionar a otros bancos suizos, tales como UBS y Credit Suisse, para que provean los nombres de miles de clientes que evitaron o evadieron impuestos con la ayuda de los servicios de los bancos.

Europa busca medidas más agresivas contra la evasión fiscal

En Europa, los conceptos de transparencia en el beneficiario final y los regímenes de sanciones han sido defendidos durante años. Sin embargo, el secreto fiscal sigue siendo un problema con el que tienen que lidiar los responsables políticos de la Unión Europea a medida que buscan equilibrio entre una mayor transparencia y tradiciones de secretismo bancario en muchos países.

Vanessa Mock, vocera de la Comisión de la Unión Europea, señaló que las revelaciones confirman que el secreto bancario sigue siendo una alternativa elegida para evitar los impuestos.

En un comunicado, Mock señaló que la Unión Europea inició un plan de acción en el año 2012 que incluía más de dos docenas de medidas para combatir más eficazmente el fraude y la evasión fiscal. Un objetivo central sería erradicar las cuentas bancarias secretas, cuya implementación se espera que se ocurra a más tardar para el año 2018.

Organizaciones de vigilancia creen que el secreto bancario ayuda en el drenaje de fondos públicos

Para las organizaciones independientes que lideran la lucha contra la evasión y la corrupción, las revelaciones no son una sorpresa, confirman que la opacidad en el sistema financiero global continúa permitiendo el secretismo de los paraísos fiscales, el anonimato corporativo, el lavado de dinero a través de comercio internacional, y otros delitos que drenan aproximadamente US$1.000 millones por año de las economías en desarrollo y emergentes.

La cifra, según Global Financial Integrity (GFI), una organización que promueve la transparencia, es más de lo que los países en vías de desarrollo reciben de la inversión directa extranjera o de ayuda extranjera.

«Si bien las filtraciones exponen una cultura de corrupción en HSBC, parece injusto destacarla a esta altura», señaló Joshua Simmons asesor de política de GFI. «Desde Credit Suisse, pasando por UBS, BNP Paribas y Standard Chartered, parece que casi todos los principales bancos se encuentran bajo investigación o sujetos a acuerdos por participar en delitos financieros graves».

Simmons señaló que HSBC reconoció que en 2012 permitió que US$200 billones–casi tres veces el producto interno bruto de EEUU – fluyeran a través de su oficina en Nueva York durante un período de tres años sin aplicar los controles obligatorios ALD.

«Sin embargo, ni un empleado o ejecutivo del banco ha sido procesado en ninguno de estos casos. Hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reguladores financieros en todo el mundo comiencen a hacer responsables a los individuos por sus acciones, vamos a seguir viviendo en un Lejano Oeste financiero».

Suiza ha negociado con la Unión Europea el tema de impuestos para el ahorro, conocida como la Directiva Europea sobre el Ahorro, Implementada en 2005, junto con la OCDE y el Estándar Global de Intercambio Automático de Información de Cuenta Financiera del G20.

Sin embargo, los acuerdos para el reporte no son a prueba de balas, señala el Director de Coalición para la Transparencia Financiera Porter McConnell.

«Va a haber grandes lagunas en los estándares comunes de informes, especialmente en áreas como bienes raíces, joyas y arte dado que la norma no incluye activos duros», dijo.

A la luz de las filtraciones de HSBC, McConnell señala que es evidente que se debe hacer más a nivel nacional e internacional para anular la oscuridad y permitir que esa información se mueva más libremente.

“Las corporaciones cuentan con actas constitutivas y obtienen el permiso de los gobiernos para operar, tienen la responsabilidad para con los ciudadanos de esos gobiernos de presentar la información apropiada”, dijo McConnell.

“Todos tienen sus papel, hay actores buenos y malos, la transparencia financiera puede ayudar a todos a conocer las reglas de la ruta”.

La SEC sanciona a las divisiones en China de las “Big Four” por no entregar documentos de empresas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) impuso sanciones a cuatro firmas de contabilidad que se negaron a entregar documentos relacionados con investigaciones sobre posibles fraudes. Las empresas, con sede en China, son miembros de la red de asociados a las empresas de contabilidad conocidas como las «Big Four» o las «Cuatro Grandes».

Las cuatro firmas son Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants Limited, Ernst & Young Hua Ming LLP, KPMG Huazhen, y PricewaterhouseCoopers Zhong Tian CPAs Limited Company.

Según el acuerdo, las empresas deberán pagar US$ 500.000 y admitir que no habían entregado documentos hasta que la SEC inició un proceso contra ellos en 2012. Acordaron el arreglo sin admitir o negar otros hallazgos en la orden de la SEC.

En enero de 2014 después de una audiencia el año anterior de 12 días, un juez  emitió un dictamen indicando que las cuatro firmas se negaron a entregar a la SEC documentos y papeles de trabajo relacionados con sus funciones de auditoría para nueve empresas con sede en China que tenían valores registrados en EEUU.

El juez Cameron Elliot encontró que las empresas violaron la Sección 106 de la Ley Sarbanes-Oxley que obliga a las empresas de contabilidad extranjeras a proporcionar todos los documentos a la SEC una vez que sean solicitados. Las suspendió por seis meses a auditar cualquier empresa que cotice en mercados de EEUU.

«Como lo hemos afirmado a lo largo de este litigio, la obtención de papeles y documentos de trabajo de la empresa de auditoría es fundamental para que los oficiales de aplicación de la ley puedan proteger adecuadamente a los inversionistas de los riesgos de fraude contable», dijo Andrew Ceresney, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. «Este acuerdo reconoce los avances de la SEC para obtener esos documentos de las empresas registradas en China. El acuerdo también hace responsable a las cuatro firmas de haber violado normativas en EEUU, y deja en claro que si se dejan de presentar los documentos, la SEC puede reiniciar el procedimiento administrativo”.

«El acuerdo es un importante hito en la capacidad de la SEC para obtener documentos de China. Por supuesto, esperamos que se trate de un hito perdurable», dijo Antonia Chion, Directora Asociada de la División de Cumplimiento. «El acuerdo proporciona un camino para fortalecer futura cooperación de las “cuatro grandes”».

Según el acuerdo, si la presentación de documentos en el futuro no cumple específicos criterios, la SEC tiene la facultad de imponer una serie de medidas correctivas adicionales sobre las empresas en función de la naturaleza del incumplimiento. Las sanciones por futuro incumplimiento pueden incluir una prohibición de seis meses para cualquiera de las firmas para realizar cierto trabajo de auditoría, comenzar un nuevo procedimiento contra una empresa, o la reanudación del procedimiento en curso contra las cuatro firmas.

El proceso continúa contra una quinta firma de contabilidad con sede en China, Dahua CPA Ltd.

Ver el acuerdo

Avanza una histórica iniciativa europea sobre el beneficiario final, pero quedan temas cruciales por resolver

Por Brian Monroe
4 de febrero de 2015

Dos comités clave de la Unión Europea aprobaron emblemáticas medidas sobre la verdadera titularidad o propiedad beneficiaria con la intención de erradicar la opacidad corporativa, un bastión del secretismo que ha sido explotado durante mucho tiempo por corruptos políticos y grupos del crimen organizado y un constante obstáculo para los investigadores de todo el mundo.

La aprobación la semana pasada de las medidas en la Cuarta Directiva Europea – una amplia actualización de las principales contramedidas del bloque para combatir los lavadores de dinero y grupos terroristas- no se ha logrado sin conflicto. Sin embargo la directiva obtuvo un gran apoyo por parte de los legisladores.

El principal obstáculo al tema de la propiedad efectiva no provino desde el interior de la UE, sino desde afuera, ya que el Reino Unido (UK) –un refugio para una industria de trust y fideicomisos alimentados por el capital extranjero – se resiste enérgicamente a la propuesta de crear una base de datos en el país con los trust/fideicomisos que detallen información clave sobre la verdadera titularidad, una disputa que la isla finalmente ganó.

Como parte de las negociaciones, el Reino Unido pudo elaborar una exclusión para los fideicomisos, donde solo deberán cumplir con las obligaciones las estructuras con “consecuencias fiscales”, que son una minoría del sector. Incluso éstas sólo estarán disponible para las autoridades y «sujetos obligados”, tales como los bancos, pero no para las entidades con un» interés legítimo «, un término indefinido para sectores como grupos de la sociedad civil y periodistas.

La falta de claridad en torno al tema de interés legítimo dará lugar a una falta de uniformidad en toda la UE, un «mosaico de diferentes configuraciones que no propician el intercambio de información para hacer que los datos lleguen a las personas que los necesitan», dijo Nienke Palstra, oficial de política de la UE para Transparencia Internacional en Bruselas.

Los delincuentes explotarán cualquier brecha y tomarán «el camino de menor resistencia” señaló, y aclaró que deben existir similares niveles de acceso en toda la UE, aunque está claro que algunos miembros «quieren una definición muy estrecha y restrictiva».

El último cambio en la directiva, tomando en cuenta los recientes ataques terroristas en Francia contra el periódico satírico Charlie Hebdo y varios civiles, también obligan a los Estados miembro a no solo crear programas contra el lavado de dinero sino también para descubrir y mitigar ataques terrroristas y sus financistas.

La Directiva también establece disposiciones para aquellos que crean y operan fideicomisos, compañías, fundaciones o estructuras similares, proveedores de servicios corporativos, casinos y empresas comerciales que reciben € 10.000 en efectivo en un momento dado o a través de varias transacciones vinculadas.

Además, la directiva exigiría a los países a construir bases de datos para identificar quiénes son las personas naturales que poseen el 25% o más de las acciones de las corporaciones y requeriría que los casinos, auditores, abogados y operaciones inmobiliarias creen programas contra el lavado de dinero y hagan disponibles sus correspondientes evaluaciones de riesgo y reporte de actividades sospechosas para las unidades de inteligencia financier y autoridades.

El texto define beneficiario final como la persona que posee o controla una compañía y sus actividades y en última instancia, autoriza las transacciones. La información que debe ser recolectada incluye: el nombre del beneficiario final, mes y año de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y detalles de propiedad, con algunas excepciones solo en «caso por caso, en circunstancias excepcionales».

La interpretación de “interés legítimo” no está muy claro

La directiva «por primera vez requerirá que los estados miembro de la UE mantengan en los registros centrales información sobre el propietario final de entidades corporativas y legales, así como de fideicomisos», según un anuncio de la semana pasada de la UE, destacando que el texto fue aprobado por los comités de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civieles del Parlamento.

Los comités también aprobaron una regulación que reforzará la transferencia de fondos donde los bancos deben identificar los originadores y beneficiarios de giros internacionales.

Las autoridades y las unidades de inteligencia financiera tendrán acceso irrestricto a la información sobre el beneficiario final que deberá guardarse en los nuevos registros así como también deberán conservar los «sujetos obligados», tales como bancos.

Otras entidades, como las organizaciones no gubernamentales, grupos de la sociedad civil, periodistas y el público en general deben demostrar un «interés legítimo» en sospechas por delitos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos subyacentes como la corrupción, el delito fiscal o fraude antes de obtener permiso para accede a la información, y pueden tener que pagar una comisión para accede a esta información.

El término no está definido y queda a criterio de los países miembro la definición

El tema de qué entidad calificaría como “interés legítimo ha sido un tema complicado porque no ha sido definido”, señaló Tamira Gunzburg, directora en Bruselas de ONE, una organización que busca combatir la pobreza, enfermedades y opacidad financiera. “La definición definitiva queda a criterio de los países miembro. Eso claramente no significa que estará abierta a todo el público. Pero nosotros vamos a plantear que todos tenemos un interés legítimo para acceder a esta información”.

La opacidad corporativa es un imán para los delincuentes y corruptos

Algunos de los principales países detrás de la idea de restringir el acceso a la información sobre el beneficiario final al público en general, y posiblemente a ciertas organizaciones civiles, son algunos de los paíes más poderosos de la UE.

Alemania, España, los Países Bajos, Suecia y Luxemburgo expresaron preocupación de que la información sobre los beneficiarios finales esté disponible para todo el mundo, según un informe en noviembre pasado titulado “Hidden Profits” (ganancias ocultas), publicado por European Network on Debt and Development, or Eurodad (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo), una organización no gubernamental que se enfoca en la administración de la financiación, reducir la pobreza y la justicia fiscal.

“Casi todos los delitos económicos incluyen el uso de entidades corporativas”, según el grupo

En una revisión de 200 casos de corrupción en países en vías de desarrollo, las compañías en las que no se conocen los verdaderos titulares finales fueron utilizadas en más de 70% de los casos, según Eurodad citando información de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Se estima que la evasion fiscal general en Europa alcanza US$ 1 billón al año.

Algunos países, como los que presionaron para que los registros no sean de acceso para todo el público, entre ellos Alemania y Luxemburgo, es probable que definan “interés legítimo” de una forma muy restringida, dificultando o encareciendo para los grupos civiles o público en general el acceso a esta información, señala  Gunzburg.

Según los actuales requisitos, los registros de los distintos países no tienen que estar conectados entre elllos, a pesar de que eso sería beneficioso en el futuro ya que prevendría que una compañía insolvente en una región opere y obtenga préstamos en otra, junto con la posibilidad de compartir información sobre posible actividad sospechosa, dijo Gunzburg.

La falta de confianza en fideicomisos apuntala el secretismo

En el tema de los fideicomisos, las bases de datos no capturarán a la mayoría del sector porque solo las estructuras con “implicancias fiscales” deben proveer los datos, según el más reciente informe, y si bien las autoridades y bancos podrán utilizar la información, otros, incluso con “interés legítimo” no podrán.

Esto es principalmente una consesión al Reino Unido, que cabildeó para que los fideicomisos no deban recopilar la información o que esta información no sea accessible al público en general.

La lógica detrás de la presión del Reino Unido es que los fideicomisos allí se utilizan principalmente para mover sin problemas herencias de una generación a otra y que la información de personas vulnerables, en particular niños o personas de mayor edad, podrían ser explotada por delincuentes, para cometer fraude o secuestros, según declaraciones públicas.

Por el contrario, ciertas exenciones vigentes en algunos países ha llevado a que mansiones vinculadas con ponderosas personas expuestas políticamente estén, por ejemplo en un caso, a nombre de un niño de 11 años de edad, dijo Gunzburg.

La falta de acceso a los fideicomisos, y el hecho de que la información de muchos no estarán de ninguna forma disponible en las bases de datos porque no generan facturación, “presenta un problema especial porque en su propia naturaleza son muy difíciles de hacer un seguimiento y se benefician de su gran secretismo porque las familias quieren mantener en reserva los detalles de sus activos y patrimonios. Eso los hace perfectos para los lavadores de dinero. Pueden establecer uno y no tener registro del mismo», dijo Palstra.

No es ninguna sorpresa que el Reino Unido haya realizado un lobby tan feroz contra una mayor transparencia porque la industria de fideicomisos bajo la common law ha experimentado un «crecimiento exponencial» debido a que muchas personas y empresas extranjeras y domésticas han optado por guardar sus activos en tales estructuras, o en fundaciones, señaló, agregando que algunos países, con la intención de esquivar este obstáculo, están cambiando los nombres de los fideicomisos a otros términos para no quedar técnicamente enredado en la nueva normativa.

«En las negociaciones de la UE por la directiva ALD quedó evidente qué poco sabemos sobre este tipo de estructuras y cómo pueden ser utilizadas para lavar dinero”, dijo Palstra. «Nuestro temor es que estas nuevas obligaciones están a la retaguardia de fideicomisos y estructuras legales que presentan un peligro real» de ser utilizados para los delitos financieros.

Más información podría ayudar en investigaciones globales

En recientes años, los países del G-20-han determinado que el secreto corporativo, las compañías pantalla y turbias estructuras de propiedad se encuentran en el centro de una amplia gama de delitos, incluidos el fraude, la corrupción, la evasión fiscal y lavado de dinero.

Bajo las últimas recomendaciones del GAFI y la correspondiente directiva ALD de la UE, algunas entidades, incluidas las personas políticamente expuestas, PEPs domésticos, requieren un mayor escrutinio  ya que conllevan un mayor riesgo inherente de estar vinculados con ciertos delitos, como por ejemplo recibir y mover fondos de la corrupción.

En general, y cuando estén operativos, los registros “serán un gran avance en comparación con uno o dos años atrás”, y se estará más en línea con lo que se considera en cumplimiento por parte de las recomendaciones del GAFI, señala Gunzburg.

El poder de estas nuevas normativas, aunque no sean perfectas, posiblemente se extienda más allá de la UE, y es probable que impulsen a conocidas jurisdicciones de secretismo, como las dependencias británicas Jersey y Guernsey, a crear bases de datos similares, dijo Robert Palmer, un oficial del grupo de defense Global Witness.

«Esto es realmente un gran paso y es una herramienta muy poderosa», para que los bancos obtengan más información sobre los negocios e individuos, lo que les permitirá hacer una evaluación del riesgo más precisa y detallada y un mejor monitoreo de los delitos financieros, señaló Palmer.

No todos están de acuerdo con la idea de una base de datos abierta sobre información corporativa

“Es una invasión a la privacidad corporativa y personal porque permitirá que el público tenga acceso a la información personal de los accionistas”, dijo Christine Duhaime, de la oficina Duhaime Law, con oficinas en Toronto y Vancouver.

«A menos que se sospeche que existe terrorismo, no hay justificación para no proteger esa información», dijo. «Y en el caso de que se sospeche terrorismo, las autoridades tendría acceso. No hay evidencia de que esto llevará a una reduccion del lavado de dinero, y mientras tanto estamos recorriendo el camino de la erosion de la privacidad corporativa basándonos en ningún beneficio identificado hasta el momento por parte de los abogados contra el lavado de dinero».

No es así, señala un ex investigador federal de EEUU quien todavía trabaja bajo contrato con varias agencias

«Han existido investigaciones enteras que se vieron frenadas porque no pudimos obtener información sobre los beneficiarios finales para perseguir a los sospechosos que estaban al mando de las operaciones y verdaderamente manejaban los hilos Si conocemos la empresa pero no podemos encontrar a la persona física para vincular las presuntas transacciones ilícitas, dificulta enormemente nuestro trabajo».

El Bitcoin y las monedas virtuales están aquí para quedarse, con sus fortalezas y debilidades

Por Mónica Ramírez Chimal
Socia de Asserto RSC en la Ciudad de México. 
(www.AssertoRSC.com)

Entre más de 30 tipos de monedas virtuales a nivel internacional, el Bitcoin es la más utilizada. Entre personas, entre empresas y personas. No necesita de un intermediario, ni está avalado por gobierno alguno. Por ende dentro de sus ventajas está el minimizar costos, reducción de procesos, los pagos son hechos en tiempo real, no hay cuentas por cobrar, etc.

Cada transacción es transparente: tiene una contabilidad pública y abierta conocida como “blockchain”. El Bitcoin puede ser comparado a los programas de lealtad que ya conocemos como generación de puntos en tiendas departamentales para después ser canjeados por productos. Su diferencia radica en que es utilizado a nivel internacional y en varias compañías o entre personas.

Muchos países ya han emitido regulación sobre éste; sin embargo su tratamiento varía. En Estados Unidos, tanto las empresas que se dediquen a emitir o redimir Bitcoins, así como intercambiarlos  por monedas de curso legal, son consideradas como “servicios empresariales de dinero” o “msb” (por sus siglas en inglés) y como tal deben de estar registradas ante la unidad de inteligencia financiera de EEUU (FinCEN) y cumplir con la ley antilavado de dinero. Para España, el Bitcoin es considerado un activo intangible mientras que para Japón su tratamiento es como si fuera oro y en Alemania como otros activos. En México, el Bitcoin no está regulado porque no es reconocido como moneda y como tal, la autoridad desincentiva su uso, sin que esté prohibido.

En relación con el Bitcoin rondan varios riesgos. El primero y más sonado es que puede ser utilizado para lavar dinero por su característica de “pseudo-anónimo”, lo que facilitaría ocultar al verdadero dueño de los recursos y su fuente, así como mover grandes cantidades de dinero internacionalmente, sin necesidad de autorizaciones, cualquier día del año, las 24 horas. A pesar de que existen varias regulaciones de distintos países que llevan a conocer al cliente (“KYC” por sus siglas en inglés), identificarlo y corroborar su identidad, que es un punto clave en la prevención de lavado de dinero.

El segundo riesgo es la volatilidad del Bitcoin, ya que su precio lo estipula la oferta y demanda, impulsada por cada uno de nosotros. Su precio es variable, pero ya existen en el mercado seguros emitidos por compañías como AON, Marsh que para todos aquellos que utilizan Bitcoins de forma recurrente o a gran escala, les ayuda a cubrirse ante dicha volatilidad.

El tercer riesgo es que puede ser utilizado para evadir impuestos, así como para comprar productos o servicios prohibidos. Este riesgo dependerá de la regulación donde se encuentre la empresa o persona, ya que como hemos mencionado no hay una regulación internacional y/o estandarizada para el Bitcoin.

A pesar de estos riesgos, el Bitcoin se sigue utilizando día tras día y por un creciente número de empresas y personas. Existen casos exitosos como la primera empresa en haberse constituido y que opera íntegramente en Bitcoins en España, así como la primera compañía que ha salido a la Bolsa de Valores en Australia. Según el Director General de Overstock desde que su empresa empezó a utilizar Bitcoins sus ventas se han incrementado sustancialmente. Para los negocios está siendo una ventaja competitiva. El reto es cumplir con las regulaciones y tener internamente un área de Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento debidamente capacitado en la materia, con presupuesto, autoridad e independencia que proteja a la empresa de cualquier potencial riesgo en el manejo de Bitcoins. (Por supuesto, incluye el riesgo de lavado de dinero).

El Bitcoin es una realidad, no es un experimento más de moneda virtual. El Fondo Monetario Internacional, en conjunto con el Banco Mundial han reconocido la eficiencia del sistema. Países como Inglaterra están trabajando para lanzar su propia moneda “britcoin”. Debido a la rapidez con la que está creciendo y avanzando este tema, queda en las manos de las empresas y personas estar capacitados para no quedarse un paso atrás en este fenómeno que no se detendrá y que está siendo el marco internacional para incluso nuevas propuestas en monedas virtuales.

Tendencias en Delitos Financieros: Presidente de México pide investigación por posible conflicto de interés; renuncia la presidenta de Petrobras, RBC se repliega de América Latina, y más

Equipo de ACFCS
6 de febrero de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la renuncia de la presidenta de Petrobras, la salida de Latinoamérica de Royal Bank of Canada, las NGOs en la India bajo severo escrutinio, evolución de un caso de corrupción en la Marina de EEUU, la operación Flash en España contra el fraude en el comercio internacional, y más

Corrupción

El presidente de México Enrique Peña Nieto hizo un llamado esta semana a la Secretaría de la Función Pública de México (SFP) para que investigue si hubo conflicto de interés en licitaciones que el gobierno concedió a contratistas que vendieron casas a la primera dama, el secretario de Hacienda y al mismo mandatario. Peña Nieto reiteró que no había nada ilegal ni inapropiado en las compras hechas a contratistas del gobierno. Pero reconoció que las revelaciones han generado dudas sobre la honestidad de su gobierno y generado “la apariencia de algo indebido”. El presidente señaló que un panel de expertos independientes revisará los resultados de la investigación realizada por la SFP, que supervisa las acciones de los funcionarios públicos.

La Oficina de la Presidencia y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han negado cualquier acto inapropiado. El despacho de Peña Nieto dijo que la primera dama compró la mansión familiar con sus propios ingresos. Peña Nieto también compró una propiedad en un exclusivo club de golf a otro contratista del gobierno en 2005, cuando el presidente era gobernador del Estado de México. Desde entonces, el contratista ha ganado decenas de contratos valorizados en más de US$100 millones bajo los periodos de Peña Nieto como gobernador y presidente. (Con información de The Wall Street Journal).

La presidenta ejecutiva de Petróleo Brasileiro (Petrobras), Maria das Graças Silva Foster, y otros cinco ejecutivos de la petrolera estatal renunciaron, informó la empresa en un documento presentado a los reguladores bursátiles esta semana. Graça Foster renunció a su cargo, junto al resto de los directores de la estatal brasileña, sacudida por un fuerte escándalo de corrupción. En un comunicado divulgado este miércoles, Petrobras informó «que su consejo de Administración se reunirá el próximo viernes para elegir al nuevo directorio después de la renuncia de la presidenta y los cinco directores». La petrolera está sumergida en un escándalo de corrupción sin precedentes y la justicia investiga una red ilegal de sobornos que actuó durante una década y movió unos US$ 4.000 millones.

La decisión se tomó después que la semana pasada la compañía publicara sus resultados del tercer trimestre de 2014 sin auditoría internacional ni considerar las pérdidas contables por el caso de corrupción. Petrobras determinó un sobrecosto de 88.600 millones de reales (US$ 34.000 millones) en parte de sus activos, según este balance, pero sin precisar cuánto de este monto corresponde a pérdidas por corrupción. El informe no satisfizo al mercado ni a los analistas y las acciones de Petrobras se derrumbaron. La empresa aún no entrega cifras sobre las pérdidas contables o los efectos del caso sobre sus activos. (Con información de Petrobras y Milenio.com).

Investigadores federales en Estados Unidos han acusado a un ex contratista de la Marina de EEUU en relación con una amplia investigación de corrupción que involucra a un contratista con sede en Singapur. Paul Simpkins, de 60 años, fue la novena persona acusada en la investigación. Simpkins fue acusado de conspiración para cometer soborno. Glenn Defense Marine Asia, la empresa en el centro del escándalo, sobrefacturó a la Marina estadounidense por ciertos servicios y luego pidió sobornos a sus subcontratistas, según documentos de la corte. Las autoridades federales señalan que la compañía superó los US$200 millones en contratos con la Marina en más de una década. (Con información de Reuters)

Lavado de Dinero

Royal Bank of Canada, el mayor banco de Canadá, después de ser blanco de investigaciones globales sobre lavado de dinero, se está retirando de negocios en América Latina y el Caribe, según publica el periódico The Wall Street Journal. En los últimos 18 meses, RBC ha cerrado muchas, si no todas, sus oficinas de gestión de activos o banca privada en América Latina, impulsado por el escrutinio de las supuestas actividades de lavado de dinero en algunas de sus cuentas en al menos tres países, según personas familiarizadas con el asunto citadas por el periódico. El banco también ha cerrado las oficinas de gestión de activos en el Caribe. La retirada de Argentina, Brasil y Uruguay, se produce después de que un regulador de Estados Unidos consideró que los controles antilavado de dinero de RBC no eran satisfactorios, dijeron esas personas.

En 2013, la Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU (OCC, por sus siglas en inglés), que supervisa a los bancos estadounidenses y a las sucursales de bancos extranjeros en el país, consideró insatisfactorios los controles antilavado de RBC y ordenó al banco que rectificara esas falencias, según fuentes citadas por la publicación. La salida de RBC de América Latina se produce tan solo dos años después de que el banco resaltara el alto potencial de crecimiento de ese mercado. El riesgo asociado con el potencial lavado de dinero no justifica las ganancias que el banco estaba obteniendo en América Latina y el Caribe, según una fuente. El escrutinio de los reguladores de EEUU sobre las medidas contra el lavado de dinero ya ha llevado a varios otros grandes bancos extranjeros, entre ellos los británicos HSBC Holdings PLC y Standard Chartered PLC, a replegarse de algunos mercados en desarrollo. (Con información de The Wall Street Journal).

El gobierno de la India está preparando una lista de organizaciones no gubernamentales (NGO por sus siglas en inglés) que se encuentran bajo escrutinio por posible lavado de dinero. Se sospecha que dinero que se está lavadndo a través de paraísos fiscales está siendo escondido en fondos de organizaciones no gubernamentales. Los investigadores indios se muestran preocupados de que entidades ilegales y estados que desatienden las normas internacionales puedan estar lavando fondos a través de donaciones a estas NGOs, lo que a su vez despierta sospecha de que podría haber grandes e importantes redes trabajando para lavar dinero. Las NGOs que participan en trabajos de caridad también obtienen un beneficio fiscal. El ministro del interior de la India también preparó un informe sobre financiación del terrorismo y lavado de dinero a través de fondos extranjeros que ingresan al país. (Con información de Indian Today)

Inteligencia

El gobierno argentino avanza en la reforma de los servicios de Inteligencia luego de haber obtenido mayoría parlamentaria en dos comisiones del Senado para lograr el acuerdo necesario y avanzar en el trámite de urgencia de la reforma de los servicios de Inteligencia. El proyecto, que será debatido  la semana próxima por el pleno del Senado, establece la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia y su sustitución por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que asumirá el mismo personal.

El nuevo texto especifica cuáles son los delitos susceptibles de actividades de inteligencia: terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. La reforma de los servicios de Inteligencia fue anunciada por la presidenta tras el escándalo provocado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado en su casa con un tiro en la cabeza el pasado día 18 de enero, en vísperas de comparecer ante el Congreso para detallar una denuncia por encubrimiento presentada contra la presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Fraude

La Agencia Tributaria de España llevó a cabo esta semana en varias localidades madrileñas detenciones y registros de oficinas en una operación—llamada Flash— dirigida contra una red de empresas de venta de productos electrónicos, que se habría servido de sociedades tapadera para eludir el pago del IVA al simular la importación desde diversos países de la UE de estos productos. Fuentes cercanas a la investigación precisaron que se estimaba que la cuota defraudada rondaría entre los 30 y los 40 millones de euros. La trama de IVA destapada, cuya investigación se inició en 2013, según informa Europa Press, operaba en la importación de bienes electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, computadoras) y el fraude llevado a cabo consistía en la creación de una corriente de facturación ficticia paralela a la facturación real de los bienes.

La mecánica del fraude estriba en que los productos, a pesar de viajar directamente a España, eran facturados por empresas situadas en otros países europeos, que eran nominalmente los primeros perceptores de la mercancía, limitándose a su re facturación para otras sociedades ficticias españolas, que tampoco recibían las mercancías y que, a su vez, re facturaban a otras empresas españolas (sociedades pantalla), también creadas para la ocasión, que finalmente facturaban a las distribuidoras reales. (Con información de El País).

Fiscales estadounidenses dijeron que están dispuestos a desestimar los cargos contra cinco personas acusadas de participar en un ardid de abuso de información privilegiada previo a una compra por parte de IBM Corp. La carta de los fiscales cita un importante fallo de la corte de apelaciones que limita la capacidad de las autoridades para llevar adelante estos casos. Como resultado, el fiscal federal en el distrito de Manhattan, Preet Bharara, pidió al juez Andrew Carter que desestime la acusación. En el caso de IBM, los fiscales dijeron que un abogado de la firma legal de IBM informó a un analista de Royal Bank of Scotland Group Plc, Trent Martin, en 2009 acerca de los planes de la compañía para comprar la compañía SPSS Inc. por US$ 1.200 millones. (Con información de Reuters).

Chile presenta un claro informe donde analiza condenas por lavado y un cuadro de situación del país

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile publicó el mes pasado el II Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos 2007-2013 en el que por primera vez se sistematizó la totalidad de condenas por lavado de dinero registradas entre 2007 –primer año en que el delito fue castigado en Chile- y 2013. El informe presenta los hallazgos actualizados en materia de tipo de condenas, delitos base, sectores vulnerados y montos de decomiso detectados en este período, con especial énfasis en los dos últimos años.

El estudio analiza las 60 condenas definitivas por lavado de dinero que han dictado las cortes chilenas entre los años 2007 y 2013—que  involucran a 119 personas sentenciadas—y que permitieron decomisar más de 3.900 millones de pesos (unos US$6,2 millones) en este período.

Según el informe, que fue elaborado con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile, los sectores económicos más utilizados por los lavadores fueron las automotrices, notarías, conservadores de bienes raíces, bancos y corredores de propiedades. Estas 5 áreas están presentes en el 90% de los casos sentenciados en el período.

De estos sectores, las automotrices son las únicas entidades que no están reguladas por la UAF y por lo tanto no están legalmente obligadas a adoptar sistemas de prevención ALD, lo que incrementaría su exposición al delito de lavado.

En estas 60 sentencias fueron individualizadas 66 tipologías, donde el 55% correspondió al uso de testaferros para la comisión del delito de lavado. También fue frecuente el uso de sociedades fachada, pantalla y de papel, las que en conjunto concentraron el 41% de las tipologías. Se desprende del informe que de estas sentencias, 53 corresponden al tráfico de drogas, 3 por corrupción, 2 por fraude al fisco, 1 por malversación del dinero público y otra por trata de personas.

Señales de alerta

Las 60 condenas por el delito registradas en Chile entre 2007 y 2013 involucran 39 señales de alerta distintas.

Las más frecuentes corresponden a “Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente”, registrada en el 21% del total de sentencias; “Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados”, presente en el 15%; y “Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos”, también con 15%.

Algunas de las principales señales de alerta detectadas que se desprenden del informe:

  • Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente.
  • Cliente que en un corto periodo de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos.
  • Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados.
  • Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.
  • Indicios de que el comprador no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad del verdadero comprador.
  • Compras realizadas para terceros, que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes.
  • Incremento repentino de las operaciones de compra y venta de divisas de una persona sin justificación, dado su perfil y actividad económica.
  • Inusual ofrecimiento de pagos en efectivo por la adquisición de una propiedad.

Entre 2012 y 2013 el uso de casas de cambio, empresas de factoring y usuarios de zona franca en operaciones de lavado condenados por las cortes fue menor, respecto de los años anteriores. Mientras en el período 2007 – 2011 estuvieron presentes en el 6,6% de los casos condenados, su participación bajó a 5,4 entre 2007 y 2013. No obstante, en 2013 se registró un caso en particular, que involucró al sector de casas de cambio y que concluyó con un decomiso cercano a US$ 1 millón (“La Gran Playa”).

Del total del decomiso de los bienes, instrumentos financieros y dinero relacionado con casos de lavado de activos sentenciados por las cortes en Chile entre 2007 y 2013 –que asciende a un total preciso de 3.913 millones de pesos— $ 1.558 millones corresponden al decomiso de dinero, $ 1.334 millones al decomiso de 69 bienes inmuebles, $ 1.005 millones por 156 vehículos, y $ 16 millones a maquinaria.

La desagregación por tipo de dinero decomisado entre 2007 y 2013 refleja que el 17% fue confiscado en dinero bancario (cuentas corrientes, cuentas vista, depósitos a plazo, entre otros), el 55% correspondió a moneda convertible, el 24% fue retenido en efectivo (billetes y monedas) y el 4% correspondió a la categoría “otros”, incluyendo comiso de acciones, monedas de oro, derechos y dinero obtenido por remates.

Lea el informe

Los incidentes de seguridad informática pueden dañar irreversiblemente la reputación de una institución

Los incidentes de seguridad se han convertido en una de las principales fuentes de riesgo para la reputación de las empresas, por detrás solamente de los escándalos éticos, de acuerdo con “Reputation@Risk”, un informe de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). El tema de seguridad corporativa incluso ha superado, aunque por un pequeño margen, a las cuestiones de seguridad del producto y servicio de atención al cliente como la principal causa de riesgo de reputación.

Debido a este delicado panorama crecen las preocupaciones entre los presidentes ejecutivos, directores y ejecutivos en las áreas de riesgo sobre el impacto de los incidentes de seguridad en la reputación de sus compañías.

En la encuesta se entrevistaron a más de 300 altos ejecutivos, directores, y ejecutivos de riesgo de todo el mundo para conocer sus puntos de vista en relación con el riesgo reputacional: qué lo motiva, quién es responsable, la capacidad de la organización para hacer frente al mismo, y su impacto. Dada la preponderancia de los ataques cibernéticos y el enorme potencial de dañar las marcas de las compañías, las preocupaciones por el tema de seguridad, tanto física como cibernética, fueron un tema central en la encuesta.

Casi el 20% de los encuestados señaló que experimentó un incidente de seguridad en los últimos tres años que terminó dañando la reputación de su empresa. Entre los encuestados que experimentaron un incidente que produjo un daño reputacional (relacionado a la seguridad, la ética, el medio ambiente, o algo más), señalaron que el tema de seguridad es el incidente más citado. De cara al futuro, el 38% de los encuestados prevé que un problema de seguridad (en concreto, la pérdida de datos de clientes) tendrá un impacto significativo en sus empresas en los próximos tres años, y el 65% de los encuestados se siente preparado para hacer frente a tal evento.

El impacto de los eventos que crean un riesgo reputacional es palpable, un 41% de los encuestados cuyas empresas experimentaron un incidente que terminó dañando su reputación dijo que la pérdida de ingresos fue la consecuencia más importante. El mismo número de encuestados citó a la pérdida de valor de la marca como el mayor impacto del incidente, mientras que el 37% puso la investigación por parte de los reguladores al tope de la lista de ramificaciones.

«Teniendo en cuenta que el riesgo reputacional se encuentra entre los principales riesgos estratégicos de las empresas, y que la seguridad es uno de los principales impulsores de riesgo reputacional, los CIO, o directores de tecnología, y CISO, responsables centrales de seguridad informática, seguramente serán vigilados mucho más de cerca por los presidentes ejecutivos y los directores en el tema de seguridad cibernética», señaló Henry Ristuccia, líder de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento para Deloitte. «Los CIO y CISO deben estar preparados para explicar en forma concisa el perfil de riesgo cibernético de la empresa y las medidas que están tomando para reducir el riesgo.»

Ristuccia señala que la reputación de una empresa se ve afectada por su desempeño y las decisiones de negocio que toman sus líderes en una amplia gama de áreas, incluyendo la seguridad. Cómo elige una empresa abordar el tema de seguridad cibernética, desde el nivel de inversión en la preparación hasta la búsqueda de un enfoque holístico, puede tener una enorme influencia en la reputación de una empresa.

Los encuestados parecen reconocer esta situación si se toma en cuenta que el 40% dice que en la actualidad están enfocados en administración de los riesgos de seguridad y el 43% que estima que la seguridad seguirá siendo el segundo mayor motor de riesgo de reputación durante los próximos tres años.

«Incluso si una empresa experimenta un incidente de seguridad altamente publicitado, una respuesta eficaz durante la crisis puede reducir el daño reputación», señala Ristuccia. «Cada decisión durante una grave crisis puede afectar el valor. Los ejecutivos deben ser conscientes de que los riesgos reputacionales destruyen valor más rápidamente que los riesgos operacionales».

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