GAFI: el lavado de dinero a través del sector inmobiliario
En junio de 2021, el GAFI acordó que la Guía Basada en Riesgo del GAFI para el sector inmobiliario debe actualizarse con carácter prioritario para reflejar la evolución del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector y para asegurar que el sector permanezca bien posicionado para contrarrestar tal actividad.
Esta guía del GAFI se desarrolló principalmente para delinear los principios y beneficios de adoptar un enfoque basado en el riesgo para abordar el LA/FT en la industria. Está diseñado para leerse junto con las Recomendaciones del GAFI y brinda a los profesionales de bienes raíces involucrados en transacciones inmobiliarias las herramientas y ejemplos necesarios para respaldar la implementación de los estándares del GAFI que permiten la implementación de un enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El éxito de un enfoque basado en el riesgo (RBA) depende de una comprensión, evaluación y gestión integrales de los riesgos de lavado de dinero y de la adopción de medidas apropiadas para mitigar estos riesgos de manera efectiva. Esta guía del GAFI se divide en tres secciones principales, incluida una descripción general del RBA del GAFI, incluidos los riesgos y desafíos generales a los que podrían estar expuestos los profesionales de bienes raíces y cómo se pueden mitigar y gestionar de manera efectiva.
Establece las principales categorías de riesgo a las que el sector podría estar expuesto y hace recomendaciones sobre los tipos de políticas de mitigación que deben diseñarse, implementarse y revisarse, lo que incluye garantizar la debida diligencia del cliente (CDD) y la identificación de medidas de beneficiarios reales.
Esta Guía enfatiza la necesidad de capacitación y concientización que los profesionales de bienes raíces deben tener para implementar de manera efectiva los requisitos ALD/CFT. La sección final proporciona orientación para los organismos de supervisión y autorregulación y destaca la necesidad de poderes adecuados para permitir que dichos organismos desempeñen sus funciones de manera efectiva. Esto incluye poderes para monitorear la actividad e imponer las sanciones apropiadas cuando sea necesario. La guía proporciona recomendaciones adicionales para permitir una supervisión eficaz, incluida la asignación de recursos en función del grado de riesgo de LA/FT y la evaluación de la eficacia y la idoneidad de los controles implementados por los profesionales inmobiliarios.
Los bienes inmuebles son una opción popular para la inversión, pero también atraen a los delincuentes que utilizan los bienes inmuebles en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias delictivas. Permite que las redes de delincuentes prosperen y crezcan utilizando las ganancias de sus actividades ilegales, lo que afecta a la sociedad y socava el estado de derecho. En algunos países, estas prácticas también contribuyen a hacer subir los precios de los bienes raíces, haciendo que la vivienda sea inaccesible para muchos, además de incentivar aún más la actividad delictiva.
Las evaluaciones del GAFI muestran que el sector inmobiliario a menudo tiene una comprensión deficiente de estos riesgos y regularmente no los mitiga. La guía actualizada del enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario destaca la importancia de que el sector aumente su comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta. Las vulnerabilidades incluyen la explotación por parte de personas políticamente expuestas, la compra de bienes inmuebles de lujo, el uso de activos virtuales, el uso de empresas anónimas y guardianes como instrumentos para lavar el producto del delito.
El sector necesita tomar las medidas apropiadas para mitigar adecuadamente estos riesgos. Esto incluye medidas efectivas de debida diligencia del cliente, como el acceso a la información sobre los verdaderos beneficiarios reales de la transacción inmobiliaria.
A través de capacitaciones, sesiones de divulgación y esfuerzos regulares de supervisión, las autoridades de supervisión deben aumentar su comprensión de los riesgos que enfrenta el sector inmobiliario y asegurarse de que se aborden adecuadamente.
Las partes interesadas deben trabajar juntas para evitar que los delincuentes abusen del sector y el mercado inmobiliario, incluso a través de la cooperación y la acción transfronteriza.
El GAFI ha actualizado su guía para un enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario con aportes del sector privado, incluso a través de una consulta pública en marzo-abril de 2022.
Se invitó a las partes interesadas a proporcionar comentarios y aportes adicionales a este borrador del GAFI según sea necesario de acuerdo con su experiencia y conocimientos profesionales.
El GAFI recibió comentarios de 13 representantes del sector privado, incluidas asociaciones profesionales específicas del sector, la profesión legal, proveedores de FinTech, así como el sector de Organizaciones sin fines de lucro.
Los comentarios brindados respaldaron ampliamente el borrador y su contenido, sin que se plantearan problemas importantes con respecto al alcance de la guía, sus objetivos o el estilo de redacción.
La mayoría de los comentarios y aportes se centraron en:
La necesidad de una mayor claridad en la guía en cuanto a su aplicabilidad al sector inmobiliario, así como a las profesiones afines (abogados, notarios e instituciones financieras);
Solicitar al GAFI que asegure una mayor armonización de los requisitos ALD/CFT para que el sector pueda operar con mayor certeza a través de las fronteras;
Pide una implementación de facto y más efectiva del enfoque basado en el riesgo del GAFI;
Pide un mayor alcance de las recomendaciones del GAFI, a saber, la aplicación de R22 y R23 a actividades inmobiliarias más amplias, como el desarrollo inmobiliario, el arrendamiento y otras, que actualmente no están directamente contempladas por los Estándares del GAFI.
El Equipo de Proyecto del GAFI encargado de actualizar y redactar la Guía revisó el borrador del documento de acuerdo con los aportes recibidos durante la consulta pública. La gran mayoría de las contribuciones se incluyeron en la forma sugerida y siempre que estuvieran dentro del alcance de las obligaciones existentes.