EE.UU. continúa sancionando a funcionarios del gobierno nicaragüense por abuso de derechos humanos y corrupción
En una nueva advertencia por parte de EE.UU. por violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y actos de corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó a tres nuevos funcionarios nicaragüenses en su lista de sanciones.
Esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó (incluyó en la lista negra de OFAC) a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Avellán, Lumberto Campbell y Roberto López, por haber tenido un papel en la dirección de entidades que participaron en el abuso de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Además, Ramón Avellan está siendo designada por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Nica Act de promulgada en 2018.
«Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega involucrados en abuso de los derechos humanos y corrupción», señaló el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich. «Estados Unidos apoya el llamado del pueblo nicaragüense por un retorno a la democracia, a través de elecciones anticipadas, libres y justas».
La medida de esta semana se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, y apunta a funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades básicas; a quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción. Como resultado de la acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de dichos individuos, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación.
Ramon Antonio Avellán fue designado por ser un funcionario actual del gobierno de Nicaragua, y por ser el Director General Adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua, una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o abuso de derechos humanos contra personas asociadas con las protestas sociales que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Según la sanción de EE.UU. Avellán llevó a cabo la campaña del gobierno de Nicaragua contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes de la oposición. Agrega el Departamento del Tesoro de EE.UU. que Avellán dirigió la «Operación Limpieza» en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbo. Los ataques del policía y para-policía bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos.
Lumberto Campbell, presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, fue designado debido a que el CSE participa de tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN.
Roberto López fue designado por ser el Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales o actos de soborno.
Avellán Campbell y López se suman a la lista de funcionarios sancionados por Estados Unidos que incluyen a:
La lista de sancionados por Estados Unidos incluye también a:
- Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa
- Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua
- Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial
- Sonia Castro, ex-ministra y ahora asesora del Ministerio de Salud
- Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional
- Oscar Mojica, general en retiro y Ministro de Transporte e Infraestructura
- Orlando Castillo, director de Telcor
- Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de Ortega
- Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega
A estos funcionarios se suman dos entidades vinculadas con al manejo de la cooperación petrolera venezolana: Alba de Nicaragua (Albanisa) y el Banco Corporativo (Bancorp), este último tras recibir la sanción solicitó su disolución adelantada.